Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo

En tiempos de crisis, el foco apunta a las televisiones autonómicas. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sostiene que son "un saco sin fondo", que funcionan "para gloria de los gobernantes de turno" y que el dinero que cuestan estaría mejor invertido en carreteras, colegios u hospitales. Pero sus responsables lo ven diferente: son un elemento vertebrador del territorio y motor de la industria audiovisual.

Las autonomías han desarrollado un enjambre de canales que cada año cuestan más de 1.000 millones de euros. Su modelo de financiación se apoya en dos pilares: subvenciones y publicidad. Ningún Ejecutivo regional cuestiona esta fórmula, pese a que los operadores privados reclaman que sigan los pasos de TVE y prohíban la emisión de publicidad. A cambio de renunciar a los ingresos de los anuncios, la corporación estatal se financia mediante una tasa que se aplica a las privadas (3% de sus ingresos) y a las empresas de telecomunicaciones (0,9%). Además, percibe el 80% de la recaudación por el uso del espacio radioeléctrico y una subvención que ronda los 500 millones. Total: 1.200 millones.

Pese a los mensajes que lanza el PP, la ley audiovisual impide privatizar

¿Es posible trasladar ese modelo a las autonómicas? Los expertos lo ponen en duda. ¿A cargo de quién pueden cobrar un canon? Hoy por hoy no tienen más que una respuesta: a cuenta de los ciudadanos. En Europa la televisión pública sobrevive a golpe de canon: 360 euros en Austria o 190 en Reino Unido. Uteca, el organismo que agrupa a los canales privados, calcula que en España el coste neto por hogar oscila entre los seis euros por habitante y año de Aragón y los 140 del País Vasco. Un coste que sin duda crecería si se cortara el grifo de la publicidad, tal y como reclama el presidente de Uteca, y de Telecinco, Alejandro Echevarría.

Las autonómicas tienen claro que no van a renunciar a la publicidad. "Es una fuente de ingresos que contribuye a aligerar las aportaciones públicas", sostiene Enrique Laucirica, secretario general de la Forta, que integra 12 entes regionales (Extremadura no forma parte de este club, ni Castilla y León, Cantabria, Navarra y La Rioja, que carecen de televisión propia). Algunas emiten hasta cuatro canales. Y no todos con criterios de servicio público. ¿Es necesaria su existencia si ofrecen los mismos contenidos que las privadas? Para el director jurídico de Canal Sur, Carlos Millán, son un elemento vertebrador al 100% y alimentan una industria que genera trabajo y riqueza.

En un contexto de crisis económica y publicitaria (con una caída del 20,9% en 2009), las autonómicas se han ajustado el cinturón. Han recortado sus presupuestos y revisado las inversiones. La corporación aragonesa, por ejemplo, ha cancelado su canal vía satélite y la catalana tiene congelado uno de deportes. Renunciar a los recursos publicitarios empeoraría el escenario. Millán cree que "una televisión sin publicidad es el fin de cualquier televisión". "En nuestro caso no ha habido ningún debate", dice Diego Carvajal, secretario general de la RTV murciana. "En todo caso, debería ser una decisión del Gobierno autonómico, que es el que define el modelo de gestión", añade. Pese al efecto de la crisis, el sector televisivo facturó el año pasado 2.300 millones de euros en publicidad. Del total de la tarta, las autonómicas acapararon un 10%. "Por cuota de audiencia nos correspondería un 15%, pero no somos tan agresivos comercialmente como las privadas; no saturamos la pantalla. Gestionamos la publicidad teniendo en cuenta el carácter de servicio público de nuestras empresas", añade Laucirica. TV3 incluso ha reducido los anuncios a 10 minutos por hora.

"La televisión pública no es sostenible sin publicidad", afirma la directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Cullell, al tiempo que se pregunta "si alguna televisión privada invertirá en hacer un canal infantil o uno informativo en catalán". Con 26 años de historia, la CCMA es más potente que cualquier privada. Tiene 2.700 empleados y emite cuatro señales. Cullell, no obstante, sostiene que el grupo ha crecido de manera desordenada y que una estructura mastodóntica no es operativa. "Tenemos que cambiar y ser capaces de plantear un nuevo modelo de empresa pública, con estructuras de gobierno más flexibles y menos burocratizadas que nos permitan competir y dar calidad a los ciudadanos".

La autofinanciación es un espejismo. Al igual que la privatización, pese a las proclamas del PP. La Ley Audiovisual consagra el carácter público de las autonómicas y da libertad a los respectivos Parlamentos para fijar su modelo.