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COLUMNA

Vacaciones parlamentarias

El presidente del Senado se adelantó por pocos días a su colega del Congreso con la propuesta de ampliar de nueve a 11 meses (enero y julio son actualmente vacacionales) el periodo ordinario de sesiones de las Cortes Generales. La iniciativa satisface a la vez la necesidad funcional de mantener activo el Parlamento todo el año (salvo agosto) y la conveniencia política de asumir las críticas sobre la relajada actividad de diputados y senadores.

La modificación del calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias fijado por la Constitución sería asunto de coser y cantar si de verdad la respaldan los grupos socialista y popular, que el pasado año anunciaron primero y olvidaron después idéntica promesa. Ambos partidos suman el número de diputados y senadores suficientes para alcanzar los tres quintos de cada Cámara exigidos en las reformas constitucionales y para eludir el engorroso referéndum que puede ser convocado a instancias de una décima parte de las Cámaras. El acuerdo entre los dos grandes partidos ofrecería la ventaja añadida de acabar con el supersticioso tabú de la intangibilidad de la Constitución, revisada en 1992 por primera y única vez a fin de acomodar el artículo 13 al Tratado de Maastritch y cada vez más necesitada de una revisión técnica. Si la reforma constitucional para suprimir el corsé vacacional de los periodos de sesiones se demorase con exceso, el Congreso y el Senado podrían modificar sus reglamentos y hacer una laxa utilización del artículo 73.2, que permite a las Cámaras reunirse en sesiones extraordinarias -a petición del Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría de sus miembros- sobre un orden del día determinado.

La hostilidad hacia las Cortes forma parte de la cultura política española

La desconfianza y la hostilidad hacia el Parlamento forman parte de la cultura política española, que sólo había conocido en su historia -salvo los cinco años de la Segunda República- o bien versiones caricaturescas de la institución, como las Cortes orgánicas del franquismo con sus disciplinados procuradores por el tercio familiar, municipal y sindical, o bien variantes predemocráticas, como el Congreso de la Restauración muñido por los encasillamientos gubernamentales y los pucherazos caciquiles. Todavía hoy basta con la publicación de unas fotografías del hemiciclo semivacío de las Cámaras para que el populismo se lance con saña sobre los representantes de la soberanía popular, designados por casi el 80% de los ciudadanos en elecciones libres.

Junto al absentismo laboral y las vacaciones de colegiales, las ceremonias de lapidación suelen utilizar también como objeto contundente el supuesto secretismo y desmesura de los ingresos parlamentarios. A la vista de los datos disponibles, la demagogia acerca de las remuneraciones de diputados y senadores -congeladas desde hace dos años- pasa de castaño oscuro. La web del Congreso (www.congreso.es) detalla hasta con céntimos la asignación mensual ordinaria de los diputados, los complementos y gastos de representación o de libre disposición de quienes además desempeñan cargos institucionales (en las Mesas de la Cámara y de sus Comisiones o como portavoces) y las restantes ayudas, franquicias, gastos de transportes y comunicaciones, complementos de pensiones e indemnizaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones. También van a ser colgadas en la red las actividades privadas retribuidas de los parlamentarios declaradas compatibles. La valoración de esos ingresos dependerá del término de comparación escogido. El punto de referencia deberían ser las asignaciones recibidas por otros parlamentarios europeos: los italianos perciben casi el triple y los franceses y alemanes en torno al doble

La silenciosa pasividad en los escaños de buena parte de los parlamentarios españoles (excepto para ovacionar o abuchear como la claque de un teatro) es consecuencia del Reglamento de las Cámaras y de la disciplina militarizada de los grupos estructurados por los partidos. La falta de contacto de los representantes electos con los ciudadanos que les han votado se debe a las grandes circunscripciones provinciales, a las listas bloqueadas y cerradas y a unos partidos que no se han ocupado de inventar distritos virtuales dentro de esas macrodivisiones oficiales para encomendárselos a diputados permanentes con nombre y apellido, cara y ojos, que escuchen las quejas de los votantes y las transmitan al Parlamento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de marzo de 2010