"Esta situación no se arregla con un nuevo tipo de contrato"

Marcos Peña (Madrid, 1948) preside el Consejo Económico y Social (CES) desde 2006. Fue secretario general de Empleo y en sus tiempos se puso en marcha el Pacto de Toledo, con José Antonio Griñán, actual presidente de Andalucía, como ministro de Trabajo. Desde el observatorio que supone un organismo en el que se juntan las fuerzas políticas y sociales habla de él, del diálogo social, del Estatuto de los Trabajadores...

Pregunta. ¿Hay que modernizar o cambiar el Estatuto de los Trabajadores para facilitar la flexibilidad interna de las empresas como pide la patronal?

Respuesta. Todo el mundo es consciente de que las condiciones de trabajo se pueden ordenar de manera más flexible; pero siendo consciente de lo que es flexible la capacidad de doblarse sin romperse. Luego cada uno tiene su interpretación. En cualquier caso, lo que haya que hacer, hay que hacerlo de manera racional, exista crisis o no, y en las mesas de negociación o en la acción del Gobierno. Dicho esto, cualquier persona mínimamente progresista defiende las reformas porque es consustancial al progreso.

"Cambiar el Estatuto de los Trabajadores exige cambiar la Constitución"

"¿No se alcanzarían mejores acuerdos en un clima de entendimiento?"

"Nos hemos evadido de la senda natural del Pacto de Toledo"

"El asunto vital para un pacto de Estado por antonomasia es la educación"

P. ¿Y qué interpretación cree que tiene la patronal? ¿Corre el riesgo de romper algo?

R. Hace poco les oí, y además a gente lista, que había que dar una vuelta total al Estatuto. Pero cambiarlo, exige cambiar la Constitución, que establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva y la representatividad de los firmantes.

P. ¿Usted cree que se puede negociar en el actual clima?

R. La situación patronal-sindical es lo que mejor funciona. Es un mérito que este país debería reconocer a los actores sociales, sometidos a una avalancha de críticas peligrosa. Están en primera línea y hacen lo que pueden, mientras otros anuncian que no hay que pagar impuestos. Ésa es la diferencia. Llevan muchos años negociando acuerdos en un ambiente de discreción, al margen de los resquicios que siempre existen para la estupidez y para declaraciones poco pertinentes como los que dicen que la clave genital de la política es que no hay coraje para hacer esto.

P. ¿Usted piensa eso?

R. No. Yo critico a quien lo dice. Porque son planteamientos que impiden el debate racional. Yo creo que el único instrumento revolucionario que le queda a mi generación es la razón. Y los debates hoy se separan de la razón, que significa respetar el procedimiento, conocer la situación, escuchar al otro, asumir la propia falibilidad y proponer algo sensato y no pasional. ¿No se alcanzarían más y mejores acuerdos en un clima de entendimiento político?

P. ¿Y hay coraje para ese entendimiento y hacer reformas?

R. No creo que sea cuestión de coraje o valor. Esta identificación mitológica entre poder y valentía me parece muy pueril.

P. ¿Habrá acuerdo pronto sobre el diálogo social?

R. Mi impresión es que la mesa de negociación está mejor que la imagen que se tiene de ella. Me produce cierto miedo la inflación de expectativas, esa especie de acuerdo milagroso. El proceso de negociación no es una etapa, es una actitud permanente que vaya haciendo pequeñas reformas. Y creo que se está haciendo bien.

P. ¿Está de acuerdo con los nuevos contratos con indemnización más barata?

R. Quiero hacer algunas aclaraciones. En España tendremos 1,3 millones de empresas, de las que sólo 4.500 tienen más de 250 trabajadores, y algo más de un millón con menos de cinco. Por un lado, hemos perdido 1,6 millones de empleos reales, de los que el 55% ha sido por finalización de contratos temporales y el 35% por despidos individuales. Y, por otro, la temporalidad roza el 30%. Pero desgraciadamente, la segmentación de la temporalidad no es la única, también está la segmentación por género, la de jóvenes y no jóvenes, la de nacionales y extranjeros, y la de los que saben y no saben, que debería ser la que centralizara el debate.

