Sin ascensor por la Seguridad Social

Adrián Yepes es un adolescente de 16 años que vive en Cornellà (Baix Llobregat) y padece un grado de disminución del 82%. Eso significa, entre otras cosas, que para moverse depende por completo de sus padres. Y ellos no lo tienen fácil: la finca donde residen carece de ascensor y deben subir al chaval a casa todos los días. "Menos mal que vivimos en un primero, pero cada vez se hace más duro", confiesa el padre, Jesús. El problema podría haberse resuelto hace cinco años, cuando los vecinos decidieron instalar el elevador. Pero toparon con la Tesorería General de la Seguridad Social, que en este tiempo se ha negado a ceder 2,5 metros cuadrados de un local de su propiedad que permitiría la instalación.

"Por suerte vivimos en un primer piso", afirma Jesús Yepes, padre del chaval

"Vamos a estudiar la situación", dice un portavoz oficial del ministerio

La historia arranca en 2005. La comunidad de propietarios del número 8 de la calle de Vistalegre acordó instalar el ascensor "con la mayor urgencia", dado que, además de Adrián, en el bloque viven otras dos personas con dificultades de movilidad: una mujer de 52 años (con una minusvalía del 53%) y una anciana de 82. Por las dimensiones y la estructura de la finca, el único emplazamiento viable para el ascensor (así lo indicaron los técnicos) es un patio de luces situado encima de un local de la Seguridad Social de 600 metros cuadrados.

Tras cinco años de espera infructuosa, los vecinos -en especial, la familia Yepes- han agotado la paciencia y han interpuesto una demanda contra la Administración, que investiga ahora el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cornellà. En la demanda, elaborada por la abogada Susana Sánchez, del bufete Reinosa, se recalca que el perjuicio para el local (que perdería 2,5 metros) es "mínimo". Pero hay más. Resulta que el establecimiento está vacío desde hace dos años, porque la oficina se trasladó a otra dirección de Cornellà. "No se está desarrollando allí ningún tipo de actividad, ni se perjudica a negocio alguno", se explicita en la demanda.

Los vecinos estuvieron dispuestos desde el primer día a indemnizar a la Administración, que no acudió a las reuniones de la comunidad. Calculan que bastaría con 3.600 euros. Pero ni por esas. En junio de 2005, la dirección provincial de Barcelona contestó por carta que no era posible acceder a la petición porque el ascensor "perjudicaría la distribución del local". El Ayuntamiento de Cornellà medió y aseguró a los vecinos, también por carta, que la tesorería había aceptado el proyecto. No fue así. Tres años más tarde, en 2008, una nueva misiva de la tesorería era aun más explícita: la zona elegida para colocar el elevador "estrangula" el paso del local y "limita" la circulación y la iluminación de un local "ya oscuro de por sí". En conclusión: habría una "merma considerable de su valor de mercado", según un informe técnico.

"Llevamos una lucha muy larga. Se comprometieron a cedernos el espacio cuando se cambiara la sede. Pero una vez hecho el traslado, reiteraron que no lo harían", explica Yepes, que ha movido cielo y tierra para mejorar la calidad de vida de su hijo y de su familia. Entre otras cosas, ha escrito al Ministerio de Trabajo y al presidente del Gobierno. Yepes apela a que la Administración muestre "su cara más amable" y recuerda que el Ejecutivo "debe cumplir las leyes que aprueba".

Un portavoz oficial del Ministerio de Trabajo asegura que el patrimonio de la tesorería "no es particular" y, por tanto, no puede cederse sin más. Sostiene, además, que la tesorería no puede tomar una decisión en contra de los criterios de los técnicos. "La Administración debe atender a unas normas y tiene unas limitaciones", subrayó. El portavoz admitió que la tesorería dispone de un escrito en el que los vecinos expresan su intención de pagar por la cesión de los 2,5 metros. Con ese matiz, la cosa cambia. "Vamos a estudiar la situación y si hay una oferta formal para ver qué se puede hacer".

La "pérdida de valor" no justifica la negativa de la tesorería, según los vecinos, que solicitan la declaración de servidumbre. En la demanda se pide que se permita el acceso al local para instalar el ascensor con vistas a "la protección del interés general" y la defensa de "los derechos de las personas con minusvalía". El ascensor "no es un lujo", se subraya en la demanda, sino una "necesidad inaplazable" para eliminar las barreras arquitectónicas de la finca y "permitir que los vecinos puedan deambular con total libertad". De ejecutarse la obra, los vecinos "verían su calidad de vida mejorada notablemente".