¿Qué explica la resistencia a la reforma laboral?

Existe un amplio consenso acerca de que los graves problemas en el ritmo de recuperación de la economía española están estrechamente relacionados con el pésimo comportamiento del mercado laboral durante la crisis, sin parangón en los países de nuestro entorno. Por ello, parece imprescindible acometer una reforma laboral integral que acelere la salida de la recesión y establezca las bases de un nuevo modelo productivo. Un requisito esencial de la misma debería pasar por la eliminación de la dualidad entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales. Sin embargo, no se vislumbran reformas de calado en esta dirección ni por parte del Gobierno ni de los agentes sociales. Por ello, cabe preguntarse: ¿A qué se debe tanta resistencia a la reforma laboral? ¿Resulta insalvable dicha resistencia?

Proponemos un contrato único con indemnizaciones por despido crecientes con la antigüedad

Para responder estas cuestiones, un primer paso es conocer la opinión de los propios trabajadores sobre si el actual sistema de protección al empleo funciona adecuadamente. Las encuestas disponibles antes de la crisis sobre la percepción subjetiva de los trabajadores acerca de la seguridad en el empleo (International Social Survey Programme) documentan un hecho interesante: mientras que los trabajadores jóvenes en España (menores de 35 años) son los que se sienten menos protegidos en el grupo de países de la UE-15, los de edad avanzada se encuentran entre los que perciben mayor nivel de protección. Así pues, esta evidencia apunta directamente a la existencia de un conflicto de intereses frente a la posible reforma laboral. A favor estarían los trabajadores escasamente protegidos (temporales y parados), y en contra, los trabajadores excesivamente protegidos (indefinidos). La resistencia de este último colectivo a cambiar el statu quo se explica por la elevada brecha existente entre sus indemnizaciones por despido y las de los trabajadores temporales, que les proporciona mayor capacidad de presión salarial cuanto mayor es su poder de negociación en los convenios colectivos.

Estamos, pues, ante un caso paradigmático de conflicto entre insiders y outsiders, fenómeno agudizado por las características del sistema de representación sindical en España. En efecto, los restrictivos requisitos legales sobre el censo de votantes en las elecciones sindicales y la eficacia general de los convenios desincentivan la afiliación de los parados, trabajadores en pymes y la mayoría de los trabajadores temporales. De esta forma, el perfil típico del trabajador afiliado a los sindicatos es de un asalariado con contrato indefinido, de un nivel educativo medio-bajo, de avanzada edad, con mayor antigüedad y que trabaja en empresas de gran tamaño. Es decir, el votante mayoritario, al que protegen los sindicatos para asegurarse su reelección, es aquel que obtiene mayores ventajas de la dualidad en nuestro mercado de trabajo.

Por otra parte, la patronal tampoco está exenta de responsabilidad en el bloqueo de la reforma laboral, ya que con su cerrazón en la reducción de los costes laborales ha marginado aquellos aspectos de la reforma laboral necesarios para el cambio productivo.

Ante esta situación, el Gobierno debería reflexionar sobre si supeditar la reforma al acuerdo de los agentes sociales es la decisión correcta, incluso desde el punto de vista de su propia supervivencia política. En efecto, según el Eurobarómetro de junio de 2009, el 61% de la población española opinaba que una mayor flexibilidad contractual sería beneficiosa para la creación de empleo, siendo esta opinión mayoritaria entre los colectivos más afectados por la crisis. En el mismo sentido, los resultados más recientes del Barómetro del CIS indican que el partido en el Gobierno podría perder las próximas elecciones generales por la pérdida de votos de aquellos colectivos que demandan mayor flexibilidad contractual (estudiantes, autónomos, parados y trabajadores temporales) y que no parecen estar suficientemente representados por los agentes sociales.

El Gobierno tiene, pues, un doble reto: ¿cómo diseñar una reforma laboral eficaz y que pueda ser políticamente viable? La eficacia exige la definitiva supresión de la dualidad entre indefinidos y temporales. La viabilidad política requiere maximizar el número de ganadores y compensar a los posibles perdedores de la reforma garantizándoles niveles de protección adecuados.

En nuestra opinión (véase el libro electrónico www.crisis09.es/propuesta/), una receta apropiada para suprimir la dualidad es la creación de un contrato único con indemnizaciones por despido crecientes con la antigüedad, sin efectos retroactivos. Este tipo de contrato se puede diseñar para mejorar el nivel de protección de la mayoría de la población activa, sin que varíen sustancialmente las indemnizaciones reales medias. Dicha medida debería integrarse en un paquete de reformas más amplio -un nuevo diseño del sistema de protección por desempleo, la modernización de la negociación colectiva y la mejora en la eficacia de las políticas activas- que puede garantizar el mantenimiento del nivel de protección social de aquellos trabajadores que puedan verse perjudicados por el cambio en la regulación contractual.

En definitiva, una reforma laboral eficaz no es inviable, pero para alcanzarla el Gobierno debería abrir la puerta a la posibilidad de que no fuera consensuada y fijar unos mínimos ambiciosos que traten de beneficiar a los más perjudicados por la crisis y ayudar a cambiar de modelo productivo. Las medidas avanzadas hasta el momento, tales como el Kurzarbeit, van más encaminadas a lograr un acuerdo social rápido que a cumplir estos objetivos. -

Juan J. Dolado, Florentino Felgueroso y Marcel Jansen son profesores de la Universidad Carlos III, la Universidad de Oviedo-FEDEA y la Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente.