La Xunta cede ante Caixanova para lograr una fusión de cajas en Galicia

El proceso para que las cajas de ahorros gallegas se fusionen parece un lodazal. Por ahora lo único cierto es un escueto compromiso de un folio que lleva la firma del director de Caixa Galicia, José Luis Méndez (28 años en el cargo), y del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso (44 años en la caja de Vigo).

El lunes ambos acordaron iniciar los contactos para analizar "la posible confluencia en un proyecto común". Además del breve texto de un estilo deliberadamente ambiguo, Méndez y Gayoso tampoco se hicieron la foto cuando el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo (PP), lo hizo público. Finalizada la Semana Santa, los consejos de cada caja tendrán que dar luz verde a la decisión que han tomado sus ejecutivos tras muchas reuniones de tapadillo con la Xunta como árbitro. El paso siguiente es la creación de un comité negociador que siente las bases del protocolo de unión y exponga el plan económico.

Una comisión negociadora estudiará el protocolo de fusión

Los alcaldes de Vigo y A Coruña se pelean ya por la sede de la caja única

El preacuerdo llega cuando casi nadie daba un duro por la fusión gallega, un proyecto ansiado por el Gobierno del PP en la Xunta con el respaldo de sindicatos y empresarios de la comunidad autónoma. La viguesa Caixanova se negó desde el principio a sentarse con su vecina de A Coruña. Se mantuvo firme hasta que las presiones del Banco de España y las hipotéticas cesiones de poder inclinaron la balanza hacia ella, la caja más pequeña pero supuestamente la más saneada.

Para hacer cambiar de opinión a su presidente, de 79 años y sin ninguna intención de retirarse, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo estaría dispuesto a ceder en la mayoría de sus reclamaciones. El objetivo, dicen fuentes del Partido Popular, es "salvar la unión", que en un principio se planteó como una operación "equilibrada y paritaria" que dará lugar a la quinta caja de España en tamaño. La última declaración institucional del presidente gallego abandonó la letanía sobre la "paridad", repetida durante meses, para destacar otros objetivos: al menos que sea "viable y posible".

No parece fácil. Para que le salgan los números y no se hunda en el intento, Caixanova exige un adelgazamiento brutal de la entidad resultante con la venta de, al menos, 12.000 millones en activos. En consecuencia, ambas tendrían que poner en el mercado gran parte de la red comercial, cerca de 500 oficinas, negocio incluido, de las casi 1.400 que suman en la actualidad.

No han trascendido las bajas en la plantilla resultante del nuevo escenario, pero fuentes conocedoras de la operación estiman que superarán las 1.300 que se planteaban al principio. Casi se da por descontado que el director general de Caixanova, José Luis Pego, estaría al mando de la caja fusionada.

Aunque el escollo fundamental está en Madrid y no depende ni de la Xunta ni del acuerdo entre las dos cajas. Caixanova ha solicitado más de 2.000 millones de euros para reforzar el balance de la entidad resultante y pagar las numerosas prejubilaciones que son necesarias. El Banco de España le ha advertido de que el dinero saldrá del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con tipos de interés por encima del 7% y plazos de devolución que nunca superarían los cinco años. "Es un remedio demasiado caro", aseguran desde la órbita de Fernández Gayoso. Las condiciones que plantea la caja viguesa para aceptar el proyecto superan con creces las que la propia Xunta daba por válidas en enero, cuando dio a conocer una auditoría (de la consultora KPMG) que esbozaba la fusión.

Otro de los grandes obstáculos en los que podría haber cesiones es la Ley de Cajas de Galicia, que entró en vigor en enero. Fue el primer intento del Gobierno gallego (con el apoyo de los nacionalistas del BNG y el rechazo del PSOE) para ampliar el control del Parlamento sobre las cajas y, de paso, torcer la voluntad de Caixanova modificando el equilibrio de poder actual.

Se aprobó a toda prisa en diciembre de 2009 para introducir por primera vez la presencia de representantes de la Cámara autónoma en los órganos de decisión de las cajas. Entre otras cosas, establecía el cese inmediato de los consejeros que superasen los 70 años de edad (caso del presidente y los dos vicepresidentes de Caixanova). Su aplicación se frustró cuando el Gobierno central la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Si ahora, como parece, el presidente de Caixanova impone su condición de pilotar el proceso, la norma recién nacida debería modificarse.

A esa pregunta contestó ayer con evasivas el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda. Preguntado por si el preacuerdo incluye un pacto sobre la ley, lejos de negarlo deslizó que "se explora la posibilidad de una unión de las cajas y para eso habrá que tener un montón de factores en juego".

Factores que también están en las ciudades. Los alcaldes socialistas de Vigo y A Coruña ya se están peleando por la sede de la nueva caja aun antes de que las negociaciones comiencen. Abel Caballero, en defensa de Caixanova, interpreta que el acuerdo supone la absorción de la grande por parte de la pequeña. En A Coruña, su compañero de partido, Javier Losada, ha advertido a la Xunta que no tolerará que su ciudad se quede sin caja.