Camps da prioridad al pulso por El Cabanyal frente a la crisis

Con una tasa de paro del 22,5% en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Fracisco Camps, decidió ayer concentrar sus esfuerzos en el conflicto que mantiene con el Gobierno central a cuenta del plan urbanístico de El Cabanyal.

Camps reunió con carácter extraordinario a su Gobierno -que el día antes había mantenido la reunión semanal ordinaria- para aprobar una comunicación oficial contra la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Generalitat que anula la protección a la trama histórica del barrio de El Cabanyal y permite derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. Camps quiere, además, que las Cortes Valencianas se reúnan de manera urgente -fuera del periodo ordinario de sesiones- para debatir la comunicación del Consell. El Ejecutivo valenciano también anunció que solicitará una reunión de la comisión mixta Estado-Generalitat para hablar del recurso.

La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, y el portavoz parlamentario del PP y consejero de Ciudadanía, Rafael Blasco, no tuvieron empacho en recurrir a toda clase de comparaciones para justificar la "excepcionalidad" de las decisiones del Consell.

Bajo la premisa, repetida hasta la saciedad, de que Zapatero quiere paralizar la Comunidad Valenciana, Blasco calificó la decisión del Gobierno de "un ataque frontal a las competencias de una autonomía". "El Gobierno de Zapatero está convirtiendo este país en un Estado de excepción", dijo Blasco. Una afirmación que hasta ahora los populares tan sólo habían pronunciado a raíz de la publicación de las conversaciones del sumario del caso Gürtel.

Sánchez de León argumentó que se trata de un "ataque político" y no de un pleito entre Administraciones. La propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dejó clara su influencia sobre el Consell al asegurar en un acto en Valencia que el barrio de El Cabanyal "se va a convertir en un símbolo de la autonomía valenciana frente a las injerencias y abusos de poder" del Ejecutivo central.

El Gobierno suspendió el plan de El Cabanyal por expolio al patrimonio y el Consell respondió con el decreto ley para continuar el proyecto. El Ejecutivo lo recurre con el argumento de que la competencia sobre un expolio es del Estado."Es normal que la Generalitat haga una comunicación a las Cortes porque ese decreto está validado ya por la Cámara autonómica y, lógicamente, lo que tiene que hacer el Consell es dar una comunicación de que el Gobierno se ha saltado el respeto al fuero y la consideración a las competencias", apuntó Barberá.

El decreto ley con el que el Consell y el Ayuntamiento pretenden burlar la orden de suspensión del plan decretada por el Gobierno destaca que es a la Generalitat "a la que le compete definir los valores" a proteger en El Cabanyal. Sin embargo, el propio decreto ley admite que las competencias sobre el expolio las tiene el Estado y el Ministerio de Cultura ha dictaminado que derribar más de 450 edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar supone destruir el patrimonio histórico que protegió la propia Generalitat al declarar la singular trama del barrio Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993.

Aún así, tanto los consejeros como la alcaldesa no dudaron en comparar lo que consideran un trato discriminatorio del Gobierno hacia la Comunidad Valenciana con los privilegios que, en su opinión, otorga el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Cataluña.

La decisión de elevar el tono de la discusión sobre El Cabanyal por parte del PP tuvo lugar ayer en vísperas de la manifestación que hoy ha convocado la plataforma Salvem El Cabanyal para solicitar al Ayuntamiento de Valencia que no permita que el barrio se siga degradando y exigir que se respete la protección urbanística de la zona.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, manifestó que "después de que el Consejo de Estado, por unanimidad, haya dado la razón al Gobierno central en este conflicto, a nadie le cabe duda de que el Consell está buscando envolverse en la bandera del victimismo como hace cada vez que tiene un problema que resolver".

"La degradación actual del barrio de El Cabanyal tiene dos responsables: el Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, y el Consell, que dirige Francisco Camps, que la ha consentido para forzar la voluntad de los vecinos y para inclinarles a favor de una demolición que atentaría gravemente contra la identidad de los valencianos y contra su mayoría colectiva", concluyó el portavoz socialista.

Luna tachó al Consell de "incompetente" tanto en el sentido político como jurídico porque "no tienen posibilidad alguna de que ningún tribunal les de la razón". "Sólo les preocupa provocar un conflicto político para tapar su incapacidad ante la crisis, su nefasta gestión económica y para evitar que se hable del caso Gürtel que afecta de lleno al presidente Camps", sentenció.

Si Luna replicó al Consell, la portavoz municipal Carmen Alborch hizo lo propio con la alcaldesa de Valencia. Alborch dijo que no existe ningún ataque a la autonomía valenciana, "sino expolio del patrimonio histórico de los valencianos por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat, que son quienes precisamente deberían protegerlo porque esas son sus competencias".

Carmen Alborch lamentó que el Consell no se hubiese reunido para hacer "sus deberes, que son los de proteger, rehabilitar y regenerar El Cabanyal con el Ayuntamiento de la ciudad". "Lo que tiene que hacer el Consell es suspender todas las actuaciones administrativas relacionadas con el plan de El Cabanyal en tanto que la alcaldesa de Valencia no garantice la protección de los valores histórico-artísticos del barrio como pedía la resolución del Ministerio de Cultura", añadió.

El grupo parlamentario de Compromís destacó ayer la importancia de la manifestación vecinal convocada para hoy a mediodía. "Tenemos la oportunidad de salir a la calle para expresar el rechazo al chantaje que el PP está haciendo a los vecinos de El Cabanyal, ligando el fin de la degradación que ellos han propiciado a la consecución de sus planes especulativos.

El Ayuntamiento de Valencia, tras años de silencio, ha citado para mañana lunes a los propietarios de varias casas de la calle de Sant Pere de El Cabanyal, amenazadas de derribo por el plan urbanístico, para que entreguen las llaves y las escrituras de sus propiedades como paso previo a la expropiación.

El colectivo Salvem El Cabanyal-Canyamelar considera que la decisión del Gobierno de recurrir deja en suspenso el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia. Un portavoz de la plataforma insistió ayer en que si Barberá intenta destruir alguna otra casa del barrio opondrán una resistencia pacífica para impedirlo.