Expedientados los dos jueces que criticaron a su colega del 'caso Millet'

Prohibido opinar y mucho menos de manera crítica. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto expediente sancionador a dos magistrados de la Audiencia de Barcelona que censuraron la actuación del juez Juli Solaz en la investigación del saqueo del Palau de la Música. El órgano de gobierno de los jueces entiende que pudieron cometer dos faltas graves por realizar esos reproches y por intervenir en los medios de comunicación sin pedir permiso previo.

Los jueces expedientados son Santiago Vidal, adscrito a la Sección Tercera (Penal) de la Audiencia de Barcelona, y Maria Sanahuja, ex decana de los jueces de la ciudad y destinada a la sección 17 (Civil) de la misma Audiencia. Cuando el pasado otoño trascendió el saqueo del Palau de la Música, Santiago Vidal calificó a Solaz de juez "cargolet" en una tertulia en Catalunya Ràdio, para referirse a la lentitud que caracteriza al titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona y que es conocida en medios judiciales. Sanahuja, por su parte, realizó unas declaraciones en RAC-1 en las que censuraba que el juez Solaz hubiera tardado tanto tiempo en admitir la querella del fiscal contra los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, así como en citar a ambos a declarar como imputados y practicar diversas diligencias que solicitaba el fiscal en su querella.

A finales del pasado mes de octubre, la junta de jueces de instrucción de Barcelona, en reunión a la que acudieron 18 de los 32 compañeros de Solaz, pidió que se investigara si las declaraciones de Vidal y Sanahuja podían "ser motivo de algún tipo de sanción disciplinaria", pero no se decía nada de la intervención de ambos jueces en los medios de comunicación. El Poder Judicial podía haber archivado la petición o expedientar a ambos magistrados, y ha optado por la segunda opción. En la reunión de la comisión disciplinaria celebrada la semana pasada se considera que cada uno de esos jueces pudo cometer dos faltas graves por "corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores" y por realizar actividades compatibles previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial "sin obtener la pertinente autorización". La falta grave se sanciona con multa de entre 300 y 3.000 euros. Ahora se nombrará un instructor que tramitará el expediente y que realizará una propuesta de archivo o de sanción.