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El juez reactiva el caso de l'Atzúvia a instancias del fiscal

El edil de Urbanismo dirá porqué legalizó un chalé en suelo no urbanizable

El juez de Dénia que instruye la presunta trama de corrupción urbanística de l'Atzúvia, por la que hace más de tres años se edificaron en este municipio 18 viviendas en suelo no urbanizable, ha reactivado el caso a instancias del Ministerio Fiscal. El juez ha llamado a declarar al concejal de Urbanismo en las dos últimas legislaturas, Antonio Casals, del PP, para que explique los motivos por los que el Ayuntamiento ha legalizado por silencio administrativo uno de los inmuebles implicados.

El magistrado también preguntará a Casals porqué continúa sin dar explicaciones sobre el resultado de los expedientes que el Consistorio abrió en su día contra otros cuatro chalés de importantes dimensiones que se edificaron sin licencia o con licencia para aperos.

Pide localizar al técnico que dijo que cinco chalés eran legalizables

Hasta el momento, en el caso están imputados dos constructores

La providencia del titular del juzgado número uno de Dénia es más que significativa porque por primera vez abre una investigación sobre la gestión urbanística del consistorio a la hora de permitir construir viviendas en suelo rústico. Hasta el momento, en el caso están imputados dos constructores, Klaus Dieter May y Haral Messner, pero ningún cargo municipal.

Además, el magistrado también le exige a May que en cinco días facilite "los datos del técnico señor Moreno de la Consejería de Medio Ambiente con el cual al parecer han tratado directamente, al objeto de poderle citar a declarar". May declaró ante el juzgado que ese técnico aseguró que las cinco viviendas en cuestión eran legalizables.

La consejería dejó de investigarlas después de que el consistorio asegurara que les había abierto expediente, si bien Medio Ambiente continúa por su lado un proceso administrativo contra otros 13 inmuebles construidos en suelo no urbanizable.

La nueva situación judicial se produce después de que la fiscalía haya pedido al juez las mismas diligencias que en su día solicitaron los grupos ecologistas Gelibre y Acció-Agró Ecologista. Casals, ya en el cargo cuando comenzaron las construcciones irregulares, deberá explicar porqué el Ayuntamiento otorgó recientemente licencia por "silencio administrativo" a uno de los chalé de mayores dimensiones de la trama, del alemán Gerard Raupeter, un nombre que se repite constantemente en las conversaciones de May que la Guardia Civil grabó antes de que el constructor fuera detenido.

El departamento que dirige Casals otorgó este permiso después de que el Ayuntamiento se negara, hasta en cuatro ocasiones, a facilitar al juzgado información sobre los supuestos expedientes y de que en enero de 2007 el consistorio ordenara paralizar las obras de la vivienda, lo que no impidió que éstas continuaran hasta su finalización.

El juez también cuestionará al edil de Urbanismo sobre el farragoso proceso de legalización de la vivienda de Raupeter: en 2006, a través de un expediente de segregación, la parcela cedió algo más de 1.000 metros cuadrados a unos terrenos colindantes que no alcanzaban los 10.000 metros cuadrados y que pertenecían a la empresa May, quien quería edificar allí una vivienda que frustraron las denuncias ecologistas. En 2008 otro expediente, de agregación, permitió a la parcela de Raupeter recuperar los 1.000 metros cuadrados para sumar 20.000, superficie mínima que las Normas Subsidiarias de l'Atzúvia exigen para edificar una unifamiliar aislada en suelo no urbanizable común.

Gelibre y Agró dudan de que aún así la vivienda sea legalizable: porque las normas exigen que no se constituya en la zona Núcleo de Población. Algo que sí habría ocurrido debido a la gran volumetría de la casa y al hecho de que existan otros inmuebles a menos de 200 metros; y también porque la construcción está en el LIC y el ZEPA Valls de la Marina y Montañas de la Marina, protegido por la UE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de abril de 2010