Otros indicadores

El pasado 24 de junio el Partido Popular presentó una querella contra Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno de la Nación, y contra su hija Paula. Delitos que atribuía: prevaricación y tráfico de influencias con motivo de una subvención que la Agencia Idea dio a la empresa en la que trabajaba la hija de Chaves. Desde el mismo instante en que se conoció que esta querella se había presentado, se decía en Sevilla, incluso por algunos dirigentes del PP, que no había razón para esta actuación penal. Que Paula era trabajadora por cuenta ajena y que a Manuel Chaves no se le debían atribuir actitudes deshonestas pues durante los años que ha gobernado en Andalucía -y han sido 19- ha demostrado día a día su honradez personal y política. Así lo he escuchado en más de una conversación y no, precisamente, de personas próximas al PSOE.

Es verdad que puede pensarse que estas afirmaciones son fruto del respeto que tengo a este presidente. Por supuesto que se lo tengo, como se lo han tenido y se lo tienen todos los andaluces que legislatura a legislatura le han elegido. No obstante, con la finalidad de despejar cualquier duda de mis afirmaciones, me permito recomendar la lectura, el pasado domingo, de artículos en la prensa más nítidamente conservadora, en la que, citando fuentes del PP, se reconoce la inconveniencia de acudir a la vía penal: "No es un asunto penal. Está claro que no había nada que hacer, pero había mucha presión mediática". Sin comentarios.

Pues bien, lo mismo que han dicho algunos dirigentes del PP y muchos andaluces más, es lo que han dicho la Fiscalía y el Tribunal Supremo en su auto de 17 de febrero. Así, se lee en esta resolución: "No existe un mínimo indicio de que el querellado, en su condición entonces de presidente de la Junta, haya influido sobre otro u otros funcionarios (...), para que el expediente se resolviera de una forma determinada"; "la parte querellante en su esfuerzo acusador no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pudiera considerarse injusto"; "el planteamiento de los querellantes es excesivamente genérico"; "la querella no participa hechos que puedan ser tenidos como indicios de la comisión de un delito de tráfico de influencias". ¡Vamos! que no hay duda alguna del recto proceder del entonces presidente. Y que lo sabían algunos dirigentes del PP, como también que la querella carecía de la más mínima base y rigor para acusar, primero, a padre e hija y, después (cuando el daño ya estaba hecho), al padre.

Es normal, pues, que si a padre e hija les acusan de delitos sin basarse en hecho alguno, se diga por Manuel Chaves que la querella ha sido un acto obsceno. Es lo menos. Después de todo les han sido atribuidos injustificadamente la comisión de delitos que darían lugar a su persecución de oficio, y lo han hecho sin un solo indicio de haberlos cometido, dice el Supremo.

Claro que también es normal que algunos dirigentes del PP no se disculpen. Si para referirse a alguno de los suyos lo hacen con el calificativo de "el hijoputa" (Esperanza Aguirre). Si al alcalde de Becerril de la Sierra, también Esperanza Aguirre, le dice "cómo has podido inaugurar esta puta mierda". Sí el ídolo Aznar emplea su tiempo en hacer la peineta o meterle un boli en el escote a una periodista de Cuatro (octubre de 2006), y no se disculpan, no van a hacerlo con sus adversarios.

De ahí que ni la Esperanza de aquí -Oña- ni Javier Arenas ni ningún otro dirigente se atrevan a dar una mínima disculpa. Son los modos y las formas de quienes estando en la oposición creen que con ellas van a poder gobernar. Pueden creerlo pero con estos otros indicadores de prepotencia, desprecio y señoritismo -que no valoran las encuestas- lo tienen difícil para gobernar en Andalucía. Con razón Manuel Chaves no ha parado de ganar elección tras elección. Debe ser que Andalucía, después de tanto señoritismo histórico, ha demostrado que sabe elegir.