Gramepark adjudicó 29 proyectos de forma irregular por valor de 35 millones de euros
Auditada la empresa municipal de Santa Coloma vinculada al 'caso Pretoria'
La gestión urbanísitica que se articuló en los últimos tres años en Santa Coloma de Gramenet a través de su constructora pública Gramepark -investigada por el caso Pretoria- está plagada de irregularidades. La auditoría encargada por el Ayuntamiento señala que al menos 29 adjudicaciones de la sociedad pública se realizaron de forma irregular desde 2007. Son contratos de obras y servicios, según el informe, que suman 35 millones de euros, de los que 26,3 corresponden a proyectos encargados a dedo.
La auditoría elaborada por Deloitte y a la que ha tenido acceso EL PAÍS destapa que en los dos últimos años de mandato del ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz, imputado por el juez Baltasar Garzón, Gramepark encargó 29 proyectos saltándose las normas de contratación pública. Y lo hizo, según la auditora, sin "justificación". Los incumplimientos más graves son las adjudicaciones a dedo de 14 contratos, en alguna ocasión tapadas con procedimientos negociados -concursos restringidos- que eran irregulares porque superaban la cantidad de un millón de euros, el máximo permitido por la ley.
La constructora Proinosa, presidida por Josep Singla, que está en libertad bajo fianza por este caso, se llevó de manera directa tres de los mayores proyectos. La empresa se hizo con el garaje del edificio Cubics, que investiga Garzón como epicentro de la trama. Según el informe, el ex arquitecto Jordi Nadal, apartado por la Oficina Antifraude por trabajar simultáneamente para Proinosa, defendió que la constructora de Singla era "la única empresa" que podía ejecutar el garaje al estar construyendo ya los edificios. Gramepark se lo adjudicó a dedo por 2,28 millones.
Nadal emitió otro informe, según Deloitte, para adjudicar las obras del aparcamiento de la calle de Banús por 3,76 millones a Proinosa. Este contrato se realizó tras un procedimiento negociado que se publicitó en la web de Gramepark, cuando la sociedad fijó, de acuerdo con la ley, que sólo podía usar este proceso de adjudicación con obras de menos de un millón.La constructora Proinosa fue entre 2007 y septiembre de 2009 la primera adjudicataria de obras de Gramepark, según Deloitte. Se llevó contratos por 13 millones de euros. Entre ellos, un aparcamiento en la calle de Moragues que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Proinosa se hizo con el proyecto por 3,16 millones de euros a pesar de quedar por detrás de otra constructora. Lo mismo sucedió con otro garaje de la calle de Verdi, que quedó, con mucha diferencia, por detrás de Excover, otra empresa que también optaba a los trabajos. Aun así, Proinosa se quedó con las obras, por las que se embolsó 2,06 millones.
Proinosa, que fue la constructora que más proyectos ganó en los últimos tres años, no fue la única que recibió los presuntos favores de Gramepark. La segunda constructora, Faus, de la que Deloitte no obtuvo respuesta para elaborar la auditoría, se hizo con el proyecto de la plaza de Olimpo por más de seis millones de euros, pese al informe negativo de la interventora. Y la quinta, Gecoinsa, se llevó la construcción de un garaje en Can Franquesa por 1,7 millones tras un procedimiento negociado que excede lo legalmente previsto.
El informe de Deloitte, además, confirma la "sombra de sospecha" que, según la oposición de Santa Coloma, hay en la obra pública que impulsó el ex alcalde Muñoz. Porque incluso proyectos tan emblemáticos para la ciudad como el Front Fluvial aparecen salpicados. La auditora detecta un sobrecoste "no contemplado" de 1,94 millones en una promoción de vivienda pública que facturó Construcciones Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que continúa en prisión.
Además de esos contratos, Deloitte señala que tampoco salieron a concurso los encargos de varios proyectos de redacción y dirección de obras. La concurrencia, en este caso, es obligatoria cuando superan los 50.000 euros. En tres casos, el adjudicatario fue Borja Carreras Moisy, ex director general de Arquitectura y Vivienda con Felipe González y ex gerente de Urbanismo de Barcelona. Estos contratos, que suman 1,13 millones, siempre se dieron "de forma directa", según la auditora.
Las irregularidades van más allá de las adjudicaciones directas. La auditoría, cuyo diagnóstico coincide con el de la Oficina Antifraude, advierte de que el Ayuntamiento encargó obras sin el encargo específico del Consistorio, "amparándose en el convenio marco firmado entre el Ayuntamiento y la sociedad", así como en las "aprobaciones de la junta de gobierno", algo que el informe rechaza. Asimismo recuerda que la ex interventora Maite Carol ya emitió informes negativos sobre estas operaciones, que en este periodo sumaron 835.000 euros. Sin embargo, la consultora no evalúa su impacto económico, legal o financiero, por quedar fuera "del alcance del trabajo" encargado. El último bloque de irregularidades corresponde a proyectos que se licitan antes de que termine el plazo de exposición pública. De acuerdo con el informe, así se adjudicaron 10 contratos de obras y servicios que sumaban 7,39 millones de euros. En la mayoría de estos casos, sin embargo, se da más de una irregularidad. Por ejemplo, en el caso del contrato de urbanización del pasaje de Caralt, de 309.000 euros, no sólo no se licitó antes de que terminara el periodo para informar a los ciudadanos, sino que incluso se dio el contrato de ejecución. Y en el caso de la urbanización del centro de educación Primavera, sin encargo local, el informe sobre el análisis de las plicas es anterior a la reunión de la mesa de contratación.
A fecha de 30 de septiembre, la deuda de Gramepark era de 60 millones de euros. Esta cantidad es 15 millones inferior a la que el juez Baltasar Garzón anunció en su primer auto sobre el caso Pretoria. Ello se debe que el magistrado incluyó también proyectos que debían empezar a ejecutarse a finales de año.
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