Vizcaya rechaza la ley de publicidad institucional que ultima el Gobierno
Considera que contraviene competencias forales contenidas en la LTH
La Diputación de Vizcaya amaga con abrir un nuevo conflicto con el Gobierno, con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional como motivo. Su tramitación, aún no iniciada, puede verse entorpecida si la oposición de Vizcaya a que su ámbito de actuación alcance a las diputaciones termina concretándose en un recurso a la Comisión Arbitral. Será el tercer choque con el Ejecutivo de la institución foral bajo mando de José Luis Bilbao (PNV) -tras la financiación del metro y el segundo Guggenheim en Urdaibai- pero el primero que ataña a una ley.
Según fuentes de la Diputación de Vizcaya, el borrador remitido por el Gobierno, que todavía no ha sido enviado al Parlamento, chocaría con la Ley de Territorios Históricos (LTH). El diputado general, José Luis Bilbao, ya ha hecho saber esta posición al Ejecutivo, después de que el Gobierno le enviara un borrador el 21 de octubre pasado, lo mismo que a las otras dos diputaciones. Sólo siete días después, Bilbao comunicó oficialmente por escrito sus reservas, explicaron las mismas fuentes. El conflicto interinstitucional amenaza de este modo al primer proyecto de ley de los contenidos en su calendario legislativo, que el Gobierno enviará a la Cámara después del de Caza, aprobado en el consejo de Gobierno del día 16. La Diputación de Guipúzcoa no ha opuesto alegación alguna, indicaron fuentes oficiales del ejecutivo que dirige Markel Olano, mientras la de Álava no supo facilitar información al respecto la semana pasada.
Bilbao estima que la Ley que apruebe la Cámara no obliga a la Diputación
La comunidad autónoma carece de regulación sobre la publicidad que pagan las instituciones con cargo a las arcas públicas. En más de una ocasión la oposición ha cuestionado en el pasado el uso de esos recursos en campañas, que resultan ser más de autopromoción encubierta de quien está al frente de la institución de que se trate, que de información útil a los ciudadanos.
El anteproyecto se encuentra en fase de dictamen por la Comisión Jurídica Asesora (Cojua) y el Gobierno casi ha agotado los plazos para cumplir su compromiso de remitirla a la Cámara en el primer trimestre del año, según consta en el calendario legislativo aprobado en consejo el 17 de noviembre.
La Diputación de Vizcaya considera que el Parlamento no puede establecer normas para regular la utilización de la publicidad institucional por parte de los Ejecutivos territoriales, por ser ésta, siempre según la visión del órgano foral, una competencia de los territorios históricos. El Gobierno se acoge al artículo 10 del Estatuto de Autonomía, que le otorga la competencia exclusiva de la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, mientras Bilbao reclama el artículo 7 de la Ley de Territorios Históricos, que adjudica idéntico cometido a los órganos forales respecto de sí mismo. "La competencia es foral y la Diputación tiene capacidad para ese tema", señalaron las mismas fuentes oficiales.
El último proyecto de Ley que la Diputación de Vizcaya, junto con la de Álava, impugnó ante la Comisión Arbitral fue el de la Ley Municipal. El recurso al órgano extrajudicial dirimidor de conflictos interinstitucionales, supuso una suspensión de cuatro meses en la tramitación parlamentaria y el consiguiente decaimiento del proyecto por el fin de la legislatura. Es un riesgo que en esta ocasión no existe, porque la Cámara tiene tres años por delante, pero sí puede suponer un retraso sobre los planes del Gobierno.
Prohibido el autobombo
Sólo el Gobierno tuvo en 2009 un presupuesto de 8,5 millones para publicidad institucional. El de la Diputación de Vizcaya, única de las tres que facilitó sus cifras, fue de 4,5 millones. Buena parte de ese montante se va en los anuncios oficiales de publicación obligatoria, a los que la nueva ley no afectará. La cuestión está en regular el uso de las cantidades nada despreciables que se van en campañas discrecionales de cada administración. El Gobierno quiere que todas ellas, desde el propio Ejecutivo, hasta los Ayuntamientos, se sometan a la misma norma. La Ley que aprobaron las Cortes en 2005 indica que esas campañas deben tener "utilidad pública". Esto implicar erradicar "aquéllas que alberguen como finalidad ensalzar la labor del Gobierno". El texto legal prohibe la realización de campañas institucionales entre la convocatoria de unas elecciones y su realización -salvo las marcadas por ley sobre el propio proceso electoral-así como, en todo tiempo, las que busquen "destacar los logros de gestión" de la administración. Su artículo 4, que recoge éstas y otras prohibiciones tiene carácter de legislación básica.
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