Galicia cumple la amenaza de recurrir el fondo de cajas ante el Constitucional

Llevaba meses amenazando con hacerlo y ayer el presidente de la Xunta de Galicia estampó su firma sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) diseñado por el Gobierno central. Alberto Núñez Feijóo censuró la actitud del Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero por "negar el diálogo" a la Xunta y "no presentar ni una sola propuesta en positivo" para corregir un decreto que "invade las competencias de las comunidades autónomas" en tres de sus artículos. "Defendemos el Estatuto de Autonomía con la misma intensidad que la Constitución", se justificó el presidente gallego. Un día antes, su consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, decía que "no hay otra salida ante la larga lista de desagravios y deslealtades" del Gobierno de Zapatero. "Galicia no va a renunciar en ningún momento a tener un papel en la regulación de nuestro sistema financiero", zanjó.

La decisión de la Xunta se produce después de que fracasase el encuentro que ambas instituciones mantuvieron en la Comisión Bilateral de Cooperación que se abrió para negociar la normativa que transforma "las preceptivas autorizaciones autonómicas en meros informes y no vinculantes". El Gobierno gallego pedía modificar la redacción de ese artículo, algo que rechaza el Gobierno central, y por eso el conflicto lo dirime el Tribunal Constitucional.

Desde la oposición, los socialistas gallegos consideran que "la incongruencia de la Xunta queda otra vez de manifiesto", y que esa actuación no hace más que poner palos en las ruedas de un eventual acuerdo para una caja única en Galicia.

Porque, curiosamente, el FROB es la tabla de salvación del proyecto que más ha ocupado a Feijóo en el último año: la fusión de las cajas gallegas. Primero lo intentó por las buenas, sentando a negociar a Caixa Galicia y Caixanova. La negativa de la segunda, que temía una absorción, provocó que el Ejecutivo gallego optase por la vía legislativa. Preparó una ley con el apoyo de los nacionalistas del BNG para modificar el equilibro de poder en las asambleas. El Gobierno central la bloqueó con un recurso de inconstitucionalidad.

Además de Galicia, también Madrid va a recurrir el fondo de ayuda bancaria al Constitucional.