La Fiscalía resolverá en breve el caso de los bonos del 'ferry'

La fiscal jefe de Vizcaya, Carmen Adán, aseguró ayer que "próximamente" resolverá las diligencias abiertas sobre la denuncia del PP por la desaparición de más de 35.000 bonos de viajes del ferry Pride of Bilbao. La fiscal se lo comentó sí al portavoz popular en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazábal, ya que han transcurrido seis meses desde el inicio de la investigación y ha tomado declaración tanto a la empresa como a los representantes de la Diputación de Vizcaya. Olazábal, quien fue llamado ayer a declarar, ratificó su denuncia en una comparecencia que duró tres horas.

El portavoz del PP en las Juntas de Vizcaya aseveró que este "marrón", en sus palabras, sólo tiene tres explicaciones: la destrucción de manera negligente, el robo o la desaparición deliberada para "dar una ayuda de Estado ilegal".

Olazábal sólo ve tres explicaciones: negligencia, robo o ayuda a la naviera

Esta polémica nace del convenio firmado en 1995 entre la Diputación de Vizcaya y P&O (la empresa que gestiona el ferry Bilbao-Portsmouth), que suponía la adquisición de más de 46.500 biletes por parte de la institución foral como ayuda al servicio marítimo, lo que la UE declaró luego ilegal al considerarla una ayuda de Estado. De esta forma, la empresa tuvo que devolver 13 millones de euros a la Diputación y ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debio pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. Si los hubiese tenido en su mano, no habría sido necesario el abono de esos 9,7 millones.

Este caso, desvelado por un informe del Tribunal Vasco de Cuentas, ya está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas español para su posible remisión a los juzgados.

Olazábal aportó ayer nueva documentación, como las respuestas de la Diputación al PP y el contenido de las tres comisiones celebradas sobre este asunto en las Juntas. La última fue la del presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, quien ratifico la pérdida patrimonial de 9,7 millones y advirtió de la ilegalidad de seguir usando los bonos, como la Diputación ha afirmado. La institución se ha basado en esta práctica para negar pérdidas de fondos.