El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón

Las aguas judiciales siguen convulsas. Con el telón de fondo de las críticas y manifestaciones ante las querellas que tramita el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar juez Garzón, los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial, con tres ausencias, se reunieron ayer para perfilar su estrategia con vistas a su sesión plenaria del próximo día 22. Apenas se habló de Garzón. Pero porque no hay certidumbre de que en el pleno de ese día el Consejo debata si suspende o no al magistrado a la vista del auto del juez del Supremo Luciano Varela en el que dictamina que "ha lugar a proceder" contra el magistrado por su actuación en las diligencias contra las víctimas del franquismo.

El Supremo no ha comunicado aún al Consejo el auto de Varela contra Garzón

Conde-Pumpido arremete contra las críticas al alto tribunal

La duda entre algunos vocales progresistas es de interpretación: es decir, si la indicación de Varela de "ha lugar a proceder" es suficiente o hay que esperar a que la resolución, recurrida por el magistrado ante la Sala de lo Penal, sea firme. De todas formas, no está claro que el Consejo aborde este asunto el día 22, ya que el Supremo aún no le ha remitido oficialmente el auto de Varela.

La remisión del auto es una facultad del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y éste no ha remitido nada aún, según fuentes del Consejo. Quizás, interpretan estos medios, porque entiende que hay que esperar a que haya un auto firme de apertura del juicio oral. Por tanto, y salvo que el auto llegase hoy, o el lunes, el asunto Garzón no llegaría al pleno del día 22. Y es que, legalmente, el orden del día debe estar configurado con 72 horas de antelación y sólo una decisión unánime de todos los vocales a favor de incorporarlo sobre la marcha salvaría este obstáculo.

Pero no es fácil hallar unanimidades en este Consejo, y menos en un asunto tan espinoso. Así, la eventual suspensión del magistrado tendría que esperar al siguiente pleno, a finales de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también salió ayer en defensa de los jueces del Supremo frente a las "intolerables" críticas que está recibiendo este alto tribunal por el asunto del juez Baltasar Garzón. Sin mencionarlo, era una clara alusión al acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense de Madrid.

Conde-Pumpido defendió la "amplia libertad de expresión" que existe en España pero señaló que las críticas que se están excediendo de lo razonable. A renglón seguido volvió a insistir en que, a su juicio, Garzón no prevaricó en su actuación indagatoria sobre los crímenes del franquismo y que su departamento mantendrá que no debe sentarse en el banquillo.

También terció en la polémica Gregorio Peces-Barba, que fue presidente de las Cortes y que anoche participó en un acto en la Residencia de Estudiantes. Peces-Barba, que considera que Garzón "no es un prevaricador", demandó a los jueces "respeto por la ciudadanía y por lo que supone la memoria histórica".

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, también criticó las presiones al Tribunal Supremo. "Los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a manifestarse y además a ejercer su libertad de opinión, pero lo que no podemos tolerar", explicó, "son los ataques sistemáticos a las Instituciones, y en este caso al máximo órgano del poder judicial, como es el Tribunal Supremo".

Lo que sí hizo ayer el grupo progresista del Consejo fue hablar de la vacante en la presidencia de la Sala Tercera del Supremo. Vocales consultados coinciden en que los siete jueces aspirantes son "muy buenos". Y avanzaron que es probable que en el pleno del día 22 haya un acuerdo entre progresistas y conservadores sobre el sustituto de Ramón Trillo al frente de esta Sala, que es la que lleva los pleitos entre los ciudadanos y la Administración. E incluso los recursos contra las propias decisiones del Consejo.

Pero los recelos en el sector progresista siguen a flor de piel. Un hecho ha enrarecido el ambiente. Hace cuatro días, la Comisión de Calificación del Consejo decidió, por tres votos a favor y dos votos particulares en contra (los del progresista José Manuel Gómez Benítez y el conservador Claro José Fernández) elevar al pleno, sin extraer ninguna terna, a los siete jueces que se postulan para el cargo. Dado que uno de los que apoyaron esta propuesta fue el progresista Félix Azón, delfín de Margarita Robles, se pensó que podía tratarse de una jugada más de Robles para colocar a uno de sus amigos, en concreto a José Manuel Bandrés, en la presidencia de la Sala Tercera, en la que estará Robles cuando expire su mandato en el Consejo. Pero no. El grupo progresista descartó ayer a Bandrés por su "juventud" y se decantó porque el nuevo presidente sea alguno de los siguientes jueces: José Manuel Sieira o Fernando Montalvo, ambos progresistas. La opción de los conservadores es Ricardo Enríquez. A los progresistas, sólo como última opción, no les parecería mal Enríquez.