El BNG ve facetas de "izquierdas" en la política de Baltar

La política de contrataciones de la Diputación de Ourense "cumple la norma legal vigente" por lo que es "prácticamente imposible conseguir una condena judicial por las contrataciones" de su presidente, José Luis Baltar. El grupo provincial del BNG no difunde listas de enchufados del PP en la institución provincial "porque sería injusto: nunca están todos los que son, ni son todos los que están". Tampoco acude a la Justicia: "La única ilegalidad sería que entregaran los exámenes a los opositores o los corrigieran arbitrariamente como todo el mundo sospecha, pero eso hay que demostrarlo", explicaron ayer los diputados provinciales nacionalistas, una postura contraria a la que ha anunciado el PSOE, que piensa acudir a la fiscalía con la lista de vinculados al PP que fueron contratados en las vísperas del congreso provincial de este partido.

"No contrata a empresas privadas y funciona", dice el portavoz del BNG

El BNG reprueba, igual que sus compañeros de oposición, la política de personal de la Diputación. La ha denunciado hasta la saciedad. Ayer, el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, situó el gasto en este capítulo en el 43% del presupuesto de la institución y advirtió de que, con más de 1.000 empleados (cerca de 600 fijos y más de 400 contratados) la Diputación iguala ya a Coren en la primera posición de bolsa de trabajo de la provincia.

Fírvida advirtió de que "no se pueden seguir consintiendo procesos de selección con carácter arbitrario y oscurantistas" en los que "es imposible comprobar si se hicieron las cosas bajo las condiciones que marca la Ley". El portavoz del BNG no tiene duda de que los procesos de contratación de personal están "supeditados a vínculos políticos y familiares del PP" de Ourense. Sin embargo, asegura que acudir a los tribunales sólo supone perder el tiempo y "darle cobertura judicial" al clientelismo "porque Baltar saldría absuelto".

En medio de las críticas generalizadas a la gestión de la Diputación por José Luis Baltar, el BNG encuentra un punto positivo. En su opinión, en la prestación de servicios públicos la Diputación de Ourense "realiza una política de izquierdas", sentenció ayer el diputado Alfonso Grande. Y lo justificó: "No contrata a empresas privadas para que asuman los servicios públicos; los hacen los propios trabajadores y funcionan perfectamente" como es el caso de los de "recaudación, recogida de basura o colaboración jurídica con los ayuntamientos". Claro que Grande reconoció que, con el gasto desorbitado en personal y la deuda en el límite legal, "sería imposible" que la institución pudiera pagar por la prestación de cualquier servicio.

El BNG instará una vez más a Baltar en el pleno de este viernes -como vienen haciendo infructuosa y periódicamente nacionalistas y socialistas desde hace ya años- a que apruebe una ordenanza de contrataciones "transparente y similar a las del Sergas o de Educación". Para la redacción de esta normativa, los nacionalistas proponen una negociación entre los tres partidos representados en la Diputación, los tres sindicatos de clase y las academias ourensanas que preparan a opositores.

Mientras el BNG descarta acciones judiciales, el ex senador socialista Agustín Vega presentó hace unos días en la Fiscalía orensana una denuncia contra el presidente de la Diputación por la contratación de personal para la institución vinculada al PP. Vega aporta listas de contratados cruzadas con la filiación política de los empleados y la "coincidencia" de que los tránsfugas acaben empleados también en la Diputación. Vega presentó además otra denuncia por el "cobro de dietas irregulares" por "cantidades millonarias" ingresadas supuestamente por Baltar, Victorino Núñez, Amador Vázquez e Isaac Vila durante su etapa de senadores. Sostiene que mientras cobraban el sueldo del Senado percibían dietas de la Diputación y de los ayuntamientos.