No le pueden callar
Ha pasado siete años en la cárcel y vive vigilado por la policía. Pero Bao Tong, a sus 77 años, no piensa ceder. Ex miembro del comité central del Partido Comunista Chino y considerado el principal disidente al régimen, relata a EL PAÍS la represión que sufren los demócratas en China
Un día de cielo semiazul. Una calle popular, a pocos metros de la avenida de Fuxingmenwai, que corta Pekín de este a oeste. Un edificio gris. Ni pobre ni rico. Allí, en esa torre, en el apartamento 602, vive uno de los hombres más temidos por el Gobierno chino a pesar de sus 77 años, como atestigua la presencia permanente de dos agentes de paisano en el vestíbulo del edificio, que anotan la identidad de quienes le visitan.
El hombre se llama Bao Tong. Un nombre que no dice nada a la mayoría de los chinos. Como tampoco lo dice el de Zhao Ziyang, secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) durante las manifestaciones a favor de la democracia de Tiananmen, en 1989, de quien Bao fue el más estrecho colaborador. El Gobierno se ha ocupado de borrar sus apellidos de la memoria colectiva china. Zhao fue defenestrado por el máximo líder del país, Deng Xiaoping, por negarse a respaldar el envío de los tanques a la plaza pequinesa, que finalizó en una matanza, y fue puesto bajo arresto domiciliario -luego, vigilancia- hasta el final de sus días en enero de 2005. Con él cayó también Bao, entonces miembro del Comité Central del PCCh, director de la Oficina de Reforma Política y autor de los discursos en los que el reformista Zhao apoyó la negociación frente a las protestas estudiantiles.
"Sólo descansaré el día que China emprenda la senda de la democracia. Yo no soy una amenaza, voy camino de los 78 años"
"Lo que están haciendo va en contra del país. El Partido Comunista sólo representa a los millonarios", dice Bao
"La dura represión a los activistas ha devenido en norma tras los Juegos Olímpicos", según Amnistía Internacional
Bao Tong pasó siete años en prisión por su posicionamiento ante Tiananmen, y desde que salió en 1996 está sometido a vigilancia las 24 horas. El que ha sido el más alto dirigente del PCCh encarcelado por los sucesos de Tiananmen sigue hoy defendiendo lo mismo que le llevó a prisión y reclama una transición hacia la democracia, lo que le ha convertido en el más representativo de los disidentes a los que el Gobierno acosa de forma inflexible. Un grupo de voces sobre las que el partido ha aumentado la represión últimamente, según aseguran los propios afectados y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights in China (HRIC). Un grupo de voces que "no existen", según el Gobierno.
El salón de una vivienda de clase media. Una librería con la foto de Zhao Ziyang. Un ordenador, un piano y una pecera. Es la casa de la hija de Bao Tong, en Pekín. Allí vive el antiguo dirigente chino, contento de poder recibir a la prensa extranjera -la china tiene prohibido visitarle- desde que Pekín relajó las normativas de trabajo para los informadores extranjeros en 2007.
"Lo que los líderes están haciendo va en contra de la ley china y del país. El Partido Comunista sólo representa a los millonarios", afirma. "La posición del partido autocrático se está haciendo cada vez más difícil, y la represión sobre los activistas y los ciudadanos está aumentando. Es un indicio de su debilidad. En chino, hay un viejo dicho: 'Cuando el viento sopla, toda vegetación parece un enemigo".
Bao no se molesta en medir las palabras. Y, a su edad, mantiene el espíritu de lucha. "No me arrepiento de los años que pasé en la cárcel, porque sé que tomé la decisión adecuada". El Gobierno, sin embargo, recela de la influencia de este hombre de discurso preciso y mirada clara. Le obliga a pedir autorización cada vez que sale de Pekín, controla su teléfono y sus visitas, se niega a darle un pasaporte y envía policías para seguirle cada vez que se desplaza.
Bao Tong es uno de los signatarios de la Carta 08, un manifiesto que pide profundas reformas democráticas, hecho público en diciembre de 2008, que desembocó en la condena a 11 años de prisión de uno de sus principales impulsores -Liu Xiaobo- por "incitar a la subversión del poder del Estado". El documento pide, entre otras cosas, la separación de poderes; un sistema judicial independiente; democracia legislativa; libertad de asociación, religión y prensa, y la reforma de la Constitución. Está inspirado en la Carta 77, redactada en la antigua Checoslovaquia durante el entonces régimen comunista.
