El recurso del Gobierno aboca al fracaso la fusión de las cajas gallegas

La fusión de Caixa Galicia y Caixanova está más lejos que nunca. El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la nueva Lei de Caixas con la que la Xunta, apoyada por los nacionalistas, pretendía impulsar la integración de las dos entidades pese a la oposición de los actuales dirigentes de la caja con sede en Vigo. El recurso de inconstitucionalidad paraliza de inmediato el proceso ya iniciado para renovar en dos meses el 75% de los órganos de gobierno de las entidades e impulsar con los nuevos directivos la creación de una caja única en Galicia, una operación a la que se opone frontalmente el PSOE y que cuenta con el respaldo de populares, nacionalistas, patronal y sindicatos.

La vicepresidenta primera del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, esgrimió ayer en Madrid que la norma gallega le otorga a la Xunta competencias que no tiene a la hora de "determinar la solvencia y naturaleza" de estas entidades, en línea con lo dictaminado por el Consejo de Estado en su informe hecho público el jueves. "Lo que es inconstitucional es el abuso de poder del Gobierno", le replicó desde Vigo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya advierten que el margen de negociación entre ambas administraciones es muy pequeño y sostienen que sólo retirarán el recurso contra la Lei de Caixas si el Gobierno gallego acepta modificar, punto por punto, todos los aspectos de la norma que censura Moncloa.

Feijóo se encuentra así en un callejón sin aparente salida. Las condiciones a las que alude el Gobierno central darían al traste con la fusión de las cajas tanto como el recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Zapatero pretende, entre otras cosas, que se elimine de la Lei de Caixas la renovación antes de abril de la mayoría de los órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova, lo que permitiría mantener en la dirección de esta última a los opositores a la fusión. Además, la Xunta debería borrar de la norma el precepto que permite que las asambleas generales de las entidades aprueben la integración por mayoría simple y no reforzada, como fija la legislación estatal.

El bloqueo de la fusión por parte del Gobierno central ha provocado una alianza sorprendente. PP, BNG, sindicatos y patronal han firmado un manifiesto que reclama al Estado que no dé a Galicia "un tratamiento de autonomía de segunda". El ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, intentó rebajar la tensión ayer en un acto en A Coruña con el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y afirmó que aún hay tiempo para que el conflicto no haga naufragar la fusión.