Salir de la recesión: el tiempo apremia

Es probable que lo peor de la recesión, en el sentido de que la caída de la actividad y del empleo han alcanzado máximos, haya quedado atrás. En todo caso, de momento, la crisis se ha llevado por delante 5 puntos porcentuales del PIB real, ha destruido cerca de dos millones de puestos de trabajo, la tasa de paro ha aumentado 12 puntos hasta aproximarse al 20% y el déficit público supera la cifra inédita del 11% del PIB. Todo ello a pesar, o gracias a, dirán algunos, las extraordinarias medidas de estímulo monetario, fiscal y presupuestario.

En el ámbito internacional asistimos a un continuo desplazamiento del centro de gravedad hacia las economías emergentes con efectos sobre la deslocalización de la actividad, la persistencia de importantes desequilibrios regionales entre los flujos de inversión y de ahorro, a renovadas tensiones en los mercados financieros debido al marcado deterioro de las cuentas públicas de las principales economías avanzadas y a una primera crisis en la zona del euro ante las dudas sobre la solvencia de Grecia para garantizar el pago de la deuda.

Resulta demasiado fácil identificar reforma laboral y "abaratamiento del despido" para oponerse a ella

Hay que evitar caer en una dilatada fase de crecimiento bajo , paro, y desequilibrios difícilmente sostenibles

También es sencillo rechazarla con el pretexto de que encubre un retroceso en los avances sociales

Desde este punto de partida, las perspectivas para nuestra economía son preocupantes porque los posibles motores de la recuperación carecen de suficiente ímpetu. El consumo de los hogares está lastrado por el retroceso de la renta disponible que acompaña la caída del empleo y la falta de confianza que se traduce en una mayor propensión al ahorro en detrimento del gasto. En cuanto a la inversión, el exceso de capacidad instalada y las débiles perspectivas de demanda invitan a posponerla. La salida de nuestras empresas al mercado exterior es, posiblemente, uno de los principales soportes, aunque su intensidad se prevé moderada en tanto que se espera una recuperación de escasa entidad, especialmente en la Eurozona.

Aun bajo la hipótesis de una progresiva "recuperación" y en la ausencia de una eventual recaída, los organismos internacionales y la mayor parte de los expertos prevén, para España, un práctico estancamiento en 2010 y un crecimiento económico de sólo el 1% en 2011. A este ritmo, la capacidad de crear empleo será muy limitada y la tasa de paro se mantendrá durante demasiado tiempo en niveles inaceptables. La corrección del déficit público se verá seriamente dificultada y seguirá aumentando la carga de la deuda pública. Queda además por ajustar el todavía elevado endeudamiento del sector privado, la reestructuración del sistema financiero y el exceso de oferta de vivienda.

En lo que a las políticas macroeconómicas se refiere, nos enfrentamos a una gradual retirada de los estímulos monetarios y, llegado el momento, a una elevación de los tipos de interés. En cuanto a la política presupuestaria y fiscal, no sólo se han agotado los márgenes disponibles sino que será necesario moderar el gasto e incrementar la carga impositiva, con los efectos restrictivos que ello conlleva, para sanear las cuentas, recuperar la credibilidad en los mercados y poder satisfacer los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el plazo previsto.

En este contexto, el objetivo prioritario de nuestra política económica debe centrarse en evitar el riesgo de que la economía se instale en una dilatada fase de bajo crecimiento, elevado desempleo y desequilibrios difícilmente sostenibles. La respuesta no puede ser otra que la puesta en marcha de las reformas estructurales capaces de impulsar un uso más exhaustivo y eficiente de los factores de producción. Estas reformas, correctamente identificadas en la Agenda de Lisboa, reiteradas por los organismos internacionales, expertos de distinta orientación e incluso por el Plan Nacional de Reformas cubren un amplio abanico y atañen, de un modo particular, al mercado laboral, la política fiscal y la competencia en los mercados de bienes, servicios y factores.

Resulta demasiado fácil identificar la reforma laboral con el "abaratamiento del despido" o rechazarla bajo el pretexto de que encubre un retroceso en los avances sociales sin tomar en consideración el elevado coste de no llevarla a cabo. Para garantizar a medio y largo plazo las coberturas sociales, será necesario crecer, ganar competitividad, reducir la temporalidad y mejorar la formación. Todo ello difícilmente podrá alcanzarse sin abordar unas reformas que, aunque políticamente incómodas, son a todas luces inaplazables.

El Gobierno, presionado por las circunstancias y no sin cierta demora, ha avanzado recientemente en la actualización del Plan de Estabilidad las líneas gruesas de una política para la reactivación económica y el ajuste de las cuentas públicas con un particular énfasis en la reforma del sistema de pensiones y del mercado laboral. Con ello se reconoce, finalmente, la gravedad de la situación y se da un paso en la dirección correcta. Será necesario, sin embargo, superar la vaguedad de las propuestas y la declaración de buenas intenciones para concretar, fijar un calendario y aplicar con determinación las medidas más adecuadas al respecto.

Las tareas para los próximos años incluyen, como grandes objetivos, la reducción del paro, un sustancial recorte del déficit público, la absorción del exceso del parque de viviendas, el desapalancamiento del sector privado y la reestructuración del sistema financiero. A tal efecto, será asimismo necesario contar con el apoyo y la colaboración responsable de los entes territoriales sobre los que recae una parte importante de la gestión presupuestaria y con un papel determinante en la administración de las Cajas de Ahorro.

No es el momento de utilizar la crisis como arma arrojadiza o marcar líneas rojas para consolidar posiciones partidistas en detrimento del interés general. El consenso y los pactos cuanto más amplios mejor, pero sin obviar que la responsabilidad ejecutiva recae finalmente en el Gobierno.

Tras un dilatado periodo de bonanza y con el viento en popa, nos enfrentamos a problemas de gran calado de cuya solución depende nuestro futuro. Como se ha demostrado en ocasiones anteriores, la economía española, debidamente gestionada, dispone de capacidad suficiente para remontar el vuelo y recuperar una senda de crecimiento sostenido capaz de generar riqueza y de asegurar el Estado de bienestar.

Tempus fugit..., el tiempo corre..., el tiempo apremia. No podemos llegar tarde si no queremos pagar un alto precio.

Federico Prades es asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB)