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COLUMNA

Y ahora, la factura

Todo el mundo esperaba una sentencia absolutoria en el caso Egunkaria, pero pocos que los fundamentos de derecho descalificaran con tanta contundencia la conducta de la acusación particular, la instrucción realizada por el juzgado antecedente y la calidad probatoria de los testimonios y materiales presentados por la Guardia Civil. Lo cierto es que la sentencia de Egunkaria es el último eslabón de una absurda cadena que lleva años enredando la vida política en una maraña procesal, una maraña que siguen tejiendo, a su placer, los grupos de interés más pintorescos.

Pero el mismo día en que se dio a conocer la sentencia ya se oyeron comentarios muy desafortunados. El Partido Popular denunció la actitud "errática" de la fiscalía, como si esta fuera más criticable que la nada errática actitud de Manos Limpias o de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a las que no dedicó ni una sola palabra. Del mismo modo, representantes del PP, de la judicatura y de gobiernos varios recurrieron a las coletillas de rigor: respeto a las decisiones judiciales, constatación de que nuestro sistema es garantista y evanescente afirmación de que el Estado de Derecho, una vez más, "ha funcionado". Pero habría que pensárselo dos veces antes de recurrir a argumentos aparentemente inmaculados: que el sistema es garantista o que el Estado de Derecho "ha funcionado" aún está por ver. Las garantías jurídicas y la excelencia funcional del Estado de Derecho sólo quedarán fuera de duda cuando se ventilen no sabemos si las posibles responsabilidades penales, pero sí las evidentes y gravísimas responsabilidades civiles que comportan el cierre de un periódico, la liquidación de facto de una empresa, el despido de dos centenares de trabajadores, la incomunicación durante días de las personas imputadas y la prisión preventiva de esas mismas personas por períodos de entre ocho meses y año y medio. El Estado de Derecho habrá funcionado y el sistema será garantista cuando se paguen las decenas de millones de euros que, en una vaga aproximación, han podido desencadenar la ruina de una empresa y la privación de libertad de tantas personas durante tanto tiempo. Sólo entonces alguien podrá decir que el sistema es garantista y que el Estado de Derecho ha funcionado. Antes no.

Por cierto, convendría realizar las modificaciones necesarias en la ley procesal para que una acusación particular sostenida contra viento y marea por grupúsculos dedicados a exasperar la vida social y política no pueda salir gratis. Uno de estos grupos calculaba hace algunos días el costo que podría suponer para el Estado una sentencia absolutoria en ese proceso que ellos habían impulsado y sostenido tan obstinadamente. Y la muestra de cinismo que comporta semejante reflexión debería añadirse a la abultadísima factura que va a suponer todo este asunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de abril de 2010