Una sentencia declara ilegales 52 chalés de lujo en Pontevedra
La promotora construyó junto al mar y con licencia para apartoteles
Parecía una flagrante ilegalidad desde su construcción en 1991, y la justicia lo acaba de confirmar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha dado la razón al dictamen de la Xunta, que en 2007, durante el Gobierno bipartito, incoó un expediente administrativo contra una urbanización de 52 chalés de lujo construidos en suelo rústico y junto al mar en O Grove (Pontevedra). La promotora, Improin, había segregado la parcela calificada como suelo rústico, incumpliendo así la Ley del Suelo de Galicia.
La sentencia no alude de forma explícita al derribo, por lo que aún está por ver cuándo se escribirá el punto final de este pleito urbanístico, y cómo se reparará la segregación fraudulenta de la parcela, clasificada como rústica no urbanizable en un lugar paradisíaco, junto a una playa.
El fallo, que desestima el recurso de los promotores contra la resolución de la Xunta, ordena la restitución de la parcela matriz a su estado original, que deberá ajustarse a la licencia por la que fue autorizado el apartotel. También establece la obligación de comunicar al registro de Cambados la imposibilidad jurídica de su parcelación destinada a chalés adosados. El TSXG se ha limitado a validar la resolución del departamento que en 2007 dirigía la ex consejera María José Caride, que no se había pronunciado sobre el derribo de los chalés, sino únicamente respecto al uso fraudulento de la finca convertida en urbanización privada.
Dos frentes abiertos
A pesar de los dos frentes judiciales abiertos, uno penal y otro administrativo, este último ahora resuelto por el TSXG, la urbanización hace ya años que está habitada por los 52 propietarios de los chalés. En mayo de 2007, días antes de las elecciones municipales, agentes de la Guardia Civil hicieron un registro por sorpresa en el Ayuntamiento de O Grove, de donde se llevaron todos los expedientes del caso Raeiros. La entrada y registro estaba relacionada con una denuncia por delito urbanístico que ahora podría activarse tras el dictamen sobre este contencioso.
La sentencia traspasa al Ayuntamiento la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la polémica urbanización. El alcalde, José Antonio Cacabelos, del PSOE, se reunirá con su equipo jurídico para decidir sobre el futuro de una urbanización polémica desde sus inicios debido a su impacto medioambiental y paisajístico, ya que se encuentra en una zona de protección y en primera línea de costa.
