Tormenta antes del pacto

Si la política territorial del bipartito tenía un paradigma, se llamaba Barreiros. Si la del Gobierno del PP también lo tiene, lleva el nombre del mismo pueblo. De la paralización de 3.174 viviendas presuntamente ilegales en un municipio de no más de 3.000 habitantes, al convenio que pretende regularizarlas. En medio, la descomposición de la agencia que vela por el control urbanístico, la autorización de piscifactorías en espacios protegidos y una polémica reforma de la Lei do Solo. La política territorial de la Xunta, tachada de liberalista, más que debate ha generado controversia, acotada entre ovaciones cerradas de los promotores y descarnadas críticas de movimientos ecologistas. El modelo, en definitiva, se agita en vísperas de un pacto territorial que parece alejarse.

Celestino Braña: "Estamos muy preocupados, esto requiere sosiego"

Los cambios en la APLU provocan críticas generalizadas

Y eso que nadie discute la necesidad de sellar un gran acuerdo urbanístico, algo que no ocurre desde 1995, cuando todas las fuerzas parlamentarias pactaron la Lei de Ordenación do Territorio. "Si algo precisa el debate urbanístico es sosiego. Por eso estamos preocupados, muy preocupados", confiesa el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia. Celestino García Braña combina prudentes silencios con halagos a decisiones como la modificación de las Normas del Hábitat, pero también con críticas veladas a la reforma de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. "Su trayectoria y el director destituido fueron ejemplares, y es uno de esos ámbitos que no pueden estar sujetos al debate político", relata. Ahora lo están, después de que la Xunta de Feijóo incrementara su control de la agencia mediante una modificación estatutaria. Para los ecologistas es un claro ejemplo de "la voladura controlada" de la disciplina urbanística. "De forma premeditada, volvemos a las andadas, al ti vai facendo y al desorden territorial", sostiene Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega.

El caso de Barreiros, otro de los grandes hitos urbanísticos de los últimos meses, provoca coincidencia sólo en la condena de las obras. Pero no falta quien aplauda el millonario convenio que lo legaliza, incluso en el caso de que se nutra exclusivamente de fondos públicos. "Esos promotores tenían unas licencias de edificación, y por lo tanto cobertura legal", precisa Javier Garrido, presidente de los promotores de Pontevedra. "Y hay que tener en cuenta la cantidad de impuestos que pagaron constructores, promotores y compradores". Así que concluye: "La sociedad ha salido clarísimamente beneficiada".

En el extremo contrario de su planteamiento se sitúan especialistas en urbanismo como el doctor en Derecho Enrique Sánchez Goyanes: "Si hay una infracción de la ley, no se puede legalizar con un convenio, porque los derechos que se protegen son menores que los que se ven afectados". Comparte su opinión la arquitecta Ana Fuentes. "Se le está diciendo a los ciudadanos que, en realidad, da igual: si el alcalde es poderoso, le legalización llegará", explica. Y, por supuesto, los ecologistas. "En ese convenio, la Xunta se ha retratado, y espero que haya consecuencias jurídicas", avisa Eirexas.

El decano de los arquitectos aporta algunos matices. "La actuación urbanística de Barreiros es catastrófica, pero tiene una difícil solución". La posibilidad de hacerlo con dinero de la Administración es "tremenda", pero Braña admite que rescatar con fondos públicos a los culpables fue exactamente lo que hicieron los gobiernos con los bancos cuando estalló la crisis económica. ¿Y qué piensan los alcaldes? "Dar servicios a unas viviendas no es una legalización, porque los procesos judiciales seguirán su curso", argumenta el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, del PSdeG, que añade: "¿Alguien está dispuesto a arreglarlo con una demolición masiva? No lo creo". Fernández obvia que el Gobierno de Feijóo, al tiempo que redactaba el convenio, ha empezado a retirar algunos de los contenciosos en los juzgados.

Otro de los grandes debates gira alrededor del Plan de Ordenación del Litoral. Ahí, la principal objeción es de fondo. "Y no es menor, porque afecta a la arquitectura legislativa", advierte el catedrático Sánchez Goyanes. Se trata de la anteposición del plan a las Directrices de Ordenación del Territorio, aplazadas por la Xunta con argumentos poco convincentes. "Es una arbitrariedad administrativa", denuncia, que "adolece además de algo tan elemental como un estudio económico".

Le ocurre al Plan del Litoral como a la propia reforma de la Lei do Solo, aprobada recientemente por el Parlamento: que tiene tantas interpretaciones como analistas. Como explica la arquitecta Fuentes, "la interpretación es tan o más importante que la letra", aunque en el caso de la Lei do Solo "al PP se le ha ido la mano". "Se necesitaba una reforma, pero hemos pasado al otro extremo", lamenta. Los promotores, en cambio, la critican por "poco ambiciosa", y Sánchez Goyanes la tacha de "híperliberalista".

El presidente de la Fegamp defiende la reforma de la ley urbanística por excelencia que partió de los propios alcaldes. Sus efectos sobre la dispersión de la población y la legalización de viviendas sin licencia también generan un fuerte debate, pero en el fondo subyace una decidida apuesta por las competencias de los alcaldes sobre el urbanismo. Y ahí saltan las alarmas, porque los ayuntamientos no andan sobrados de medios técnicos ni económicos. Y en esas circunstancias, como precisa el decano de los arquitectos, lo que les conviene es "conceder licencias con generosidad".