"El responsable de control urbanístico debe votarlo el Parlamento"

Avisa de que algunos ayuntamientos planean cortar el alumbrado público durante algunas horas por falta de dinero. Carlos Fernández (Santiago, 1956) es la voz de unos alcaldes que empiezan a estar ahogados económicamente. Pide a la Xunta una apuesta económica decidida por el municipalismo y agradece la ley del suelo que "permitirá construir en los núcleos existentes". El presidente de la Fegamp exige que no se repitan episodios como el del urbanismo de Barreiros y una agencia de control urbanístico con un director elegido por consenso en el Parlamento.

Pregunta. Pide una nueva financiación local que prime la dispersión y el envejecimiento. ¿Cómo se articulará?

Respuesta. Es necesario renegociar el dinero que la Xunta transfiere a los municipios para darnos más estabilidad. Pedimos que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población, que encarece servicios. Pero el caballo de batalla será la cuantía total de los fondos. Desde la Xunta se nos dice que su objetivo es mantener los ingresos de este año. Es un punto de partida, aunque satisfactorio. Hay un desfase histórico y debe haber un aumento importante en las partidas a los ayuntamientos.

"La ley de suelo es aceptable, reconoce núcleos urbanos donde ya existen"

"Algunos alcaldes se plantean apagar farolas durante algunas horas"

"Barreiros exige una actuación muy contundente pero también soluciones" "La Axencia da Legalidade debe tener medios y parar obras al principio"

"La Axencia da Legalidade debe tener medios y parar obras al principio"

P. ¿Cuánto dinero calcula?

R. La Xunta tiene una fórmula para transferir ciento y pico millones más que no supondría un gasto mayor. Son pequeñas partidas que van llegando a los municipios cada año y que exigen mucho papeleo. Pedimos que se refunden e incrementen el futuro Fondo de Cooperación Local. Vemos cómo periódicamente salen informaciones de alcaldes de todos los partidos que no pueden pagar nóminas, la Xunta debe hacer algo porque ya lleva un año. Yo le he pedido un Plan E como el de Zapatero. Firmamos acuerdos que yo considero importantes, pero también dije entonces que esos acuerdos debían dar paso a los hechos.

P. Admite que los ayuntamientos dejarán de prestar servicios.

R. Se ha empezado por lo más prescindible: las subvenciones a entidades culturales y deportivas sufren recortes. Llegar al nivel de cortar servicios básicos es imposible, pero algunos alcaldes se plantean apagar farolas en algunas zonas y durante determinadas horas. Son propuestas peligrosas.

P. ¿La reforma de la ley del suelo que aprobó el PP implica una amnistía?

R. No es cierto. Yo creo que hay que romper para siempre con las ilegalidades, tolerancia cero con el ti vai facendo, desde todas las administraciones. Oí que la norma iba a legalizar Barreiros. Es mentira, habla de regularizar edificios anteriores a la entrada en vigor de la ley. Por mi ayuntamiento pasan 50 familias que reclaman poder hacer una casa donde vivieron siempre. No hablo de urbanizaciones sino de casas unifamiliares que se levantarán en los núcleos. Dará facilidades para construir a gente que tiene interés legítimo en hacer casas junto a las de sus padres. En un país con 30.000 núcleos de población afecta a mucha gente.

P. Precisamente porque son 30.000 núcleos, ¿permitir construir en cada uno no perpetúa la dispersión? No tienen servicios.

R. No, es al revés. La obligatoriedad de dotar de servicios a esos núcleos está ahí por pocas casas que sean. En economías de escala será más barato llevar los servicios si hay seis, siete, ocho casas más. Al reforzar la figura del núcleo, evitamos que las casas se hagan a un kilómetro y luego haya que llevar allí servicios. La ley reconoce el núcleo donde ya lo hay. Se habla de urbanizaciones en línea cuando la ley marca un máximo de tres. El pacto por el territorio debe incluir el funcionamiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para darle eficacia, a este organismo y a los ayuntamientos, para combatir tropelías. Pero en un Estado de Derecho las tropelías tienen plazo de caducidad y si en ese tiempo no hay expedientes, no se puede condenar eternamente.

P. ¿Apoyaría esta ley?

R. Comprendo a mi partido, fui copartícipe de la abstención. La ley es aceptable pero en la medida que el Gobierno no garantiza que impedirá la acuicultura en Touriñán... Esa intervención de Feijóo es muy grave. Debería explicar por qué rompió el acuerdo y se sacó la historia de que se va a hacer lo de Touriñán cuando los dirigentes del PP lo descartan.

P. En Barreiros el dinero público legaliza el caos que motivó una denuncia por prevaricación del fiscal contra el alcalde.

R. No lo conozco en detalle. Sé que hay un acuerdo de la Xunta y la Diputación de Lugo para tratar de resolver el problema pero es cierto que la sociedad demanda una actuación ejemplarizante para que ese problema que ahora hay que resolver no se vuelva a producir. En eso el municipalismo estará siempre de acuerdo, no diremos que todo está bien.

P. Pide contundencia pero cuando se firme el convenio, el alcalde de Barreiros será el mismo y las promotoras también. ¿Se está diciendo que vale todo?

R. No, una cosa es resolver el problema y otra, que esto siente cátedra. Esta no puede ser la forma normal de actuación de ningún ayuntamiento.

P. Sugiere que se pacte el funcionamiento de la agencia de control urbanístico. ¿No valía?

R. No quiero enjuiciar su funcionamiento porque llevaba poco tiempo. Digo que no basta con crear un organismo sobre el papel, hay que dotarlo de medios y presupuesto. La persona que dirija la agencia debería ser elegida por una amplia mayoría en el Parlamento. Se evitaría que un instrumento vinculado a una Administración pueda actuar de forma partidista. Y debe tener capacidad de inspección real. Al promotor que levanta el primer pilar en suelo prohibido antes deben caerle allí los inspectores.

P. ¿Está a favor de que la Xunta privatice los centros de día?

R. Donde hay protocolos firmados con los alcaldes sobre el modelo de gestión, eso no se puede cambiar unilateralmente. A partir de ahí, caben diferentes opciones y hay alcaldes que dejan ese servicio en entidades sin ánimo de lucro o cooperativas de trabajadores bajo la supervisión pública.

P. Y la Xunta aboga por adjudicar los centros a empresas privadas que prometen ahorrarle un 20%. ¿Cómo se logra eso sin que se resienta el servicio?

R. Puede ser así y por eso las instituciones debemos vigilar para que esos casos no se den.

P. ¿Cómo valora este primer año de mandato de Feijóo?

R. Tiene mucho de propagandístico pero sobre todo de parálisis. Son bastantes errores en muy poco tiempo. Hay cosas en las que coincidimos como la reforma de la ley del suelo, pero pedimos las Directrices de Ordenación del Territorio y el Plan de Ordenación del Litoral. Subimos un peldaño de una gran escalera. La Xunta retrasa muchas decisiones, paraliza en tiempo de crisis y eso es muy grave. Igual que no licitar obra pública al ritmo debido.

P. ¿Cree que se desvanece la imagen de gestor de Feijóo?

R. En gran medida, sí. Hay que tener en cuenta que su campaña fue muy peculiar, se abrieron frente que ni siquiera eran problemáticos en Galicia y el que agitó la botella del espumoso corría el riesgo de bañarse en él. Es lo que sucede y, o pone orden en el Gobierno, o va por mal camino.