El Gobierno prioriza la lucha contra el fraude y la economía sumergida

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia remitió ayer a los tres grupos parlamentarios un documento político con 53 medidas de lucha contra la crisis con la pretensión de alcanzar un acuerdo con los dos partidos de la oposición, PP e IU. Más de la mitad de las propuestas (28) están inspiradas en las presentadas por estas formaciones y en ellas se incluye una defendida por Izquierda Unida, que el Gobierno quiere hacer suya, para elaborar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida por parte de la Agencia Tributaria, según informaron fuentes de la consejería que dirige Antonio Ávila.

Según un reciente informe del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, la economía sumergida tanto por fraude fiscal como la Seguridad Social, asciende a más de 29.000 millones de euros en Andalucía. Uno de los focos del fraude, señalaba el informe, está relacionada con las operaciones inmobiliarias, así como en los alquileres de viviendas.

Ávila cita el martes a los partidos para pactar un paquete de iniciativas

Ávila ha citado el próximo martes a los grupos para intentar aproximar posiciones en torno a un documento que "deja puertas abiertas para que no se considere como un plato de lentejas", aseguraron fuentes de la Consejería de Economía e Innovación, que enfatizaron su voluntad de llegar a acuerdos.

La idea del Gobierno es que estas medidas -25 comprometidas por el presidente José Antonio Griñán en febrero pasado y el resto, de la oposición- se tramiten por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley en el actual periodo de sesiones, que acaba en junio. Las fuentes consultadas aseguran que el criterio de selección que se ha seguido respecto a las iniciativas planteadas por la oposición es la de incluir las que "tienen un horizonte inmediato de aplicación".

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en dos bloques. El primero (con 14 propuestas) gira sobre medidas fiscales, la mayoría de ellas ya incluidas en el decreto ley aprobado por el Parlamento esta semana. En este apartado se ha añadido el de elaborar un plan específico contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como el de recabar el apoyo de los grupos parlamentarios para que el plan de estabilidad presupuestaria, que requerirá ajustes en las cuentas de las comunidades, se aplique a la carta, es decir, en función de la aportación de cada comunidad al déficit global y a su nivel de endeudamiento.

En cuanto a las medidas dirigidas al sector productivo (39), el documento del Gobierno incluye la elaboración de la ley del Trabajo Autónomo, reclamada por PP e IU, así como una amplia batería de propuestas redactada de manera inconcreta y sin comprometer, en un primer momento, dotaciones presupuestarias. En el texto figura la creación de un nuevo instrumento financiero para que las empresas, fundamentalmente pymes, gestionen sus cobros con las entidades financieras andaluzas.

En materia de empleo, el documento incluye la propuesta de Griñán de estipular una beca de inserción de 420 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 22 años, con cargas familiares y sin otro tipo de ayuda; la elaboración de un plan de Formación Profesional; un plan de empleo ligado a la aplicación y desarrollo de la ley de la Dependencia; y la únificación de los planes Menta y Proteja.

Respecto al impulso a los sectores estratégicos, el documento recoge el facilitar el acceso a las pymes a polígonos industriales; desarrollar políticas tecnológicas y formativas a demanda de las empresas de los sectores industriales; la puesta en marcha de planes de formación de los trabajadores de los sectores industriales; o potenciar el sector del comercio de proximidad, reforzando su capacidad financiera. El resto de las medidas afectan a todos los sectores de la economía.