El tripartito indigna a CiU al quitarle por decreto su poder de veto sobre TV-3

Se acabaron las contemplaciones. A medio año escaso para las elecciones, los grupos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) han decidido poner fin a cualquier cortesía parlamentaria que dé el más mínimo aliento a Convergència i Unió (CiU). Y se acabó el consensuar leyes con los nacionalistas en la Cámara autónoma. El Gobierno catalán lo certificó ayer aprobando un decreto que, en la práctica, quita a CiU el derecho de veto en el nombramiento del nuevo presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la empresa pública que dirige TV-3 y Catalunya Ràdio.

El tripartito había insinuado la semana pasada que podría hacer algo así si CiU ponía trabas a la sustitución del ex presidente del consejo de gobierno de la CCMA Albert Sáez por Enric Marín. La súbita dimisión del primero la semana pasada dejó un vacío en la corporación que hizo recaer la presidencia, aunque de forma accidental, en Roger Loppacher, un consejero que en su día fue propuesto por CiU.

El Gobierno también quiere aprobar por la vía rápida la ley de veguerías

El tripartito no está dispuesto a que la CCMA siga más días en manos del primer grupo de la opsoción y ha actuado rápidamente. Nada más conocerse la dimisión de Sáez, propusieron a otro hombre próximo a Esquerra Republicana, Enric Marín, para hacerse cargo del organismo. Los nacionalistas rechazan el nombre porque Marín fue secretario de Comunicación del Gobierno catalán en tiempos de Pasqual Maragall. Ante esta muestra de rechazo, ha caído la espada de Damcoles. Donde la ley decía que todos los consejeros de la CCMA deben ser escogidos por los dos tercios del Parlament, ahora dirá que, en el caso de las sustituciones, bastará con mayoría absoluta si se crea una situación de bloqueo. El cambio legal, idéntico al que ya impulsó el tripartito hace un año para desbloquear la Oficina Antifraude, lo aprobó ayer el Gobierno en forma de un decreto que CiU no tardó en tildar de "decretazo". Los nacionalistas lo recurrirán ante el Consejo de Garantías Estatutarias porque lo consideran un verdadero atropello democrático. El PP también mostró su indignación y Alícia Sánchez-Camacho calificó el movimiento de "cacicada".

El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, justificó el cambio aduciendo que se introdujo para evitar "tentaciones de bloqueo" y negó que pretenda traicionar el espíritu de consenso con el que se redactó la ley. De hecho, la ley, que pretendía dar más libertad de actuación a los medios públicos, ya generó muchas críticas porque acabó por dar cobertura a un consejo repleto de comisarios políticos y ex cargos de las diferentes administraciones.

Ayer mismo, CiU había insistido en que la situación ideal para ellos era que Loppacher, que en su día fue secretario general del Departamento de Interior, siguiera al frente de los medios públicos de la Generalitat.

No es la única ley que el tripartito piensa aprobar haya o no consenso con CiU. La ley de veguerías, a la que los nacionalistas se oponen pese a defender la nueva división de Cataluña, podría ser la siguiente. Y también la ley de la Sindicatura de Cuentas, en la que los nacionalistas mantienen otro bloqueo para cambiar a su presidente.