Barreda no rebajará "una gota más" del Estatuto de Castilla-La Mancha

A la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que lleva más de dos años y medio de fatigosa tramitación en el Congreso, le quedan horas de vida. El presidente castellano, el socialista José María Barreda, efectuó ayer su última cesión (retirar una modificación electoral) y un ultimátum. Se niega a ninguna rebaja más y si el PP y su líder en esa comunidad, María Dolores de Cospedal, no aceptan esta solución final, retirará el texto en discusión.

Hoy será un día de alegría en Valencia y Murcia, y amargo en Castilla-La Mancha. Todo apunta a que el Estatuto de Castilla-La Mancha no alcanzará los votos suficientes para ser aprobado cuando esta tarde, a las cuatro, lo someta a votación el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra. El agua es la causa del fracaso y, en concreto, la intención de poner algunas limitaciones a los hectómetros que van hacia el Levante a través del trasvase del Tajo al Segura.

Valcárcel y Camps emprendieron una batalla en contra de tocar el trasvase

Barreda prepara ya una campaña intensa de explicación a los agentes sociales y profesionales de la comunidad del porqué la región no renovará su Estatuto. Sin votos, sólo queda su retirada. Si el PP, como parece, no lo vota, el resto de los grupos políticos, proclives en principio a darle su aval, no lo harán al considerar extravagante que el Estatuto castellano-manchego salga adelante con el voto de los nacionalistas.

Aún sería posible su salida, aunque no probable, si antes de esta tarde el PP y el PSOE fueran capaces de alcanzar el acuerdo que ha sido imposible durante estos más dos años y medio. Llegó entonces al Congreso de la mano del PSOE y del PP, que lo aprobaron con sus votos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue allí donde Dolores de Cospedal acordó con Barreda un texto que incluía la caducidad del trasvase en 2015.

A partir de ese momento, el PP de Murcia y Valencia, encabezados por los presidentes Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, iniciaron una batalla para impedir cualquier alteración de las condiciones del trasvase que están a punto de ganar. El trasvase abastece a 2,5 millones de personas en Alicante, Murcia y Almería, entre ellas, las capitales, Cartagena o Benidorm, y da agua a 70.000 regantes.

Junto a ellos, los socialistas de Valencia y Murcia, encabezados respectivamente por sus líderes Jorge Alarte y Pedro Saura, se enfrentaron también a sus compañeros del PSOE de Castilla-La Mancha, que se juegan dentro de un año el gobierno de esa región.

Todas las rebajas que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, después de intensas negociaciones con Barreda y con los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, encabezados por Alejandro Alonso, han sido inútiles. A cada retoque, el PP oponía otra exigencia. De nada ha servido que se haya retirado la caducidad del trasvase y que la idea inicial de establecer una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos, para garantizar el abastecimiento de la región, se redujera a 4.000. Barreda se ha quejado de que el PP, en una de sus enmiendas, propuso reducir esa reserva a sólo 600 hectómetros.

Ayer, Cospedal anunció su disposición a algún acuerdo. Y Barreda recogió el guante en un correo electrónico a la secretaria general del PP. El presidente retiró la referencia a la Ley Electoral que el PP esgrimió en la última reunión como nuevo argumento de discrepancia. Pero avisó: "Te traslado mi oposición a cualquier nuevo retraso en la tramitación de nuestro Estatuto, así como a rebajar ni una sola gota de agua de la que recoge el texto aprobado por la ponencia".