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Guerra en CRTVG por el futuro de los trabajadores interinos

El comité acusa al PP y a la dirección de fomentar la discordia

La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) afronta con polémica la recta final de su proceso de consolidación de empleo. El rechazo de 370 trabajadores, que vislumbran un despido encubierto en la operación, planea sobre las oposiciones, que debe ser convocadas en abril. Tanto CC OO como CIG y UGT creen que el PP fomenta la división para reducir el apoyo a los sindicatos en el comité de empresa ante la negociación del nuevo convenio colectivo del ente, prevista para los próximos meses. El conflicto ha desatado la tensión entre los trabajadores, patente en la bronca desatada en una asamblea esta misma semana.

El proceso de consolidación comenzó con la llegada del bipartito, pero sufrió varios parones. El último, de ocho meses, tras el cambio de Gobierno. A finales de 2009, con el proceso estancado y a punto de entrar en los tribunales, la dirección llegó a un acuerdo con los sindicatos.

Las 220 plazas que se acordó cubrir entonces sólo alcanzan los puestos considerados como estructurales y únicamente para los trabajadores de los estudios de San Marcos, en Santiago. Los empleados de las delegaciones provinciales, contratados en fraude de ley hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia equiparó su estatus al de trabajadores indefinidos, se quedan fuera, junto a los llamados para sustituciones, prácticas y relevo a prejubilados, así como otros que la empresa vincula a los distintos programas de la cadena. Estos suman unos 300 puestos, según quienes se oponen al proceso.

A partir de ahí, los desacuerdos. UGT, CC OO, CIG y Unión Sindical Obrera (USO) entienden que la ley prohíbe una consolidación que no permita optar a las plazas a trabajadores externos a la empresa. Santiago Alvite, presidente del comité interempresas por la CIG, y Teté Pérez Calvo, representante de CC OO, citan jurisprudencia del Tribunal Supremo, el estatuto del empleado público y la Ley de Función Pública para defender su postura, y apuntan al director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado con la mayoría del PP, como azuzador del conflicto. "Tardó ocho meses en pronunciarse a favor de la OPE [Oferta Pública de Empleo] pero en seguida dijo que el convenio era rígido", destaca Pérez, que entiende que la dirección pretende deslizar la idea de que con un nuevo convenio, más flexible respecto a las condiciones laborales, sí se podría consolidar a los trabajadores que se queden fuera en el actual proceso.

Manuel Antonio Nieves, responsable de UGT en la corporación, opina que la dirección juega con el "miedo" de los trabajadores precarios para provocar la división de la plantilla. Alvite, por su parte, concede que la situación de los opositores es "entendible y humana", pero de difícil solución con las leyes vigentes. "El PP creó esperanzas falsas [de consolidar a todos los trabajadores]", afirma. Desde USO, Patricio Núñez recuerda que durante la primera fase de la negociación se barajó un proceso de consolidación restringida que se desechó ante la evidencia de que un recurso judicial podría anularlo.

En el otro bando están los 370 contrarios al proceso, a los que únicamente respalda la Central Unitaria de Traballadores (CUT), un sindicato sin representación en el comité, que declinó opinar sobre el asunto a la espera de una reunión prevista para el martes. De tendencia independentista, no todos los críticos están de acuerdo en que lidere sus reclamaciones, según explica Raquel Lema, del grupo de los descontentos. Lema afirma que lo único que pretenden es garantizar que sus puestos no se perderán y "poder seguir trabajando, aunque sea en precario". "Quieren indemnizarnos y despedirnos", asegura, y se pregunta cómo va a funcionar CRTVG pasando "de 1.100 trabajadores a 720".

Otro de los críticos, Alberto Vázquez, niega validez al acuerdo. "El proceso no está ratificado por la asamblea de trabajadores", aduce, y asegura que las condiciones de la OPE han variado mucho desde el inicio de las negociaciones, hace cuatro años. Sostiene que los criterios para decidir qué puestos son estructurales no se ajustan a su importancia real.

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