Espías de Aguirre exigen que EL PAÍS señale al funcionario que les denunció

Enrique Molina, abogado de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre imputados por los seguimientos ilegales en 2008 a Alfredo Prada y Manuel Cobo (cargos del PP a los que la presidenta autonómica no apreciaba mucho por entonces), ha pedido a la juez que instruye al caso que cite al periodista de EL PAÍS que destapó el escándalo para que identifique al funcionario de la Consejería de Interior que le entregó los partes del espionaje y que, además, revele el nombre del alto cargo regional -al menos un consejero del Ejecutivo autónomo- que confirmó al periódico la veracidad de los hechos denunciados.

El letrado de los agentes imputados -un ex guardia civil y un ex policía nacional- sostiene que si el periodista no revela sus fuentes, deberían anularse todas las evidencias del delito y el asunto debería ser cerrado por falta de pruebas, a pesar de que sus clientes han admitido que hicieron los seguimientos y éstos fueron confirmados por la compañía Movistar en un informe sobre los posicionamientos telefónicos.

El abogado de los ex guardias civiles desecha la confesión de sus clientes

La defensa pretende anular el caso antes de que lleguen al juzgado más pruebas

El presunto autor de los partes de vigilancia lleva un año de baja

La defensa niega la malversación aunque los indicios fueran ciertos

La petición del letrado Molina, prestigioso ex fiscal de la Audiencia Nacional, para que se exonere a los cuatro imputados que aún mantiene en nómina el Gobierno de Aguirre, elude algunos puntos ya irreversibles de la investigación judicial, que se demora desde hace un año. Tres de sus clientes, ex guardias civiles fichados con el doble de sueldo como asesores personales del consejero de Interior, Francisco Granados, ya han confesado ante la juez que siguieron a Prada durante semanas por orden del entonces director general de seguridad, Sergio Gamón, en mayo de 2008. En su declaración aseguraron que eran contravigilancias, para justificar que su trabajo era supuestamente legal.

Los ex guardias civiles confesaron los seguimientos ante la juez después de que en su primera declaración policial negaran haber seguido a Prada. Su confesión en el juzgado no fue fruto de ninguna reflexión o arrepentimiento. Tuvieron que reconocer el marcaje a Prada porque para entonces ya sabían que sus teléfonos móviles habían delatado sus pasos y se sabía que ellos habían estado justo allí donde los partes de espionaje decían que se encontraba Prada, día a día, minuto a minuto.

Los tres ex guardias civiles aseguraron que ese marcaje lo ordenó Gamón, entonces director de Seguridad de la Comunidad, fichado personalmente por Aguirre. Pero Gamón, que compareció unas semanas después ante la juez, les desmintió, declaró que nunca ordenó los seguimientos a Prada y que entre las tareas asignadas a los agentes no podía estar la contravigilancia pues no era competencia de la Comunidad.

Molina, letrado de Gamón y de los tres ex guardias civiles, no ha planteado un careo para aclarar de quién fue la idea de seguir a Prada de esa manera tan especial, pues durante el mes de mayo esos agentes de confianza no hicieron prácticamente otra cosa. En el escrito remitido a la juez, el abogado de los presuntos espías prefiere arremeter contra el informe de la policía, por arrogarse "funciones valorativas" al interpretar que los tres ex guardias civiles fueron los autores de las vigilancias.

El escrito de Molina considera que el informe policial se basa en unos datos telefónicos que contienen un enorme margen de error ("si fuera preciso se aportaría el informe de telecomunicaciones acreditativo este extremo"). Esta afirmación choca con los datos que arroja el informe sobre los posicionamientos telefónicos y no sólo por la cantidad de coincidencias geográficas y temporales hasta márgenes muy estrechos (cuando espían a Prada en Esade, casualmente salta el repetidor de Esade, y esto vale para el hotel Hesperia, Chinchón o Brea de Tajo). Además, los tres asesores de Granados han confesado punto por punto que estuvieron allí. ¿Fallan las antenas y la memoria de los tres ex guardias civiles?

Todo para llegar a un punto sencillo: aunque los posicionamientos fueran deficientes, que según la Policía y Movistar, no lo son; aunque los partes fueran deficientes, que según ha demostrado la instrucción judicial, no lo son, bastaría con la confesión de los guardias para demostrar que estaban haciendo lo que no debían, según el testimonio del propio jefe, Sergio Gamón.

Pero, según explican fuentes de la propia Comunidad de Madrid, la defensa de los cuatro presuntos espías, de acuerdo con la estrategia diseñada por el equipo del consejero Francisco Granados, en lugar de reconocer los hechosy buscar atenuantes para sus imputados, intenta lanzar acusaciones parecidas a las que en su día aireó el portavoz del PP en Madrid y consejero de Aguirre, Juan José Güemes.

Los partes, señala el escrito de Molina sin aportar una sola prueba, "podrían haber sido creados específicamente para emprender una campaña político-mediática". "Lo que se ha buscando desde un principio con la investigación periodística es la foto de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre para mantener en entredicho la gestión política de ambos", añade.

El abogado intenta convencer a la juez de que la investigación está viciada, ya que este diario contrastó con Cobo y Prada lo que ponía en los partes de espionaje, pero las denuncias de estos dos cargos del PP se produjeron semanas después. Molina incluso ve irregular que Cobo haya acudido a testificar con un letrado del Ayuntamiento, en tanto él no aclara si en un caso de malversación, sus honorarios los pagará la Comunidad de Madrid o sus defendidos.

Mientras Molina intenta que se anule todo el proceso, la policía afina un informe que acumula nuevos datos, ya que a los ocho teléfonos pertenecientes a agentes de Aguirre a los que ya se investigaba en relación con los seguimientos de Cobo y Prada en abril de 2008, se han unido dos números de teléfono más presuntamente vinculados con la red de seguimiento ilegal.

Y todo ello a falta de la comparecencia de José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior cuyo interrogatorio y análisis grafológico han solicitado ya en siete ocasiones a la juez las víctimas -Cobo, Prada, y la diputada Carmen Rodríguez Flores-, la policía y la fiscalía. La baja laboral de Pinto, confirmada por la Comunidad de Madrid, dura tanto como su espera para ser citado. Más de un año para confirmar lo que este diario ya apuntó: que dos peritos que trabajan en la Audiencia Nacional, a los que contrató EL PAÍS, le identifican como el autor de las anotaciones a mano en los partes del seguimiento a Cobo y Prada, donde aparecían nombres de personas y números de matrículas de vehículos que, efectivamente, estuvieron donde el parte señaló que estuvieron. El Gobierno regional encargó otro informe a otro perito donde desmentía que la letra fuera de Pinto.

Pinto podría aclarar sin margen de error quién creó tales partes en la Consejería de Interior. El abogado de los supuestos espías considera que este proceso se alarga en demasía. Pero Molina no aclara quién dilata el proceso, si la juez, la policía, la fiscalía o las partes. El último salto del letrado es llamativo: concluye que aunque todas las pruebas resultaran ciertas, seguiría sin poder sostenerse que hubo malversación. La fiscalía, por el contrario, considera que un agente que actúa en funciones ilegales está malversando el dinero que se le paga para una labor muy distinta. Y, obviamente, también quien se lo ordenó.