El fraude fiscal en Vizcaya se rebajó a 208 millones en 2009

El fraude fiscal descubierto el pasado año en Vizcaya se redujo respecto a ejercicios anteriores. En 2009, afloró una bolsa defraudatoria de 208 millones de euros y se remitieron a la Fiscalía 11 informes por presuntos delitos contra la Hacienda. El dato anterior conocido -que se refiere a un periodo de año y medio, entre julio de 2007 y diciembre de 2008- supuso una bolsa de fraude por 413 millones, cerca de 300 anuales, y el envío de 26 casos a la Fiscalía, alrededor de 20 al año.

Lo que si se incrementó fue el número de actuaciones, que totalizaron 785.000 en 2009, cuando en el año y medio anterior rondaron las 918.000 (675.000 anuales).

Los datos fueron expuestos ayer por el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, ante las Juntas Generales vizcaínas (cuya comisión tuvo que suspenderse momentáneamente por un simulacro de alarma que obligó a abandonar el edificio a todos los presentes), en la que detalló intervenciones específicas contra profesiones liberales. Así, se investigó a 6.700 abogados, 400 procuradores y 250 médicos. Estas actuaciones propiciaron descubrir una deuda fiscal de 3,7 millones y la remisión a la Fiscalía de dos informes por presuntos delitos de fraude.

81 millones en el IVA

Las transacciones de inmuebles también reflejan otra bolsa defraudatoria, de 13,26 millones. Pero el mayor fraude se halló en la situación patrimonial de 2.833 contribuyentes, que permitió el cobro de deudas por 95 millones. El IVA también registró una cifra significativa, 81,3 milones, que afectó al 8% de las cantidades cuya devolución se reclama. Además, se desmantelaron varias tramas sobre este impuesto, que tenían una deuda fiscal de 5,6 millones. En las autoliquidaciones sobre rendimientos de trabajo, afloró un fraude de 10,1 millones.

La Hacienda vizcaína controló igualmente las operaciones con billetes de 500 euros, que permitió destapar deudas tributarias por cerca de medio millón de euros.

Iruarrizaga destacó los convenios firmados con notarios, la Seguridad Social o Tráfico para mejorar en esta lucha y explicó que trimestralmente se cargan en la base de datos de la Hacienda 3.000 declaraciones de operaciones intracomunitarias cuyas informaciones se contrastan con la Agencia Tributaria.

Como en anteriores ocasiones, el diputado de Hacienda rechazó cualquier cálculo del fraude fiscal y abogó por "ponerle nombre y apellido". Dijo que los 208 millones de euros son la realidad actual y "si supiéramos que hay más, actuaríamos inmediatamente".