Lucha judicial en el museo

El Torques de Burela o el Carneiro Alado de Ribadeo pueden tener sus horas contadas en el museo provincial de Lugo, donde constituyen dos de las piezas de orfebrería más significativas de este espacio cultural que gestiona la Diputación lucense. Una polémica sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial y ahora recurrida por la Diputación ante el Supremo, otorga la titularidad de una importante colección de orfebrería y pintura catalana a los nietos de quien fuera empresario y filántropo gallego, Álvaro Gil Varela, que en su día depositó todo su legado en el museo.

Álvaro Gil -que nació en Lugo en 1905 y falleció en Madrid en 1980- fue una persona vinculada al galleguismo republicano, que desde 1955 realizó numerosas donaciones al Museo Provincial, de las que formaron parte brazaletes, arracadas o pulseras de oro, que constituyen todo un elenco de piezas de incalculable valor.

Álvaro Gil estuvo vinculado al galleguismo republicano La Plataforma Sempre en Lugo reclama que los depósitos sigan allí

Su gesto le sirvió para que fuera nombrado Hijo Predilecto de Lugo; la misma ciudad donde hoy se cuestiona el comportamiento de quienes conforman la tercera generación de este ilustre personaje, que estuvo encarcelado en la Guerra Civil al haber reivindicado, por vía judicial, la titularidad de las obras allí depositadas por su abuelo. De hecho, se ha creado una plataforma, Sempre en Lugo, que ya ha logrado reunir más de 500 adhesiones de personajes ilustres, asociaciones, colectivos culturales o museos como el Reina Sofía, el Museo del Prado o el Guggenheim, para que los depósitos de Álvaro Gil continúen en el mismo lugar.

La familia de Gil Varela inició el proceso de reclamación de las piezas en el año 2000 y tanto el juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo como la Audiencia Provincial han otorgado la razón a los reclamantes, a los que consideran legítimos propietarios de todo el legado cultural de su abuelo, al interpretar que no fue un depósito, sino un préstamo de uso.

El departamento de cultura, gestionado por la parte nacionalista del gobierno de la Diputación, quiere encontrar una solución para que estos bienes continúen en el museo. De momento no se ha producido un contacto formal y en el seno de la familia no ha sentado bien que el ente provincial hubiera hecho uso del recurso ante el Supremo, por lo que, "temporalmente", han comunicado que suspenden cualquier posibilidad de negociación.

El que fuera presidente del ente provincial durante 24 años, Francisco Cacharro Pardo (PP), tuvo una particular vivencia con una de las nietas de Álvaro Gil y bajo su mandato se inició el periplo judicial. Cacharro recordó que el primer contacto con la familia fue a través de una nieta del benefactor, cuando planteó que quería hacer un estudio sobre los fondos relacionados con su abuelo y solicitó una beca para tal fin, que le fue concedida. El estudio se convirtió después en exposición, también con la colaboración económica de la Diputación.

Fue después cuando Cacharro Pardo recibió una visita de la antigua becaria y un hermano para plantear que las piezas les pertenecían, y, ante su sorpresa, reclamaron un contrato de depósito y que se les reconociera la propiedad. "Sin duda, eso quiere decir que no tenían documentos de propiedad alguna y que querían hacerse con ellos", razonó el ex presidente, quien al ser desconocedor de la situación jurídica de esos bienes los remitió al secretario y acto seguido se inició el peregrinaje por los juzgados.

Cacharro Pardo no entiende los fallos judiciales que se han producido, ya que, entre otros aspectos, dijo que no se ha hecho demostración "de ningún documento de propiedad mediante testamento" y admite estar "sorprendido", porque el fallo contemple que esas piezas "se pueden llevar para casa, porque no tienen tratamiento de Bien de Interés Cultural (BIC)".

El vicepresidente primero de la Diputación, Antón Bao, no quiere echar ninguna mirada retrospectiva de lo que ha sucedido y prefiere mantenerse "en el presente", para encontrar una solución y que las piezas no acaben en una colección particular o formando parte de los fondos de otros museos, que ya se han interesado por su situación legal.