Vuelco en las encuestas a favor de la Ley de Sanidad de Obama

Si la población estaba en contra de la ley antes de su aprobación, el último sondeo de Gallup dado a conocer ayer muestra que ahora son muchos más los estadounidenses a favor de un nuevo sistema sanitario en el país. El 49% de los encuestados considera que la reforma de la salud "es una buena cosa" y casi la mitad de ellos definieron su reacción en términos positivos: estaban "complacidos" y "entusiasmados". Un 40% de los norteamericanos sigue pronunciándose en contra y se declara "molesto" o "desilusionado" con la medida declarada histórica.

La iniciativa de Barack Obama creó una división entre los ciudadanos -sólo fue aprobada por los legisladores demócratas- y prueba de ello sigue siendo que ningún grupo de opinión supera el 50% en las encuestas. El 48% del país cree que la legislación es "un buen primer paso que requerirá más acción" y un 4% considera que la reforma está a la altura de los cambios que se necesitan.

Pero pese a estas cifras y a la petición del presidente de cerrar "el largo debate y empezar la difícil tarea de poner en práctica" la reforma, la minoría republicana en el Senado ha anunciado que pretende hacer fracasar la aprobación de las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara de Representantes. Lo que la oposición pretende es denunciar la validez del procedimiento con el que los demócratas quieren aprobar las modificaciones -con mayoría simple: 51 votos sobre 100-; presentar enmiendas para retrasar la aprobación del texto y que este regrese a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado el domingo por 219 votos a favor y 212 en contra.

Si la firma de la ley por Obama fue un acto lleno de júbilo y emoción, los días que se avecinan estarán repletos de acciones judiciales. Al fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, le faltó tiempo nada más firmar la ley el presidente Obama para reclamar a su equipo legal que se dirigiera a los juzgados y presentara una demanda de inconstitucionalidad sobre la nueva legislación.

Otros 13 fiscales generales del mismo número de Estados de la Unión, encabezados por Florida, presentaron una demanda conjunta similar que denuncia que las amplias reformas que establece la nueva ley violan los derechos de los Gobiernos estatales establecidos por la Constitución de EE UU y provocará enormes gastos que tendrán que enfrentar las administraciones locales.

Mientras el enjambre legal se alborotaba, el presidente firmaba ayer -a puerta cerrada y sin cámaras- la orden ejecutiva que asegura que ni un solo céntimo del presupuesto federal se destinará a interrupciones voluntarias del embarazo y que fue la clave para poder sacar adelante la reforma de la salud al pactar este acuerdo con los grupos demócratas contrarios al aborto.

A diferencia de la festiva puesta en escena que se desarrolló durante la firma presidencial de la ley de reforma sanitaria que el martes atrajo todos los focos, la rúbrica de la polémica orden ejecutiva fue un acto cerrado a la prensa, al que sólo asistieron los legisladores provida que apoyaron la ley. No estuvo entre los invitados el senador por Nebraska Ben Nelson, quien ayudó en la redacción de la medida pero que tiene previsto pronunciarse en contra en la votación de las enmiendas en el Senado.