Imputados Jabyer Fernández y su hermana en la denuncia de Diputación

El empresario Jabyer Fernández y su hermana Susana deberán comparecer el próximo 16 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao en calidad de imputados en la causa abierta a raíz de la denuncia por apropiación indebida y delitos societarios que se sigue por su gestión en Iurbenor. El juez José María Eguia Baltellas dictó el pasado 15 de marzo esta providencia en la que acepta la petición cursada por la Diputación Foral de Vizcaya, según ha podido conocer EL PAÍS.

Fernández ya declaró como imputado en mayo de 2009 por la denuncia presentada semanas antes por siete de sus ex socios de Iurbentia, participada por Iurbenor. En este nuevo proceso, el afectado dijo ayer que "ahora Hacienda, por fin, se hace presente en el caso cuando de lo que se trata es de una línea de crédito que Iurbenor firmó con Residere por un importe máximo de 30 millones y que es algo habitual entre las empresas de nuestro grupo" .

Se analiza el crédito de 30 millones que Iurbenor concedió a Residere

Fernández ve la operación como "una más de la que ha hecho el grupo"

No obstante, en las diligencias presentadas por Diputación y aceptadas por el juez se incluyen, además, numerosas operaciones económicas y societarias acometidas por Fernández a partir de la venta de los terrenos aludidos, que se encuentran en Lutxana (Barakaldo). En realidad, la providencia recoge la casi totalidad de las actuaciones consignadas en el informe de los tres administradores concursales de Iurbenor. Este convenio de asistencia financiera del 27 de enero de 2009 entre los dos hermanos Fernández es el primero de los cinco bloques de gestiones analizados en el informe concursal, donde se consigna que la operación se hizo "sin exigencia a la prestataria de formalización de garantía alguna"

La decisión del juez acota, de entrada, la supuesta responsabilidad en la gestión de esta empresa a la que la Hacienda vizcaína no concedió el aplazamiento del pago del IVA devengado de la operación de venta de los terrenos de la futura urbanización Puerta de Vizcaya y que se sitúa en torno a los 43 millones de euros. Así, la condición de imputados se reduce a los hermanos Fernández ya que ambos fueron los firmantes de la operación de crédito en su condición de representantes de cada una de las partes y no se extiende, zanjando así los rumores extendidas en medios económicos, a ninguna otra de las personas que en esos momentos ocupaban puestos de confianza en el grupo de Fernández.

Dentro de este nuevo auto, en un caso que tiene aseguradas más entregas en sede judicial, destaca el hecho de que Susana Fernández, que prestó declaración como testigo el 6 de noviembre de 2009, lo hará en este caso como imputada cuando vuelva ante un juez el próximo mes habida cuenta de su condición de apoderada de Residere.

Jabyer Fernández, por su parte, ya declaró el pasado mes de mayo, también en calidad de imputado ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao. Denunciado por Fernando García Macua y otros seis ex socios de Iurbentia, Fernández compareció junto a su abogado ante el juez para defenderse de tres acusaciones: apropiación indebida, delitos societarios y contra la Hacienda pública. En todo momento, Fernández ha mantenido que su voluntad no es eludir en ningún caso las responsabilidades fiscales que se derivan de la operación de Puerta de Bilbao, pero insiste en reclamar un aplazamiento "similar al concedido a otras empresas en Vizcaya", reitera.

Cabe recordar que el auto del juzgado de fecha 5 de mayo de 2009 acuerda incoar diligencias por un delito societario, un delito de apropiación indebida y un delito contra la Hacienda Pública. A su vez, en el acta de información de derechos y de primera declaración el pasado 29 de mayo se le informó a Jabyer Fernández de su condición de imputado por los tres mismos supuestos delitos.

La próxima declaración como imputados de Jabyer y Susana Fernández es consecuencia directa de la estimación hecha por el juez Eguia del escrito de 26 folios remitido por la procuradora Montserrat Colina, en representación de la Diputación vizcaína y en el que se recoge la esencia del informe de los tres administradores concursales, instruido en el concurso voluntario de acreedores de Iurbenor Producciones que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao y es completado con una amplia documentación -diez folios- para dar cuenta de jurisprudencia relativa a los casos que se denuncian.

Las peticiones penales de Diputación son prácticamente idénticas para los dos hermanos Fernández. Así, se reclama que se les tome declaración en calidad de imputados por el presunto delito de insolvencia punible en su modalidad de concurso fraudulento, aunque en el caso de Susana Fernández en calidad de cooperador necesario. Según establece el Código Penal, el que fuera declarado en concurso "será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa de 8 a 24 meses cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre".