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Socialistas y PP chocan en el Parlamento por un acuerdo sobre 'Egunkaria'

El Gobierno presentará su plan de reducción de empresas antes del 1 de mayo

El pronunciamiento del Parlamento sobre el caso Egunkaria siete años después del cierre del periódico y cuando ya se ha celebrado el juicio motivó ayer una ruptura de filas, tanto entre el grupo del Gobierno y su socio preferente, el PP, como entre los nacionalistas, con Aralar y el PNV por un lado y EA por otro.

El acuerdo, fraguado entre el PSE y Aralar, y secundado luego también por el PNV y EB, fue tachado de "inconcebible" y "gravísimo" por el portavoz del PP en el debate, Carlos Urquijo, quien lo tachó de "injerencia y presión intolerable" al tribunal que debe dictar sentencia.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, cuya enmienda sobre la separación de poderes terminó respaldando el PP, consideró "escandaloso" el texto, que reza así: "El Parlamento, ante la retirada de las acusaciones por parte del fiscal, manifiesta el deseo de que el juicio concluya definitiva y satisfactoriamente con la absolución de los imputados, en la línea apuntada por el fiscal". La Cámara dejó expresa también "su preocupación por la situación personal y laboral" de los afectados.

La Cámara hace expreso su deseo de "absolución de los imputados"

El acuerdo fue adoptado con 54 votos a favor y 14 en contra, pero su debate y votación acarrearon división también en las filas nacionalistas, al descolgarse EA de la votación, desbordando en radicalismo a Aralar, al estimar "insuficiente" el texto pactado.

Su portavoz, Jesús María Larrazabal, reprochó al otro grupo abertzale haberse alejado de su propuesta inicial para lograr el acuerdo con el PSE. El Parlamento no debía expresar un "deseo" sino "una exigencia política" y además "condenar las torturas denunciadas por cuatro de los imputados y que los torturadores hayan quedado impunes", sostuvo.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, defendió su voto a favor del texto pactado en la gravedad del cierre de un medio informativo -realizado en 2003, bajo el Gobierno de José María Aznar-, los siete años transcurridos sin resolución judicial y, sobre todo, en la retirada de las acusaciones por el fiscal. "Esto es lo que tiene valor", argumentó.

Pastor negó la injerencia de la que le acusaban sus socios. "No hay una exigencia, ni instamos a nada. Sólo manifestamos una opinión, respetuosa con la Justicia, de las que hay decenas en éste y otros parlamentos", resaltó. Urquijo atribuyó el cambio de postura del fiscal en 2006 respecto de la sostenida por el Ministerio Público desde 2003 a la tregua de ETA y el proceso de conversaciones entre el Ejecutivo y la banda. Y añadió que la actuación de ayer era "la segunda más grave" del PSE, tras la negativa en septiembre a instar al Gobierno central la disolución de los 34 ayuntamientos regidos por la ilegalizada ANV.

El peneuvista Andoni Ortuzar sumó a su grupo en el voto favorable tras calificar de "acto de mínima reparación y justicia" el pronunciamiento parlamentario.

Una segunda iniciativa con la que el PP buscaba comprometer al Gobierno en plazos respecto a sus planes de racionalización y reducción de costes en la Administración terminó en acuerdo con el PSE-EE y UPyD. El portavoz popular, Leopoldo Barreda, pidió al Gobierno "velocidad de crucero" y los tres grupos le comprometieron a llevar a la Cámara antes del 1 de mayo un calendario de "planes y actuaciones significativas", entre las que estará el redimiensionamiento del sector público.

En diciembre, el Gobierno tendrá que enviar el Plan de Innovación de políticas públicas y también debe concluir, a tiempo para incorporarla en los Presupuestos de 2011, la denominada Estrategia Euskadi 2013. Esa fotografía de la Administración deberá "diferir sustancialmente, y para bien, de la heredada en 2009", resaltó Barreda.

El 'culebrón Etxepare'

El intento del PNV de forzar al Gobierno a reunir el patronato del Instituto Etxepare, cuya misión es difundir el euskera en todo el mundo, y exponerle sus propuestas rebotó ayer contra el hecho de que el organismo está bloqueado, por "errores" del anterior Ejecutivo, según coincidieron PSE, PP y UPyD.

Sus funciones ya las realiza el Departamento de Cultura. Los portavoces de dichos tres grupos recordaron a la peneuvista Leire Corrales que fueron "las prisas" del Ejecutivo de Ibarretxe por dejar convocadas las plazas antes de su relevo las que que dieron con su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en los tribunales. Allí sigue por un recurso del sindicato LAB contra la modificación de las condiciones iniciales en salarios y nivel de inglés.

UPyD consideró "impresentable" que el PNV ataque al actual Gobierno con esta cuestión. "Si el PNV lo hubiera hecho bien, no hablaríamos de esto ahora", dijo su portavoz, Gorka Maneiro.

La actual titular de Cultura, Blanca Urgell, no quiere avanzar hasta contar con seguridad jurídica y espera el pronunciamiento judicial. Corrales le acusó de "saltarse a la torera" la normativa y negó que las prisas del anterior Gobierno buscase otorgar los puestos "a dedo". La Cámara pidió a Urgell "un informe de situación" en plazo "razonable".

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