La Carta 08 fue firmada inicialmente por 300 intelectuales -entre ellos, académicos, abogados y artistas-, pero ha sido rubricada por más de 10.000 personas, según China Human Rights Defenders, una red de activistas localizados en China y el exterior.
El impacto del manifiesto entre la élite intelectual causó un gran nerviosismo a las autoridades, que con la dureza de la sentencia a Liu Xiaobo han querido desactivar lo que veían como una bomba de relojería y lanzar una clara advertencia a cualquiera que desafíe al partido. La mayoría de sus firmantes fueron interrogados por la policía y algunos han perdido sus puestos de trabajo. Una práctica tradicional recogida en el refranero chino: "Matar a la gallina y enseñársela a los monos".
"La situación en China se ha deteriorado no sólo para los disidentes. Hemos visto una represión creciente entre un amplio abanico de gente: periodistas, abogados, escritores y quienes protestan de forma pacífica", afirma Sharon Hom, directora ejecutiva de HRIC, organización con sede en Nueva York. "La Carta 08 envía un fuerte mensaje a las autoridades chinas de que, a pesar de sus esfuerzos para suprimir las voces críticas y las sugerencias constructivas de reformas, hay ciudadanos valientes que continuarán presionando para pedir reformas democráticas. Con la condena draconiana a Liu Xiaobo, envían el claro mensaje a los chinos de que la tolerancia con posiciones políticas diferentes es cero y exhiben una muestra de su propia impunidad ante la comunidad internacional".
Sentado en un sillón frente a un ventanal, vestido con pantalón de chándal, un jersey azul oscuro y zapatillas deportivas, Bao Tong recuerda sus encuentros con Liu Xiaobo antes de su detención. "Me tenían prohibido recibirle en mi apartamento, así que nos veíamos en una casa de té", dice mientras encadena un cigarrillo tras otro. "Liu pidió la eliminación de los privilegios del Partido Comunista, y tiene razón. Yo le apoyo, y cuando vienen funcionarios del Gobierno a visitarme, les digo que si han sentenciado a Liu Xiaobo, también deberían sentenciarme a mí. La estrategia de Mao era 'si uno está contra ti, golpea a uno; si 10 están contra ti, golpea a 10'. La de los líderes hoy es matar a la gallina y asustar a los monos. Es de una gran hipocresía. Como no pueden golpear a 10 de una vez, golpean a uno para mostrarlo a los demás. Los chinos no son ciudadanos en este país".
Liu Xiaobo -condenado a 11 años de prisiónl en diciembre de 2009-, Guo Quan -10 años en octubre de 2009-, Tan Zuoren -5 años en febrero de 2010-, Hu Jia -tres años y medio en abril de 2008- y Gao Zhisheng -3 años en 2006, con suspensión de sentencia- son algunos de los más conocidos entre una larga lista de disidentes encarcelados, bajo continua vigilancia policial o que son sometidos a arrestos arbitrarios en fechas sensibles para Pekín, como el aniversario de Tiananmen, el 4 de junio. En la mayoría de los casos, los opositores son sentenciados por "incitar a la subversión del poder del Estado", el cargo utilizado habitualmente para silenciar las voces disonantes. Otros lo son por "revelar secretos de Estado", un término de vaga definición legal, o "desorden público".
"Amnistía Internacional dijo en 2008 que la situación de los derechos humanos en China se había deteriorado en varias áreas debido a los Juegos Olímpicos
[en contra de lo que había prometido Pekín para lograr la competición]. La dura represión a los activistas y otros que expresan descontento con las acciones o las políticas del Gobierno se ha convertido en norma tras estos dos años, sin repercusiones significativas por parte de la comunidad internacional. Parece envalentonado y es improbable que cese las restricciones en un futuro cercano", afirma Roseann Rife, subdirectora de Amnistía Internacional para la región Asia-Pacífico.
Shang Baojun, abogado de Liu Xiaobo, lo sabe de primera mano: "La situación se ha endurecido, y los abogados también tenemos más restricciones", asegura. Shang visitó hace dos semanas a Liu, que está a la espera de que se decida si debe cumplir la pena en una prisión de Pekín o es enviado a otra provincia.
El Gobierno rechaza las acusaciones y afirma que en China no hay presos políticos. El pasado febrero, horas después de que un tribunal denegara la apelación de Liu Xiaobo, el portavoz de Exteriores, Ma Zhaoxu, declaró que "en China no hay disidentes". Pekín se opone a las críticas extranjeras sobre la situación de los derechos humanos, que califica de "injerencia en los asuntos internos chinos", y afirma que los condenados lo son "de acuerdo con la ley".
