El PSC lleva al Parlament la presunta financiación irregular de Unió

La presunta financiación ilegal de Unió Democràtica (UDC) irrumpió ayer en la escena política al trascender una investigación de la Fiscalía de Barcelona que ha destapado un entramado de empresas que emitían facturas falsas para nutrir, supuestamente, las arcas del partido democristiano. El presunto fraude, que fue destapado por El Periódico y está sobre la mesa del fiscal general del Estado, podría ascender a millones de euros. Unió se apresuró a aclarar que su actuación está dentro de la legalidad, pero su lamento ha caído en saco roto: el PSC e ICV-EUiA, dos de los socios del tripartito, no descartan pedir comparecencias de los cargos políticos del momento para llegar hasta el final. Esquerra Republicana (ERC), por el contrario, prefiere aguardar a la decisión judicial.

El diputado socialista Joan Ferran presentó ayer en el registro del Parlament una petición para que el Gobierno informe sobre un préstamo que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) concedió en 2003, el último año de gobierno de CiU. El banco público dio un crédito de un millón de euros al grupo IMS, sobre el que gira la investigación. La mitad de esa suma, presuntamente, fue destinada a financiar 17 facturas falsas de obras y compras de material informático. El PSC basa su estrategia en tres tiempos: primero solicitará datos sobre ese crédito; si no se da por satisfecho, pedirá explicaciones a Ernest Sena, entonces presidente del ICF y actual miembro de la Sindicatura de Cuentas, y si tampoco le convence, reclamará la comparencia en el Parlament de Artur Mas, entonces conseller en cap, y Francesc Homs, titular de Economía en aquella época.

La trama pivotaba en torno al fenómeno de la pelota financiera, que utilizaba facturas falsas para pedir líneas de crédito a los bancos, que a su vez sufragaban otras deudas. De esta forma, la firma IMS, que ha solicitado el concurso de acreedores, debe ahora más de 10 millones de euros a 16 bancos. El mismo ICF le reclama 727.000 euros. "Que Mas y Duran den la cara. Las derechas están bajo sospecha y salpicadas", dijo el diputado ecosocialista Jordi Miralles. Y la portavoz de ICV, Laia Ortiz, pidió que ambos políticos aclaren en el Parlament el destino de 727.000 euros: "Que Duran deje de marear la perdiz y que haga públicos los fondos que recibe de sus fundaciones como hacen todos los partidos, menos CiU con el caso Palau".

La investigación, que parte inicialmente de una pista que surge de la Agencia Tributaria, incluye varias piezas que sostienen las sospechas de la fiscalía. Según las pesquisas, una entidad bancaria pagó 1,1 millones de euros a la empresa IMS por la publicación de un libro sobre los carnavales. Los investigadores creen que podría tratarse de una donación encubierta de un banco a la Fundació Catalunya i Territori (FCT), relacionada con Unió y que está en el corazón de la trama. La hipótesis de la fiscalía es que recibió donaciones de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007 y que hizo pagos irregulares a Unió.

Duran Lleida reaccionó ayer con "indignación" ante la información publicada y lamentó su "indefensión". "De momento, ya te han jodido públicamente", espetó. En las filas de CiU, se recordaba que al ex consejero de Unió Ignasi Farreres se le pidieron años de cárcel y finalmente fue absuelto. "Hay titulares que te condenan", subrayó Josep Maria Pelegrí, portavoz adjunto de CiU en el Parlament, que hizo una defensa de su partido resumida en cinco puntos: que no tenían ninguna notificación judicial, que se sentían indefensos, la voluntad de colaborar en el juzgado, su confianza en la justicia y la tranquilidad porque, afirmó, "nos han auditado por arriba, por encima y por abajo".