Integración y exclusión social

Me gustaría iniciar esta reflexión sobre el barrio de Los Palmerales destacando la gran cantidad de personas que viven en el mismo (4.076 habitantes en 1.274 viviendas, 304 menos de las que se construyeron y que fueron derribadas) y son ejemplo de convivencia y vecindad; y a los profesionales que trabajan en esta zona urbana para favorecer los procesos de integración social y para mejorar la ciudad y hacerla más habitable.

Este reconocimiento público es necesario porque la imagen negativa del barrio está vinculada a algunos comportamientos conflictivos de minorías marginales (actitudes incívicas y actos delictivos), a sus edificaciones de dudosa estética y baja calidad, al impacto mediático de algunas acciones públicas (derribos, desahucios y determinadas intervenciones policiales), y a la progresiva degradación urbanística (el mal estado de algunas viviendas y edificios, y la falta de inversiones necesarias para su adecuado mantenimiento).

La creación del barrio a finales de los años 70, como en muchos otros de similares características, parte de un error de definición y diseño, en términos sociales y urbanísticos. La voluntad política de resolver una difícil situación social de una parte de la población no se puede afrontar con una política de integración fundamentada en la construcción de un gran barrio que facilite el acceso a la vivienda y que no tenga en cuenta que se van a acumular los diferentes problemas sociales existentes que requieren intervenciones públicas específicas, intensas, continuas y costosas.

No es justo generalizar, ya que esta política es una oportunidad para muchas personas y familias, y en el barrio se han conseguido notables avances; pero la realidad es que han aumentado, al concentrase, los problemas sociales.

Se necesita una política de renovación urbana que actúe sobre las edificaciones, rehabilitándolas y mejorando su calidad, accesibilidad y estética; los diferentes espacios públicos y zonas verdes, convirtiéndolos en lugares de convivencia; y las infraestructuras, adaptándolas a los nuevos tiempos. Además, hay que normalizar la situación de los ocupantes de viviendas, fijando las modalidades y condiciones de acceso que se van a utilizar, siendo muy transparentes en su comunicación y exigentes en su cumplimiento.

Los problemas existentes convierten al barrio en una zona urbana sensible (bajo nivel de recursos económicos, alta tasa de desempleo, elevados índices de analfabetismo, absentismo y fracaso escolar, etc.) y requieren una política integral de dinamización económica e integración social.

Inversión y gestión son los retos de una activa política social, que integre y evite la exclusión, aunque nos encontremos en la actualidad en un entorno económico nada favorable.

Antonio Martínez Gómez es el director del Plan Estratégico de Elche (Futurelx).