La alcaldesa de Lezama niega ilegalidades en el centro cívico

La alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), y cuatro concejales del mismo partido, aseguraron ayer, en un juzgado de Bilbao, que no eran conscientes de cometer ilegalidad al aprobar la construcción de un edificio pese a admitir que fueron advertidos de ello por la secretaria municipal. Los cinco ediles, imputados por un delito de prevaricación, argumentaron, en declaraciones prácticamente calcadas, que sólo buscaron acortar los plazos del proyecto y beneficiar a los vecinos.

El edificio, el actual centro cívico abierto desde abril del pasado año, se ejecutó sin el visado del Colegio de Arquitectos al exceder la edificabilidad permitida en esa zona. Estas actuaciones fueron denunciadas por la plataforma vecinal Lezama Bizirik, y la Fiscalía, tras estudiarlas, interpuso en diciembre de 2008 una denuncia por presunta prevaricación.

El caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, que ayer tomó las primeras declaraciones a los imputados. Ahora debe decidir si interroga a otros dos concejales del PNV y si, como ha pedido la acusación particular, llama igualmente a la secretaria municipal y una edil del PSE. La secretaria realizó, antes de la aprobación del proyecto, un "apercibimiento expreso de la ilegalidad" de la actuación urbanística.

En este procedimiento se incluye también otro proyecto, la Casa de Cultura (pendiente de ejecutarse), que también tiene un informe negativo del Colegio de Arquitectos por no respetar las normas urbanísticas y tiene como imputados a siete ediles más, entre ellos el anterior alcalde Luis Ramón Álvarez. Pero el caso de la Casa de Cultura ha sido postergado en favor del centro cívico, al estar éste acabado y en funcionamiento.

En sus declaraciones de ayer, la alcaldesa y los cuatro ediles del PNV, quienes sólo respondieron a las preguntas de su abogado y rehusaron hablar ante la acusación particular, argumentaron que las nuevas normas subsidiarias de Lezama, aprobadas en 2008, han legalizado el centro cívico. Explicaron que la Diputación confirmó este hecho al Ayuntamiento a través de un correo electrónico. El planeamiento urbanístico, sin embargo, fue anulado el pasado año por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, resolución recurrida por el consistorio ante el Supremo.

La alcaldesa también se ha visto envuelta en otra polémica por la promoción de un plan urbanístico en terrenos de su familia, en el centro de Lezama. Votó a favor de este proyecto hasta en tres ocasiones pese a que que la Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe intervenir a cargos públicos en los asuntos donde tengan intereses familiares.

El pasado noviembre, cuatro meses después, Etxeandia anunció públicamente su renuncia a participar en asuntos sobre ese plan urbanístico y justificó sus actuaciones anteriores en que "por mi formación académica, no dispongo de conocimientos jurídicos". En el mismo municipio, otra edil del PNV votó a favor de adjudicaciones por seis millones de euros a la empresa de sus tíos, la constructora Loroño S. A.