Una juez cita como imputado al director de Vivenda

Antonio Boné Pina, director general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), ha sido llamado a declarar como imputado en un presunto delito de prevaricación por afirmar que no era posible ejecutar los pagos por los derechos mineros a los expropiados de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) ya que el decreto que lo obliga se había tramitado "sin ser analizado, ni autorizado, ni aprobado" por la Autoridad Portuaria de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca.

Esa afirmación figura en una carta de Boné Pina a la asociación de afectados, movilizada desde hace varios meses (encierros y manifestaciones) para reclamar el pago de dichos derechos mineros. La asociación denunció en un juzgado de Santiago el contenido de la carta y en las diligencias previas que se instruyen se imputa a Boné porque sus actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La titular del juzgado ha requerido también el testimonio de la delegada de la Zona Franca, Teresa Pisano, y de varios cargos de la Consellería de Vivenda en la anterior Xunta. Los afectados consideran documentado el reconocimiento de sus derechos mineros y retan a la Xunta a que anule el convenio que fija los pagos "si se encuentra tan segura de su ilegalidad".