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El PP llevará al juez su temor de que los bonos del 'ferry' se hayan "vendido en el extranjero"

El País

La polémica por los bonos del ferry Pride of Bilbao no deja de crecer. El PP vizcaíno declaró ayer que "probablemente" dichos títulos "no existen" porque "alguien los vendió en el extranjero", y advirtió de que el "único responsable de la desaparición de los billetes es el [diputado general] José Luis Bilbao". De hecho, el portavoz popular en las Juntas Generales, Carlos Olazabal, acusó a los responsables de la Diputación vizcaína de estar "ciegos, sordos y mudos" respecto a la ausencia de los 37.707 bonos de viaje a Inglaterra, valorados en 9,7 millones de euros.

La situación de estos bonos desaparecidos se complica dado que el ferry dejará de operar en septiembre próximo por decisión de la empresa propietaria P & O. Por todo ello, el PP vizcaíno denunciará ante los juzgados dicha situación el próximo marzo si no recibe antes ninguna noticia de la Fiscalía, a la que acudió hace tres meses para promover una investigación que determine el paradero de los bonos que "supuestamente ocupaban una serie de cajas que nadie ha visto". Olazabal recordó que ese punto quedó establecido en las conclusiones del expediente realizado por la propia Diputación para depurar responsabilidades.

En relación a ese informe, de 400 folios, Olazabal explicó que está "vacío de contenido" y que "únicamente aparece la declaración, muy imprecisa, de una secretaria por la que se pretende llevar la responsabilidad a un antiguo diputado socialista".

El PP preguntará hoy en las Juntas a la diputada de Transportes, Pilar Ardanza, si dichos bonos se pueden aún utilizar, "por qué no lo están haciendo antes de que el Pride of Bilbao cierre sus puertas".

La institución foral compró a P&O en 1995 un total de 46.500 billetes en concepto de ayuda al servicio marítimo, lo que Bruselas declaró ilegal como ayuda de Estado. La compañía tuvo que devolver 13 millones a la Diputación y ésta abonó a P&O 3,2 millones por 10.735 bonos canjeados hasta 2003, pero luego debió abonar otros 9,7 millones por los 35.707 restantes que ya no existían.

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