El Supremo deja a Piñeiro en situación insostenible al frente del Superior

Los contundentes argumentos y afirmaciones que el Tribunal Supremo emplea en su reciente sentencia respecto a la actuación del Tribunal Superior vasco por no haber archivado en su día la causa contra el anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los entonces máximos dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, por sus contactos con Batasuna colocan a su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro en una situación muy delicada para mantenerse en el cargo. Piñeiro, que al conocerse el fallo hace dos semanas dijo esperar interesado los argumentos de la sentencia, no se pronunció ayer. El magistrado encabeza el máximo tribunal vasco de forma interina al haber sido incapaz el CGPJ de pactar el nombre de su sustituto, puesto al que también él aspiraba.

La APM considera que la sentencia no supone un varapalo al tribunal vasco

Las voces en su contra tuvieron distintos tonos. EB pidió abiertamente su dimisión, mientras que el PNV no mencionó ese término, pero pidió que "responda por sus actos". El Gobierno y el PSE se mostraron más contenidos e institucionales en sus valoraciones, mientras el magistrado Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que también pertenece Piñeiro, consideró que la sentencia "no debe considerarse un varapalo" para el máximo tribunal vasco.

"No entraré ahí; no hay necesidad de pedir la dimisión de nadie. El señor Piñeiro está cubriendo la plaza de manera interina", recalcó la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, en su comparecencia al término del consejo semanal del Ejecutivo.

El CGPJ busca ya a un magistrado que pueda suscitar una "mayoría suficiente" para cubrir la presidencia del tribunal, por lo que pidió respeto y cautela, tanto para con Piñeiro como para quienes decidirán su futuro. Mendia no dejó de subrayar la referencia del Supremo a "las graves y perturbadores repercusiones" del procedimiento para la vida institucional vasca".

La portavoz, quien colocó dentro de la normalidad el que un tribunal sea corregido por una instancia superior, valoró especialmente que el Supremo haya consolidado doctrina en dos cuestiones: despejar cualquier duda y deslindar "con toda nitidez" las esferas de actuación política y judicial y el rechazo a la judicializacion de la primera como modo de imponer a través de los tribunales "tesis que pertenecen a lo discrecional y a la decisión política".

El Gobierno ve muy positivo el contenido de la sentencia y la portavoz mostró su "satisfacción" con ella y con su demostración de que el Poder Judicial funciona con independencia y se corrige y equilibra a sí mismo.

En un tono menos institucional, el PNV, que en su día organizó una movilización del partido en toda regla a las puertas del Superior, fue también ayer el más agresivo en su valoración. Piñeiro no puede repetir, como pretende, al frente del tribunal, opinó. La sentencia "debe servir para que Ruiz Piñeiro no pueda volver a ser elegido. Todos debemos responder por nuestros actos y los jueces, para lo bueno y para lo malo, no pueden ser un oasis dentro del sistema democrático", argumentó. El partido de Iñigo Urkullu destacó que el "grave deterioro" causado a la función jurisdiccional por la negativa a archivar en su día la causa "desautorizan de tal manera" a los magistrados responsables que "no sería lógico que ningún estamento de la Justicia tomara medidas" para impedir que un caso semejante se repita.

El PNV consideró también que el encausamiento de López y Ares fue un mero "paraguas" para la auténtica intención de los magistrados. La instrucción en realidad "sólo tenía por objetivo sentar en el banquillo" a Ibarretxe, sostuvo. Su dirigente Andoni Ortuzar habló expresamente de "un montaje para debilitar" la imagen del anterior lehendakari. Esta visión fue rebatida por el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces. "El PNV siempre piensa que es el eje del mundo y víctima de complots", dijo.

El PSE, también en coherencia con la actitud más contenida que mantuvo en la instrucción y las comparecencias ante el tribunal de sus dirigentes, destacó que la sentencia del Supremo "haya demostrado que el Estado de Derecho funciona". Su portavoz, José Antonio Pastor, la resaltó como "el cierre definitivo de unas actuaciones que los socialistas siempre dijimos que no suponían delito alguno" y como una "lección" para quienes ponen en duda el Estado de Derecho.