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Una "condena inhumana" de dudoso encaje constitucional

La cadena perpetua que propone el PP, sea revisable o no, choca con la obligación que establece la Constitución de que las penas de prisión tengan una finalidad de reinserción. El artículo 25.2 de la Constitución establece que estas condenas "estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

- Marc Carrillo. El profesor de Derecho Constitucional se basa en ese artículo para dudar de la constitucionalidad de la propuesta. "A mi juicio, la cadena perpetua carece de cobertura constitucional, porque excluye la obligación de buscar la reinserción social. Tampoco sirve a este fin la posibilidad de introducir una eventual revisión de la condena".

- Ramón Sáez Valcárcel. El magistrado de la Audiencia Nacional cree que se trata de "una pena inhumana" y recuerda que España "es uno de los países con menor criminalidad pero con más población reclusa". "Nuestro problema es un exceso de prisión que sufren los más pobres. La cadena perpetua es una falsa polémica para no ver el fracaso del sistema penal en temas como la corrupción política y urbanística o el fraude fiscal".

- Julián Ríos. El experto en Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas mantiene que "la prisión perpetua impone sufrimiento perenne al condenado y su familia, como si las penas existentes de 30 y 40 años de prisión, casi imposibles de cubrir en un período vital, no bastara para prevenir los delitos, o como si esa medida fuera a dotar de más seguridad a la ciudadanía. Sólo estaremos más seguros incrementando las políticas sociales, educativas y laborales y dotando de más medios a policías, jueces e instituciones penitenciarias".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de marzo de 2010