P. Pero contésteme si está de acuerdo con el nuevo contrato.

R. Todas esas segmentaciones se entrecruzan, se autoalimentan. El problema es de tal magnitud que no se arregla con un nuevo tipo de contrato. Me parece que no es lo más importante, banaliza el debate. Lo de los nuevos contratos frivoliza la discusión y la desplaza del núcleo principal.

P. ¿Qué es lo importante?

R. Los servicios de empleo, la formación, la flexibilidad interna, que son vitales, y al hilo de ellos las bonificaciones a la contratación y la implicación de la Administración de Justicia. Estoy de acuerdo, con quien localiza como obstáculos a la actividad empresarial, el sistema de concesión de licencias y permisos, el funcionamiento de la Administración de Justicia y la coordinación entre los poderes públicos. Eso es en lo que hay que batallar de verdad y no sobre un nuevo contrato.

P. Ha citado a la Administración de Justicia.

R. El 35% de las extinciones de contrato ha sido por despidos individuales con 45 días de indemnización, con lo que habría que suponer que son ilegales. Y esto ha pasado al imaginario popular como un derecho: todo despido, sea procedente o no, tiene indemnización. Pero es razonable pensar que el 35% de los despidos ni son ilegales ni realizados por la mala fe empresarial. No es posible que todos los despidos sean improcedentes. Algo tendría que hacer la Administración de Justicia para arreglarlo. No sé si vamos a ponernos estupendos, pero la credibilidad la da sólo un Estado sometido a derecho con una Administración de Justicia que funcione.

P. ¿Qué opina de las palabras del ministro Corbacho sobre los fondos privados?

R. ¿Cómo se puede criticar? Es sonrojante que se dé como noticia que el presidente y los ministros tienen o no planes de pensiones. Todo eso genera confusión y nadie sabe qué se está discutiendo, ni por qué, ni sabe explicarlo porque se ha viciado desde el comienzo. Como siempre el argumento se convierte en garrote político. Eso hace difícil el debate.

P. ¿Se refiere al PP?

R. Pero sin una identificación muy clara porque es muy mala la separación entre buenos y malos, esa demonización del otro. Me da igual que lo haga la izquierda o la derecha. Yo tengo algo que ver con el Pacto de Toledo, y nos produjo mucha satisfacción porque, siendo un tema de gran magnitud, se logró el consenso político. Durante 15 años se ha protegido el sistema, no ha estado en el escenario, no se ha discutido; pero de repente estalla. Nos hemos evadido de la senda natural.

P. ¿Cree que se arreglará?

R. Nadie ha dicho cuál es nuestro gasto en pensiones sobre el PIB en relación con otros países. En España es el 8,7%, y la media en Europa-15 es del 12,3%. Francia tiene más del 13%; Italia, más del 14%; y Alemania y Dinamarca, el 12%... No estamos tan mal, pero el mensaje es contrario: "Tú con 40 años no vas a cobrar la pensión". Hay que hacer cosas, sin duda; pero sin perder la razón.

P. ¿Qué?

R. En 2009 acabamos con un fondo de reserva que ronda el 6% del PIB. En 2025 estaríamos en 9,8% del PIB en gasto y con dificultades de financiación. En 2050, rondaríamos el 16%. Para pagar eso, España necesitaría una población activa de 60 millones de personas con los parámetros actuales y una población de 85 millones. Inalcanzable. Las respuestas son amplísimas: hay que actuar con las cotizaciones, el cálculo, el tiempo y políticas de guarderías. Ése es el debate que interesa. Hemos pasado de una tasa de vida en la pensión de año y medio a 18 años, estamos en el envejecimiento del envejecimiento y eso no se soluciona con una pensión, exige una sociedad distinta. Ésa es la reforma.

P. ¿En que temas hay que llegar a pactos de Estado?

R. Tenemos que tener cuidado, no hablar de pactos de Estado para todo. Yo prefiero más entendimiento político que pacto. Que se discuta sobre asuntos vitales, y el asunto vital por antonomasia es la educación.