"Injerencias" como la del Gobierno británico, que en su informe de 2009 sobre los derechos humanos en el mundo, hecho público el mes pasado, nombra a 22 países en los que la situación es "preocupante". Entre ellos ocupa un lugar destacado China, de quien dice que, mientras ha progresado económica y socialmente, el avance ha sido "mucho más lento en derechos políticos y civiles, con un notorio empeoramiento en algunas áreas".
Algunos activistas chinos creen que Pekín piensa que puede ignorar las presiones exteriores, con un Occidente debilitado por la crisis económica y la defensa de las libertades en el asiento trasero de la política exterior de muchos países. Pero las presiones son importantes, según Bao Tong, aunque deja bien claro que son necesarias "las exteriores y las interiores".
Bao critica, sin embargo, a algunos diplomáticos y políticos extranjeros, "que adoptan una actitud de compromiso" con el Gobierno de Pekín. "Estoy en desacuerdo. Creo que son miopes". "Es imposible para un país ser responsable ante la comunidad internacional si no es responsable ante sus propias leyes y su pueblo".
Manos finas. Ojos brillantes. Delgado. Las zapatillas, desatadas. Bao Tong prosigue la conversación sin hacer pausa, haciendo gala de una excelente memoria cuando vuela hacia el pasado, hacia su encarcelamiento el 28 de mayo de 1989 y aquellos días de tumulto y sueños de democracia perdidos que marcaron lo que hoy es China. "Lo ocurrido en 1989 fue una tragedia. El presidente de la Comisión Militar Central tomó la decisión de enviar tanques y más de 200.000 soldados armados. Fueron utilizadas balas explosivas, que están prohibidas por los tratados internacionales. Los estudiantes pedían 'castigar la corrupción y construir un sistema democrático'. El entonces secretario general del partido, Zhao Ziyang, decidió resolver la situación de forma pacífica. Yo sé lo que ocurrió porque participé en las reuniones del Politburó".
Bao da una calada al cigarrillo y prosigue: "El 8 de mayo, Zhao aconsejó solucionar la crisis de forma pacífica, de acuerdo con la ley, y eso fue aprobado por el Politburó y el Comité Permanente. Pero el 17 de mayo Deng anuló las decisiones y decidió resolver la situación con las armas. Zhao dimitió y Deng me envió a la cárcel. Yo estaba de acuerdo con lo que pedían los estudiantes. Fue un revés para todo el proceso de reformas". Bao no volvió a ver nunca más a Zhao. "Sólo me permitieron, tras mi insistencia, ir a ver su cadáver al hospital cuando murió", dice, y se le quiebra la voz.
Bao, que fue condenado por "revelar secretos de Estado y propaganda contrarrevolucionaria", asegura que la decisión de Deng de emplear los tanques "fue ilegal". "Asumo que fue presionado por otros", señala sin mencionar al entonces primer ministro y rival político de Zhao, Li Peng. "Pero fue Deng quien tomó la decisión final. Él es el responsable de lo que ocurrió el 4 junio". En la supresión de las protestas murieron entre varios cientos y varios miles de personas, según las distintas fuentes.
Bao Tong asegura que no sólo el proceso de reformas políticas murió aquel día, sino que el de reformas económicas también sufrió un revés, porque los cambios impulsados posteriormente por Deng, según dice, fueron distintos. "Zhao Ziyang quería que los trabajadores, los campesinos y todo el pueblo se beneficiara. La reforma de Deng fue para ayudar a los funcionarios del Gobierno, de las empresas estatales y de los monopolios a hacerse ricos. Por eso existen esas tremendas disparidades sociales en China hoy. El mundo dice que China se ha puesto en pie, que se ha hecho rica, que hay millonarios, pero lo que no sabe es que esos ricos son los hijos o los parientes de los revolucionarios. El mundo sólo ve la punta de la pirámide, no la base".
Sharon Hom cree que la política de mano dura del Gobierno se explica en parte porque "la crisis ha exacerbado la dislocación social y económica que ha acompañado el proceso de apertura y reforma". "Hay un número creciente de protestas sociales". De ahí que, en aras de la estabilidad y la llamada "armonía social", quienes se enfrentan a los abusos y se erigen en cabecillas son rápidamente silenciados, especialmente si ponen en duda la legitimidad del Partido Comunista y reclaman cambios políticos.
