La red Gürtel lanza una ofensiva judicial para anular el proceso

La ofensiva judicial contra la instrucción de Baltasar Garzón en el caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP, ha empezado a dar sus frutos. El Supremo admitió ayer la querella del abogado de José Luis Ulibarri, constructor que supuestamente pagó millonarias comisiones ilegales, por las escuchas que ordenó Garzón en la cárcel a los implicados y a sus abogados. El auto del Supremo que admite la querella pone en cuestión la instrucción del juez, al considerar que la ley sólo permite intervenir las comunicaciones entre presos y letrados en casos de terrorismo.

Otra oleada de recursos con idéntico objetivo ha llegado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid firmados por Francisco Correa, jefe de la trama; Álvaro Pérez, El Bigotes, su lugarteniente en Valencia, y otros implicados, que piden la nulidad de las pruebas recabadas mediante las escuchas en la cárcel y todo lo actuado con posterioridad. Garzón declaró ayer a EL PAÍS: "Voy a seguir, mientras pueda, trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy inocente y lo voy a demostrar".