El Supremo confirma que investigará a Garzón por las escuchas de Gürtel

El Tribunal Supremo ha confirmado que investigará al juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel. El alto tribunal rechaza el recurso de la fiscalía, al que se adhirió el juez de la Audiencia Nacional, contra la admisión a trámite de la querella por un delito de prevaricación presentada por los abogados de tres imputados por la trama corrupta: José Luis Ulibarri (empresario), Francisco Correa (cabecilla de la red) y Pablo Crespo (secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999 y número dos de Correa) por intervenir sus comunicaciones en prisión con abogados.

Las escuchas fueron ordenadas por Garzón a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial de Gürtel y avaladas posteriormente por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente la Sala de lo Penal de este tribunal acordó eliminarlas del sumario pocos días antes de que se hiciese público.

El auto de la Sala de lo Penal del Supremo, que firman los magistrados Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, considera que "la posibilidad de comisión delictiva no es totalmente descartable". En una de esas conversaciones, Correa y su abogado hablan de sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia española bloquee su salida.

La querella por las escuchas entre abogados e imputados de la trama Gürtel es la tercera presentada contra el magistrado de la Audiencia Nacional. En relación a la primera, por su decisión de abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo, el Supremo ha notificado en una providencia que no decidirá si un juzgado de Granada y otro de El Escorial son competentes para asumir la exhumación de sendas fosas en Alfacar (en la que se pensaba que yacían los restos de Federico García Lorca) y El Valle de los Caídos hasta que se resuelva la causa abierta contra Garzón por prevaricación. El Supremo entiende que la decisión de esta causa "condiciona directamente" el contenido de las cuestiones de competencia planteadas.

Los juzgados de Granada y El Escorial que recibieron la causa de estas exhumaciones al inhibirse Garzón en favor de los juzgados territoriales decidieron devolver el caso a la Audiencia Nacional por entender que era la competente al tratarse de crímenes contra la humanidad. Pese a ello, la Junta de Andalucía abrió la fosa el pasado 28 de octubre amparándose en la Ley de Memoria Histórica. El abogado del juez ha solicitado la declaración de los titulares de estos dos juzgados a modo de prueba de descargo en su proceso por prevaricación, pero el juez instructor, Luciano Varela, se las ha denegado.

El pasado lunes, dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca presentaron una querella por prevaricación contra el juez Varela y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, por entender que ambos concertaron una "estratagema" consistente en que Saavedra habría mantenido paralizada la cuestión de competencia negativa planteada por los juzgados de Granada y El Escorial para que dicha competencia sea resuelta sólo en la causa contra Garzón y, una vez decidida, se comunique "como hecho consumado".

Por otra parte, la sala de gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un comunicado en el que asegura que "el ejercicio independiente de su jurisdicción no resultará perturbado", en referencia a las críticas sufridas los últimos días.