Grandes y crujientes

Las novelas policiacas nos han familiarizado con la forma de pago propia de los rescates, los chantajes y las operaciones mafiosas: las transacciones en dinero negro con billetes pequeños, usados y sin numeración correlativa. Las fuentes policiales, la fiscalía anticorrupción y las declaraciones ante el juez Castro de algunos acusados del caso Palma Arena mencionan una variante mercantil alternativa: el abono en metálico y sin factura -mediante billetes crujientes, grandes y seriados de 200 y 500 euros- de los cargos presentados a Jaume Matas y a su esposa por los proveedores de las obras de rehabilitación de un palacete de su propiedad y por diversos comercios (no sólo de lujo: también hay una verdulería).

El ex presidente de Baleares pide la baja en el PP y es requerido por el juez para pagar tres millones de fianza

Todo el mundo tiene derecho a utilizar la moneda fraccionaria que desee para pagar sus deudas; los biógrafos de Jean-Paul Sartre cuentan que le encantaba llevar grandes fajos de dinero en el bolsillo. Pero el gusto de la familia Matas por manejar billetes de difícil cambio en un taxi y que el común de los mortales nunca ha tenido en las manos podría revelar la inclinación al consumo conspicuo propia de los nuevos ricos descrito por Thorstein Veblen en su Teoría de la clase ociosa y la sensación de impunidad que acompaña a la corrupción política en España.

También esta vez la financiación ilegal de un partido y el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes parecen caminar de la mano. Las denuncias sobre el desmesurado coste del velódromo Palma Arena (dobló desahogadamente el presupuesto inicial) promovido por la Comunidad Autónoma balear bajo el Gobierno del PP se solaparon con las investigaciones de la fiscalía anticorrupción en torno al espectacular incremento del patrimonio de Jaume Matas, presidente de Baleares desde 1996 a 1999 y desde 2003 a 2007 y ministro de Medio Ambiente de Aznar entre 2000 y 2003. El frío trato dispensado por el PP a Matas una vez comenzadas sus tribulaciones judiciales, la petición de baja temporal como militante hecha pública el pasado lunes y la distante despedida de Rajoy al hijo pródigo dejan entrever una liquidación del negocio por incompatibilidad entre los socios.

La elevada fianza de tres millones de euros solicitada por la fiscalía anticorrupción y dictada el martes por el juez como condición para que el imputado pueda eludir la prisión preventiva no enerva la presunción de inocencia del ex presidente de Baleares pero confirma los indicios racionales de culpabilidad en su comportamiento. Tales signos no parecen leves: la declaración de la renta de 2003 del ex ministro de Aznar no pasaba de los 100.000 euros. La compra de un palacete en Palma valorado en más de dos millones de euros (más las sustanciosas facturas pagadas en dinero negro para su rehabilitación) y la adquisición de un piso en Madrid a través de un presta-nombres exige una explicación menos imaginativa que el milagro evangélico del pan y de los peces.