Bao cree que en los próximos 5 o 10 años "es posible que se produzcan algunos cambios, porque los ciudadanos lucharán por sus derechos". "Sólo descansaré el día que China emprenda la senda de la democracia. Yo no soy una amenaza, voy camino de los 78 años. No tengo soldados, pistolas ni tanques, y además no son la forma de solucionar los problemas. Mao dijo que 'el poder político nace del cañón de una pistola'. Yo pienso que la democracia no puede nacer del cañón de una pistola".
Hablaron demasiado alto
Muchos son quienes rechazan en China el Gobierno totalitario del PCCh. Pero son pocos si se compara con el ingente tamaño de su población, más preocupada por mejorar sus condiciones de vida o seguir las pautas de Deng Xiaoping -"hacerse rico es glorioso"- que por lograr unas libertades que nunca han tenido. Quienes alzan la voz demasiado alto -ya sea para pedir pluralidad política, reivindicar libertades religiosas o denunciar la corrupción o los abusos- acaban en la cárcel, son víctimas de maltrato e incluso tortura, o terminan callando para no seguir sufriendo las presiones de las autoridades.
Liu Xiaobo es uno de los casos más representativos. Este escritor de 54 años, que participó en las protestas de Tiananmen, fue condenado en diciembre pasado a 11 años de prisión por su papel en la elaboración de la Carta 08, un manifiesto que pide profundas reformas democráticas. Liu fue acusado de "incitar a la subversión del poder del Estado". Anteriormente pasó 20 meses en la cárcel y fue internado 3 años en un campo de trabajo. Centenares de intelectuales de todo el mundo, como el ex presidente checo Václav Havel, los escritores Salman Rushdie y Umberto Eco y varios premios Nobel de Literatura, han pedido su liberación. En enero pasado fue propuesto para el Nobel de la Paz de 2010 por Václav Havel y el Dalai Lama, entre otros. "El Gobierno chino ha endurecido el trato a los disidentes. El Partido Comunista no respeta la Constitución china", asegura por teléfono su esposa, Liu Xia.
Otro de los disidentes que han sufrido duras condenas recientemente es Guo Quan, un profesor universitario que fundó un partido opositor clandestino. Fue sentenciado a 10 años en octubre pasado por "subversión del poder del Estado". Su carta abierta al presidente chino, Hu Jintao, en 2007 pidiendo elecciones y sus críticas a la respuesta gubernamental al terremoto de Sichuan -mayo de 2008- provocaron la ira de las autoridades.
La misma acusación se empleó contra Hu Jia, de 36 años, un reconocido defensor de los enfermos de sida y del medio ambiente que simpatizó con las víctimas de Tiananmen. Hu Jia, licenciado en Economía, denunció los Juegos Olímpicos de Pekín como una farsa y un "juego político". En abril de 2008 fue condenado a tres años y medio de cárcel. En diciembre del mismo año, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sájarov de derechos humanos.
Tan Zuoren, de 55 años, fue sentenciado a cinco años en febrero pasado, también por "subversión", tras haber denunciado la construcción defectuosa de muchas de las escuelas que se derrumbaron durante el terremoto, sepultando a miles de niños. Tan fue acusado de atacar al PCCh en artículos sobre las manifestaciones de Tiananmen. Ai Weiwei, uno de los artistas más prominentes de China y gran crítico del Gobierno, que quiso asistir a su juicio en agosto pasado, fue golpeado por la policía en el hotel de Chengdu (capital de Sichuan) en el que se alojaba. Los agentes se presentaron en su habitación a las tres de la mañana y no le dejaron salir hasta que terminó la vista.
Otro opositor, el abogado Gao Zhisheng, de 44 años, que a finales de marzo dio señales de vida tras más de un año en paradero desconocido, dijo, sin embargo, el miércoles pasado a la agencia Associated Press que abandona su activismo para intentar reunirse con su familia, que huyó en enero de 2009 de China y se refugió en Estados Unidos.
Gao propugnó una reforma constitucional y ha defendido casos muy sensibles, como los miembros del ilegalizado movimiento de inspiración budista Falun Gong. En 2006 fue condenado a tres años de cárcel por subversión, pero la sentencia fue suspendida por cinco años. Antes de su desaparición dijo que durante su detención en 2007 recibió descargas eléctricas en los genitales y le aplastaron cigarrillos encendidos cerca de los ojos. Esta semana, Gao pidió perdón por "defraudar" a quienes le han apoyado y dejó entrever que ha llegado a un pacto con las autoridades para poder contactar con su familia y quizá algún día reunirse con ella.
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