129 años sin licencia municipal

El dato lo dio Corina Porro, presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, el pasado día 8, al hilo de la orden municipal de paralización de la demolición de la nave de cableros: "En 129 años no hubo que pedir licencia" para ese tipo de obras, adujo. Aun hiperbólica, la declaración abunda en las políticas divergentes y los subsiguientes roces que el Puerto y el Ayuntamiento, invocando cada cual sus competencias, han menudeado en las últimas décadas y que Juan Corral, uno de esos presidentes portuarios y luego candidato a la alcaldía por el PP (1998), sentenció para la historia: "Yo soy el alcalde del Puerto", dijo para afirmar su autoridad frente al regidor, de su mismo partido.

Los proyectos y ejecuciones urbanísticas han sido la causa principal, si no la única, de esos choques entre ambas autoridades. Las competencias respectivas están recogidas en el Plan Especial del Puerto, aprobado aquel mismo 1998. No es tanto que Porro no pidiera licencia para demoler la nave de cableros, aunque también, sino que la demolición contradice la ordenanza que fija en el citado plan la consolidación del edificio.

"No se ha cumplido ninguna de las previsiones del Plan Especial", denuncia la red ecologista A Ría non se Vende, en sus demandas judiciales y en un escrito que presentó en el ayuntamiento el pasado 18 de enero para instar a las autoridades municipales a cumplir su obligación de garantizar la legalidad urbanística en el puerto, advirtiendo que, de no hacerlo, "incurrirán en faltas y delitos" por los que les pedirá cuentas.

En el año siguiente al de su aprobación, según el propio texto del Plan Especial, la Autoridad Portuaria se obligaba a elaborar "un catálogo de elementos a conservar" en el ámbito de su competencia y "un estudio pormenorizado sobre el estado, idoneidad de usos y utilización de las concesiones, así como un estudio de los solares desocupados e infrautilizados en el ámbito portuario, con el fin de optimizar la utilización de usos y espacios en el Puerto. En el mismo plazo, la Autoridad Portuaria planteará la redacción del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios".

Nada de eso se ha cumplido. Incluso este Plan de Utilización, el denominado plan de usos, que el Plan Especial compromete a presentar al año siguiente de su aprobación, tendría que haberse aprobado previamente, sin que nadie explique ahora esa incongruencia. El Plan Especial, por otra parte, distingue en el régimen de concesiones entre usos autorizados y usos tolerados y establece que ha de haber una proporción entre ambos, pero ni siquiera en el momento de ser presentado el citado plan para su aprobación municipal -el pleno sanciona lo que previamente ha aprobado la Autoridad Portuaria- consiguieron los munícipes conocer las concesiones existentes y su régimen.

"Eso está bajo el control personal del director", se aduce. Luis Lara, el director, lleva 20 años en el cargo, debe de conocer el puerto como nadie y ahora comparece con frecuencia junto a Corina Porro, pero sin decir palabra, sólo para suministrar a la presidenta algún apunte o documento como secretario eficaz. Ha hecho de la opacidad el distintivo más consolidado de la administración portuaria. Este periódico, subsidiariamente a la negativa de entrevista, trató de obtener de su boca y experiencia algunas aclaraciones sobre los asuntos que se citan, pero sin el menor éxito.

En este caldo, Porro vuelve a explicar el parón a sus obras, pese a las motivaciones de legalidad, en la vieja dualidad del mando vigués, con el alcalde Caballero como "instigador".