Columna
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Crisis política

Sin remontarnos más allá de los comienzos de la transición, es una evidencia que, desde entonces hasta hoy, hemos pasado por varias crisis económicas de no pequeña intensidad y de variada duración. La transición a la democracia se hizo en medio de la crisis desatada por el encarecimiento brutal del precio del petróleo, que llevó a unas tasas de inflación de dos dígitos en todos los países industrializados y en España de hasta el 30%, crisis que puso en cuestión el propio desarrollo del proceso constituyente y a la que hubo que hacer frente con un pacto político de enorme amplitud, como fueron los Pactos de la Moncloa. A pesar de las medidas adoptadas en dichos Pactos, la crisis se mantuvo algo más allá de la primera mitad de los años ochenta. Eran crisis, además, como recordaba recientemente Jordi Pujol en una entrevista en Informe Semanal, de un país pobre, que disponía de muy pocos instrumentos para luchar contra ellas, entre otros, de una muy baja cobertura frente al desempleo.

Lo que diferencia a la actual situación de otras anteriores es la coincidencia de las crisis económica y política

De esas crisis se salió, de la misma manera que se volvería a salir de la crisis de la primera mitad de los noventa, en la que la tasa de paro llegó a alcanzar casi el 24% de una población activa mucho menor que la actual. Y se salió bien, con una economía más abierta y un aumento de renta que nos aproximó a los países de la Unión Europea, no a la de los Veintisiete, sino a los de antes de la ampliación.

A lo largo de estos algo más de 30 años, el sistema político español ha pasado la prueba de hacer frente a situaciones de crisis, siendo capaz de adoptar las medidas que fueran necesarias para salir de ellas. Y para salir de ellas no de cualquier manera, sino para salir mejor de lo que se entró. Ha habido momentos de tensión política muy alta, pero, a pesar de ello, se hizo lo que se tenía que hacer. No ha habido una crisis política que se superpusiera a la crisis económica cuando ésta hacía acto de presencia. Los ciudadanos han confiado razonablemente en que sus instituciones representativas iban a actuar de manera adecuada y no se han visto defraudados en esa confianza.

Lo que diferencia a la crisis actual es que sí se está produciendo la coincidencia de una crisis económica con otra de naturaleza política. Hace unas semanas, un estudio de opinión en Cataluña ponía de manifiesto una desconfianza bastante generalizada de los ciudadanos hacia sus dirigentes políticos. Pocos días después llegaba a la misma conclusión el barómetro de IESA para Andalucía. Y el pasado jueves se dio a conocer el estudio del CIS, en el que se pone de manifiesto que esa desconfianza es general en toda España. Un porcentaje altísimo de ciudadanos cree que quien está en el Gobierno no ha hecho bien los deberes en el inmediato pasado y tampoco confía en que los vaya a hacer bien en el presente e inmediato futuro. Pero el mismo porcentaje muestra la misma desconfianza en quien ocupa la oposición con posibilidades de convertirse en Gobierno.

La imagen que dibujan estos estudios es desconsoladora, sobre todo porque un día sí y otro también van apareciendo noticias sobre prácticas corruptas, de naturaleza económica, como las asociadas al caso Gürtel o al caso Palma Arena, o de naturaleza política, como las del espionaje a Cobo o las intrigas de Esperanza Aguirre para controlar Caja Madrid, o la maniobra de Núñez Feijóo para controlar el proceso de fusión de cajas de ahorro gallegas mediante la aprobación de una ley a toda velocidad, que parece que tiene problemas muy serios de constitucionalidad en opinión del Consejo de Estado, que no pueden hacer otra cosa que dinamitar la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

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Y eso dejando de lado lo que está ocurriendo con el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que lleva ya más de tres años en vigor, sin que todavía el Tribunal Constitucional haya sido capaz de resolverlo y que, dependiendo de cómo lo resuelva, puede introducir un elemento adicional de desconfianza no ya en los políticos, sino en la propia estructura del Estado.

Tengo la impresión de que nos estamos aproximando a un punto crítico, en el que la acumulación de problemas desborde la capacidad del sistema político para hacerles frente, sobre todo porque no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que los distintos partidos, por un lado, y los distintos niveles de gobierno previstos en nuestra Constitución, por otro, estén dispuestos a ponerse de acuerdo en un programa mínimo para hacer frente a una situación de emergencia como la que estamos atravesando, que, insisto, no es más grave que otras por las que hemos pasado, pero que nunca nos ha encontrado tan desunidos como estamos ahora.

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