Respuesta con hechos

Con su iniciativa de reforma de la ley electoral el Gobierno se propone verosímilmente tres objetivos: taponar las vías utilizadas o que podría utilizar el entorno de ETA para burlar su ilegalización; acabar con cualquier especulación de ese mundo sobre la posibilidad de eludir la alternativa entre política o violencia; y responder por la vía de los hechos a las desnortadas acusaciones de Mayor Oreja sobre la existencia de negociaciones entre el Gobierno y ETA que pasarían por permitir la participación electoral de la ex Batasuna.

En las anteriores elecciones autonómicas y locales el entorno de ETA utilizó para burlar la ley las listas de partidos legales preexistentes (EHAK y luego ANV). La reforma hace frente a esa maniobra: extiende a "partidos, federaciones o coaliciones" la normativa prevista para agrupaciones electorales, con lo que sería de aplicación a la posible integración en listas de EA; amplía el plazo de impugnación de candidaturas a la campaña electoral para evitar que una lista limpia se desenmascare en el último momento; establece que si un partido legal es ilegalizado tras las elecciones (como ocurrió con ANV) los electos sólo conservarán su acta si rechazan las causas que determinaron esa ilegalización.

Este es el punto que podría presentar más dificultades jurídicas, dado que el acta es personal y no del partido. En todo caso, es una respuesta más lógica que la planteada en su momento por varios partidos que exigían la destitución de los representantes electos de ANV sin el amparo de una norma o aplicando retrospectivamente una nueva.

Rubalcaba quiere transmitir a los de Otegi la voluntad decidida de cerrar cualquier posibilidad de concurrir a las elecciones sin un desmarque de ETA. Ese mensaje es oportuno ahora: cuando las declaraciones de Mayor Oreja han podido reabrir en las filas de la ex Batasuna la esperanza de que pueda existir una negociación política que les permita (como en 2007) colarse en las elecciones. Cuando hasta significados presos de ETA insisten en que tal posibilidad es utópica, y recomiendan a los suyos abandonar esa ilusión, sólo Mayor Oreja parece tomársela en serio. ¿Es este Mayor Oreja el mismo ministro que formó, sin abrir la boca, parte de un Gobierno que negoció con ETA (con el "movimiento de liberación vasco", según Aznar), acercó presos a Euskadi y prometió generosidad con los terroristas arrepentidos? Alguien debería calmarle. ¿Tal vez Rajoy?