El PSOE plantea un cupo en las oposiciones para las víctimas del terrorismo

Las víctimas de atentados terroristas que vivan en Andalucía serán objeto de discriminación positiva a la hora de opositar a plazas de funcionario autonómico o de ser contratados por la Junta de Andalucía. Así se establece en la proposición de ley de atención a las víctimas del terrorismo registrada el pasado lunes por el Grupo Socialista en el Parlamento regional. La iniciativa legislativa reconoce también para las víctimas facilidades de acceso a viviendas de protección oficial, a becas, a planes de empleo o a plazas en residencias de mayores a las personas que hayan sufrido secuelas físicas o psicológicas por atentados terroristas.

El texto, con 28 artículos, dos disposiciones adicionales y una transitoria, se asemeja a otras leyes autonómicas en la misma materia y es una antigua demanda de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, que ha participado en su elaboración. Entre las medidas que incluye está complementar en un 30% las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos concedidas por la Administración estatal y un incremento de la misma proporción en las ayudas para grandes dependientes como consecuencia de actos terroristas.

La normativa beneficiará a los andaluces que hayan sufrido atentados terroristas en cualquier parte del mundo desde el 1 de enero de 1968, así como al resto de personas, tanto españolas como extranjeras, que hayan sido víctimas de ataques en Andalucía. Según el portavoz socialista en el Parlamento, Manuel Gracia, a la nueva ley se podrán acoger entre 320 y 350 personas hasta el día de hoy.

"En realidad, el hecho más novedoso de la ley es la propia presentación de la proposición", reconoce Gracia. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, él mismo sobrino de una víctima -el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, asesinado por ETA en 1997- encargó al grupo parlamentario socialista que registrara la iniciativa como proposición de ley. Esto implica un trámite menos lento que los proyectos de ley, potestad del Consejo de Gobierno.

En la normativa han sido consultadas todas las consejerías de la Junta con competencias que pueden ayudar a las víctimas. Según fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública, que ha coordinado los trabajos, la discriminación positiva a la hora de acceder a la función pública se basa en los mismos criterios que se aplican para personas con discapacidad, que son personas con "especial situación de vulnerabilidad y desigualdad".

Otra de las novedades que comporta la proposición de ley, según Gracia, es la agilidad en la concesión de las ayudas. "Para otorgar las prestaciones ya no será requisito que la víctima presente una denuncia. Esto suponía una traba administrativa, ya que las causas entraban en la vía judicial y se acababan ralentizando", afirma el portavoz socialista.

El presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, ha pedido "consenso" de los partidos para esta propuesta durante el trámite parlamentario porque, según él, "es un gran paso" y cuenta con la participación de todas las asociaciones del país. El PP ha anunciado su apoyo a la norma. El futuro texto legal será tomado en consideración por la cámara autonómica a primeros de marzo y el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, confía en que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)antes de que termine 2010.