¿Hasta cuándo será culpable?

¿Anonimato o publicidad? ¿Rehabilitación o castigo eterno? ¿Justicia o venganza? ¿Hay que exponer en la plaza pública a un niño asesino? O, al contrario, ¿hay que elevar la edad a la que un niño puede ser juzgado como un adulto? Estas y muchas otras preguntas han acompañado el revuelo generado en Reino Unido la noticia de que Jon Venables, uno de los dos niños que en 1993 asesinaron a James Bulger, de dos años, ha vuelto a prisión. Venables estaba en libertad porque él y Robert Thompson tenían sólo 10 años cuando se llevaron de un centro comercial de Bootle, cerca de Liverpool, al pequeño James, lo torturaron y mutilaron hasta la muerte.

Juzgados como si fueran adultos, Thompson y Venables se convirtieron en los culpables de asesinato más jóvenes de la historia de Reino Unido, y fueron encerrados hasta su mayoría de edad. Tras ser condenados, el juez permitió que los medios divulgaran su identidad e incluso las fotografías que les hizo la policía al ficharles. En 2001, cuando al cumplir 18 años podían haber sido enviados a una prisión convencional, la Justicia les consideró rehabilitados y fueron puestos en libertad condicional. El Estado les garantizó entonces el anonimato.

Venables fue juzgado como adulto aunque sólo tenía 10 años

Los dos criminales fueron puestos en libertad al cumplir la mayoría de edad

Pero, la semana pasada, el Ministerio de Justicia anunció que Jon Venables había sido detenido por violar las condiciones de su libertad condicional, sin especificar los motivos. El ministro de Justicia, Jack Straw, explicó que esa drástica decisión se tomó porque sobre Venables, que tiene ahora 27 años, recaían "acusaciones extremadamente graves".

La noticia reabrió viejas heridas que en realidad nunca han cicatrizado. La madre de Bulger, Denise Ferguson, exigió que Straw explicara esas acusaciones, pero éste se negó. No sólo para seguir protegiendo el anonimato de Venables, sino para impedir que, si es identificado, sus abogados puedan alegar que es imposible que tenga un juicio justo y acabe siendo absuelto.

Pero la hiperactiva prensa británica se lanzó a la caza y, tras afirmar primero que había sido arrestado por una pelea, ha tomado cuerpo la creencia de que ha sido acusado de tener pornografía infantil en su ordenador.

"El debate está empezando a girar en torno a si deberíamos o no saber lo que está pasando y cuánto de eso deberíamos saber", explica Ian Loader, director del Centro de Criminología de la Universidad de Oxford. "Están emergiendo dos corrientes de presión pública. Una que dice que deberíamos saber de qué se le acusa; esa sería la posición del diario The Sun. Y alguna gente, aunque muy poca, quiere que se le identifique. La posición del Ministerio de Justicia, y creo que tiene razón, es que no podemos saber de qué se le acusa porque, si realmente se le acusa de tener pornografía infantil, no puede haber muchos jóvenes de 27 años que vayan a comparecer ante los tribunales en los próximos dos o tres meses acusados de eso. Si sabemos cuál es el delito, inmediatamente será identificable. Y sus abogados probablemente serán capaces de demostrar que hay tanta presión que no hay forma de que pueda ser sometido a un juicio justo, lo que pone en peligro la posibilidad de que sea juzgado".

Loader opina que las cosas serían muy diferentes "si la identidad de los niños no hubiera sido revelada nunca y no hubieran sido juzgados en un tribunal de adultos, lo que hizo que el caso tuviera un impacto social mucho mayor". "Recientemente dos niños torturaron casi hasta la muerte a otro niño en el norte de Inglaterra. El asunto tuvo bastante publicidad, pero ninguno de los implicados ha sido identificado, y eso ha ayudado a moderar sus consecuencias.

El caso Bulger, en cambio, se ha convertido en una metáfora que nos sigue persiguiendo y que nos está llevando a un tipo de política de ley y orden mucho más emotiva, mucho más hiperactiva y frenética, mucho más centrada en torno a los prisioneros. En ese sentido, hoy seguimos viviendo las consecuencias de las opciones políticas que se tomaron en su día", señala Loader.

"Las víctimas se están convirtiendo en figuras públicas ejemplares, y mucho de lo que se ha hecho en política de justicia criminal se ha hecho muy explícitamente en nombre de ellos", reflexiona. "Muchas son cosas perfectamente legítimas, como darles información o intentar que el sistema les devuelva la confianza, pero a menudo toma una forma muy particular que parece negar todo derecho a los delincuentes. En Reino Unido se está dando por sentado que la víctima sólo puede ganar si a los delincuentes se les hace sufrir y se les priva de sus derechos", asegura Loader.

Los tabloides denuncian que el problema con Jon Venables es que nunca debió salir en libertad provisional dada la atrocidad de su crimen. Pero Maggie Atkinson, responsable de la Comisión para la Infancia, defendió ayer todo lo contrario en una entrevista en el diario The Times: "En la mayoría de los países de Europa occidental se trata de forma muy diferente a los jóvenes criminales. Sus sistemas son más terapéuticos, más basados en la familia y la comunidad, mucho más basados en la reparación que en simplemente encerrar al niño". Y defendió que la edad mínima para juzgar a un niño debería ser elevada de los actuales 10 años a 12. En su opinión, Jon Venables y Robert Thompson "no tenían que haber sido juzgados en un tribunal de adultos porque aún eran unos niños".