Entrevista:ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL | Decano del Colegio de Abogados de Madrid

"Lo que hizo Garzón es gravísimo"

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, afirma que las escuchas ordenadas por el juez Garzón a los imputados de la red Gürtel que están en prisión y a sus letrados son nulas porque se ordenaron de forma genérica. Sostiene que no se debió escuchar a los abogados aunque el juez buscase evidencias de que varios de ellos podían ayudar a sus clientes a blanquear dinero y han sido imputados en la causa.

Pregunta. ¿Por qué se ha personado el Colegio en el caso Gürtel?

Respuesta. Tras los primeros autos de Garzón, cuando conocimos la resolución que había dictado el magistrado instructor del TSJ, pensamos que si ese criterio se consolidaba, el derecho de defensa que nosotros como abogados queríamos habría resultado transformado en uno distinto. Con el aval de la Junta, yo tomé la decisión de personarnos. Decimos en el recurso que nosotros no tenemos interés más que en esto, no en el resultado del proceso. Por tanto, los temas de nulidades no tienen que ver con nosotros.

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P. No buscan nada, pero si se cargan las escuchas, están buscando un resultado: la nulidad de las actuaciones y dejar impune la conducta de unos abogados y de unos imputados en un tema de corrupción…

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R. Yo como institución no puedo dejar de actuar respecto de lo que causa la lesión al derecho de defensa. Las consecuencias procesales de eso, en las que yo no entro, pueden ser muy variadas.

P. No será de su interés, pero una cosa lleva a la otra... Los abogados ¿pueden delinquir o no?

R. Yo no defenderé la actuación de un abogado que da un paso más allá de lo que es el ejercicio de su profesión. Estará sujeto a lo que tenga que estar en función de su actuación. Pero aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la intervención de comunicaciones de "cualesquiera abogados", que lo sean hoy o que estén en el futuro. Imposible vincular la autorización con la situación de un abogado, porque se extiende a todos.

P. Se determinó respecto de unos abogados…

R. Se mencionó nominativamente a uno, pero en la misma resolución se extiende a todos.

P. Entre los que están el despacho De Miguel, del que dice el fiscal que intervino "en la creación de circuitos financieros para la ocultación y expatriación de fondos", y Blanco Balín, por la "creación de nuevos circuitos financieros en Holanda, las Antillas Holandesas y Suiza".

R. Pero la orden es respecto de todos, no respecto de esos…

P. Sí, pero esos están imputados en la causa ahora mismo.

R. Se ha escuchado a abogados sin ninguna imputación.

P. Pero están imputados De Miguel, Blanco Balín, y también Manuel Delgado Solís…

R. Yo no quiero mencionar nombres… No es ese el tema.

P. Es que no es sólo un abogado. Hay cuatro imputados y parece que son esos los que nombran a los que les sustituyen.

R. No se puede cercenar así el derecho de defensa.

P. En el caso del abogado y narco Pablo Vioque, ¿está justificada la intervención porque dio instrucciones de matar a un fiscal?

R. Si yo, sin saberlo antes, a través de las intervenciones averiguo eso, aunque sea una enormidad, si lo sé porque he hecho algo que la ley no me ampara a hacer, eso no puede ser.

P. Es que no podemos desconocer el caso concreto. No es el primero que ha habido.

R. Nada de esto se ha dicho en la resolución que combatimos nosotros. Cuando se ordena algo tan grave como intervenir la comunicación personal, hay que explicitar las razones, no se puede confiar en que el órgano de instrucción ya sabe suficiente.

P. ¿Eso justifica la querella? ¿Hay que buscar la condena del juez que ordena las escuchas?

R. Es una decisión de la Junta. Lo que ha pasado es gravísimo. Tenemos que tomar la reacción más enérgica.

P. ¿La inhabilitación del juez?

R. No, no…

P. Una querella no se pone por cariño…

R. No, no. Es la depuración de las responsabilidades en que pueda haber incurrido, pero quien tiene que hacerlo, desde luego, no es el Colegio. Nosotros tenemos la obligación de reaccionar con las armas que nos da el ordenamiento jurídico.

P. ¿Y eso no es un aviso a los demás jueces?

R. Es un acto de afirmación de la importancia del derecho de defensa.

P. ¿En un caso de corrupción que vincula al PP, y da la casualidad de que hay que querellarse contra Garzón?

R. Precisamente por la independencia no puedo dejarme llevar porque es el caso que es, ni porque tiene la implicación política que tiene, ni porque afecta a un juez que ha hecho, seguro, mucho bien al país en muchas cosas.

P. Ahora que el juez está en el banquillo del Supremo, y el principal implicado, Correa, se persona. ¿Todo eso no modifica nada?

R. A día de hoy, lo que hemos hecho ha sido actuar en el seno del proceso porque allí había una actuación necesaria. ¿Qué más vayamos a hacer? Pues iremos ponderando las circunstancias.

Antonio Hernández-Gil.
Antonio Hernández-Gil.ULY MARTÍN

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