Ladrillazo en Española de Zinc

En Cartagena, sede de Española de Zinc, pocos niegan que el futuro de la empresa ha estado íntimamente ligado en los últimos años al sector inmobiliario. Bastó con que estallara la burbuja de la vivienda en 2009 para que todo el proyecto de relanzamiento de la productora de zinc murciana (suspendida de cotización durante seis meses el pasado 25 de enero) saltara también por los aires. En un visto y no visto, la perspectiva de cobrar 142 millones de euros por los terrenos de la vieja fábrica -y financiar con ellos una planta de última tecnología- se disipó después de que el comprador, Quorum Capital Investment, desistiera de hacerse con el terreno de 550.000 metros cuadrados en los que iba a construir 4.000 viviendas de lujo. "Quizá pensaron que la operación inmobiliaria ya no tenía mucho sentido", reconoce Teresa Rosique, diputada socialista en el Parlamento regional.

En 2005 los dueños decidieron trasladar la fábrica y vender su revalorizado solar

La operación, que se ha frustrado, iba a financiar un plan de reestructuración

La forma como la empresa ha gestionado sus planes de reestructuración industrial estos últimos cuatro o cinco años -con numerosas incoherencias- ha dejado en el aire una cierta sensación de que igual los accionistas de Española de Zinc no estaban tan interesados en producir zinc como en ver el modo de rentabilizar unos solares golosos donde los haya. "Unos terrenos", apunta Juan José Pérez Manzanera, secretario general de MCA-UGT de Murcia, "con un gran valor, en la única zona de expansión de la ciudad".

El que la casi totalidad de los accionistas de referencia de la compañía fueran extrañamente empresarios del ladrillo como Cartera Meridional (José Alberto Barreras), que aún sigue con el 12,5%; Almenara de Desarrollos, o Padin Proyectos Empresariales, no hizo más que contribuir a esa sensación.

Tampoco ayudó a su reflotación el que pocos confiaran en la viabilidad de la empresa. Española de Zinc, que en tiempos fue uno de los puntales industriales de la comarca (con más de quinientos trabajadores), no ha conocido más que números rojos en los últimos años. "Funcionaban en una planta obsoleta, con maquinaria antigua y frecuentes paralizaciones por denuncias de contaminación", explica Rosique. Algo que no podían remediar dada la descapitalización provocada por años de pérdidas. "No tenían crédito y todo les salía más caro", explica un miembro del comité de empresa, "cuanto más vendían, más perdían". La crisis de la empresa, fundada en 1956, se inició, de hecho, en los años noventa, tras el cierre de las minas de zinc de las que se abastecían, lo que la obligó a importar el mineral de países como Perú, a un coste muy elevado. Huelga añadir que este cúmulo de fracasos la convirtió en un chicharro pasto de los especuladores en Bolsa.

Fue en medio de este escenario, en 2005, cuando -tras el inicio de un proceso concursal que aún se mantiene- sus accionistas decidieran diseñar un primer plan de reestructuración que pasaba por el cierre de la vieja planta de Torreciega y el traslado de actividad a una ambiciosa Ciudad del Zinc en la zona de Los Camachos: un proyecto state of art con una inversión de 190 a 200 millones de euros en la que proyectaban también la instalación de una planta de paneles fotovoltaicos en sociedad con la americana Solar Thin Film.

Buscaron comprador para los terrenos y se trabajaron el apoyo del Ayuntamiento (para recalificar el solar), del Gobierno autónomo y hasta del central que le cedió, a través de SEPES

un terreno para la nueva planta. Lo consiguieron, sin duda, gracias a la presión ejercida por los cerca de 240 trabajadores (inmersos en sucesivos ERE temporales en 2008 y 2009) que se movilizaron a través de encierros en la catedral de Murcia y manifestaciones (a las que acudieron sus mujeres e hijos) para sensibilizar los poderes públicos.

Ahora que la empresa está prácticamente liquidada, la vieja planta desmantelada, la nueva sólo en el papel y los trabajadores en el paro, desde el Ayuntamiento y la autonomía sugieren que los accionistas de la empresa no mostraron ninguna diligencia por viabilizar la compañía y poner en marcha el proyecto estratégico, una actitud que hizo crecer las ya fuertes dudas de estas dos instituciones de que los accionistas estuvieran realmente interesados en la viabilidad industrial de la compañía.

Pese a que percibió de Quorum un adelanto de 42 millones de euros por los terrenos y que su venta definitiva estaba condicionada a la recalificación como suelo residencial, Española de Zinc nunca puso en marcha las distintas medidas de su plan como la descontaminación del solar o el pago a sus acreedores. "Lo que nos sorprendió", dice Ángel Rafael Martínez, concejal socialista del Ayuntamiento de Cartagena, "es que la empresa, en lugar de ponerse a descontaminar para cobrar el resto de los 142 millones, siguió produciendo zinc con pérdidas". Sólo cuando no quedaba dinero, y menos para descontaminar (cuyo coste superaba los 20 millones de euros), se puso a derribar las instalaciones, lo que ocurrió en julio de 2008. "Visto eso, no tuvimos más remedio que paralizar la recalificación prevista para junio de 2009", explica Martínez.

Aun reconociendo estos hechos, los sindicatos acusan a las dos administraciones de falta de interés. "En lugar de agilizar trámites", acusa Manzanera, de UGT, "el Ayuntamiento se dedicó a obstruir". También opina que la comunidad no hizo lo que se esperaba de ella. "Hay otras autonomías que ponen dinero a fondo perdido en proyectos industriales. Ésta no ha sido capaz ni de poner cinco millones de euros".

Es posible que Manzanera tenga razón. Es obvio que ambas administraciones no confiaban en Española de Zinc. En la Consejería de Empresa de Murcia explican que "si bien la compañía nos facilitó documentación, nunca vimos que hubiera ahí un proyecto solvente". La misma fuente añade que "si bien estábamos dispuestos a avalar créditos del ICO (institución con la que hablamos en Madrid) y a participar con un porcentaje pequeño en la empresa, el grueso del esfuerzo lo tenían que hacer ellos, poniendo su dinero o buscando inversores".

Lo intentaron, sin éxito en marzo pasado con una ampliación de capital que fue suscrita sólo en un 0,9% del total de títulos ofrecidos. Igual opina Martínez, quien afirma que apenas vio unos cálculos muy optimistas, pero poco fundados y que dice no entender la displicencia con que la compañía abordó todo el proceso. "O había algo inconfesable, que prefiero no comentar, o una incapacidad de gestión evidente".

De todos modos, de ser la operación inmobiliaria el propósito de todo este culebrón, esta posibilidad dejó de tener validez a partir de la crisis del mercado de la vivienda.

"Lo que sí sabemos", aclara Teresa Rosique, "es que ahora, que se ha frustrado todo el proyecto, están intentando recomprar a Quorum el solar de la vieja planta, por la que recibieron los 42 millones de euros". Ésta sí, una apuesta a futuro, dada la excelente ubicación del solar. Eso sí, a los trabajadores de nada les han servido movilizaciones y encierros, se han quedado sin trabajo y tendrán que cobrar sus indemnizaciones del Fogasa. Lo que no es para echar cohetes en una ciudad como Cartagena que, según apunta Manzanera, "tiene un 24% de paro y no ha creado empleo industrial serio desde la inversión de General Electric y la ampliación de la refinería de

Repsol".